Kennedy: un caso para los candidatos

Al barrio Lago Timiza, en Kennedy se llega por la Avenida de las Américas. Obreros con sus portacomidas y empleadas de sastre esperan el bus ejecutivo para ir al trabajo. Ya allí, las calles se vuelven cada vez más angostas y algunas están por pavimentar. De las filas y filas de edificios de cinco pisos, todos pintados de gris, salen niños con sus morrales. Van a los cuatro colegios de este barrio estrato 3, uno de los que cuenta con mejor nivel de vida de la localidad. Rodeado de estas escuelas, en un gran centro comunitario, se encuentra la Comisaría de Familia de Lago Timiza, la más concurrida de Kennedy. Son las 7:30 de la mañana de un martes.

La sala de espera ya está llena. Hay una pareja joven con un bebé. El hombre, con corte de rockero, parece aburrirse, mientras su novia solloza. Tres comadres hablan en voz alta de sus problemas como si se conocieran de toda la vida. Dos señores miran atentamente la televisión, como queriendo olvidar sus problemas. En el corredor de afuera, una adolescente y su abuela esperan su turno. La joven se llama Diana. Por su embarazo de cinco meses y las oscuras raíces de su pelo tinturado parece mayor. “Ella tiene apenas dieciséis, y el joven no quiere responder, además le ha dado varias tundas”, cuenta su abuela que la convenció de denunciarlo. Diana rompe su timidez: “Vivía con él, pero me tocó irme de arrimada a donde mis abuelos. A él no le gustó lo del embarazo y empezó a llevar otra niña a la casa, una dos años menor que yo. Las tres veces que le reclamé, me pegó”.

Diana ahora no tiene para el parto y mucho menos puede comprarle ropa a su bebé. Desde hace un año, no tiene trabajo y desde los 13 años dejó el colegio “pues no había para la matrícula”. “Mijita, si nos proponemos yo sé que la doctora lo obliga a que le dé una platica mensual”, le dice su abuela, una campesina de 65 años, bajita y robusta, con un vestido gris y un saquito de botones negro.

Un refugio para mujeres

Desde que la figura de las comisarías de familia fue introducida por la Constitución de 1991, las mujeres como Diana tienen un lugar donde su caso de inasistencia alimentaria y maltrato es atendido de forma integral. Primero a ella y a su ex pareja se les da un espacio para conciliar, y para eso ponen a su disposición un equipo compuesto por un psicólogo, un abogado y una trabajadora social. Si llegan a un acuerdo, se levanta un acta con compromisos que van desde la cuota mensual hasta la custodia de los niños. Se ahorran un proceso penal, que dura en promedio dos años. Si alguna de las partes incumple, el caso es remitido a la Fiscalía.

Algunos han criticado el sistema de conciliación para casos de maltrato, pues la mujer está debilitada frente al agresor y es muy difícil lograr un acuerdo justo. “Un hecho violento no admite conciliación, sólo reparación del daño”, sostuvo la Alcaldía de Bogotá en un comunicado el 8 de Marzo.

Diana seguramente conseguirá que el papá de su hijo responda por su manutención. Pero los golpes sufridos quedarán impunes. Para el derecho penal colombiano, sólo hay violencia intrafamiliar cuando el agresor y la víctima viven bajo el mismo techo. Como en este caso Diana abandonó a su pareja, él no puede ser acusado de violencia intrafamiliar. Tampoco puede ser procesado por lesiones personales, pues ya no hay rastros de los viejos golpes. En este caso, las comisarias están maniatadas y como mínimo hacen una valoración de la situación sicológica de la mujer.

A las 9 de la mañana, comienza una audiencia de conciliación. Edith entra jalando a su esposo y señalando a los funcionarios la herida con cuatro puntos que él le hizo en la ceja derecha. “Llegó borracho y me dio con la hebilla de la correa”, dice en voz baja ya sentada frente al escritorio de la comisaria. Es una mujer alta y de facciones agradables. Esta muy bien maquillada. Su esposo, Darío, de unos 40 años, tiene una camisa Polo amarilla y unos zapatos recién lustrados. Es la primera vez que algo así pasa en la familia. Para Darío este tipo de conflictos no existirían si Edith no los maltratara verbalmente, a él y a los niños. “Ella no hace sino echar cantaleta, es una intolerante, por eso yo llego tarde. Reconozco que me equivoqué”, dice y hace evidente que el episodio violento es culpa de ambas partes. “¿Los niños vieron la pelea?, les pregunta el psicólogo que asiste la audiencia. “Sí”, responde Edith.

La comisaria dicta una medida de protección que obliga a la mujer a no maltratar verbalmente y al marido a no recurrir al maltrato físico. Le exige a los dos asistir a sesiones de terapia para que aprendan pautas de crianza. Por el problema del alcohol de Darío, se le obliga a 10 sesiones en alcohólicos anónimos. Salen de la oficina tranquilos, cierran la puerta y la comisaria dice, “esa es una pareja chévere, seguro resuelven su problema. Lo importante es atacar el tema cultural”, dice mientras en la oficina del lado se oye a una señora gritándole al marido “Es que su mamá no le enseñó a tratar a las mujeres”.

Este es el caso más típico de violencia intrafamiliar. Llegan en promedio 50 diarios a esta comisaria. En dos meses, Edith y Darío deben volver, demostrar que han recibido tratamiento y que no han vuelto a incurrir en las faltas. Si alguno incumple, se le impone una multa entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales. Si el ciclo de violencia para, se logró algo. Si no, puede terminar en la muerte. Pasó en tres casos denunciados en esta comisaría: la mujer terminó matando a su pareja. También conocen de hombres que han matando a golpes a su esposa.

Según la última encuesta de Profamilia, dos de cada cinco mujeres consultadas fueron víctimas de maltrato físico por parte de sus parejas y únicamente el 20% denunció. Medicina legal, presenta datos diferentes pero igualmente escandalosos. Tres de cada cuatro las mujeres entrevistadas que fueron maltratadas manifestó haber perdido interés por el sexo, la mitad sufrió de moretones o dolores fuertes y el 40% se enfermó físicamente. Desafortunadamente, la gran mayoría de estas mujeres nunca reciben un tratamiento psicológico proporcional a su trauma.

Para Isabel Cuadros, directora de la Asociación Afecto, que lleva 23 años combatiendo el maltrato, un mujer golpeada debe recibir por lo menos cuatro meses de terapia psicológica. Sin embargo, aunque denuncien, como lo hicieron Edith y Diana, la comisaría sólo les garantiza las citas de valoración y las remite a la EPS o a una ONG. “Las ONG sólo tienen presupuesto para darle a las mujeres de 2 a 3 consultas y con las EPS no obtienen más, porque la ley 100 no las obliga a nada”, contó Luz Margoth Pulido, quien dirige varios de los proyectos de familia del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá.

Maltrato en la intimidad

A las once de la mañana la sala sigue llena. La pareja con el bebé ya se fue y las vecinas siguen conversando. Afuera hay cuatro mujeres entreteniendo a sus niños. Uno de ellos tiene dos años y un sombrero de lana rojo y azul. Se ve especialmente triste. Posiblemente fue abusado.

Kennedy es una población pionera en el manejo de casos de abuso sexual infantil. Desde hace aproximadamente cinco años viene trabajando en un modelo de intervención interinstitucional. Este modelo esta siendo replicado por otros municipios. “Cubrimos todas las etapas del proceso, incluso les aseguramos a los niños cupo en el colegio y a su familia la cobertura del SISBEN”, contó Pulido.

A pesar de los avances en el tema de procesamiento de denuncias, hay fallas en la prevención, en detectar los riesgos antes de que sea demasiado tarde. En toda la localidad es conocido un caso que después de varios años todavía produce escalofrío. Un hombre de 19 años que violó a un bebe de dos años, hijo de su novia. El bebé no resistió y murió. A este hombre posteriormente lo violaron en el lugar de reclusión con un palo de escoba.

Fuera de este caso extremo, en el 2005 las dos comisarías de Kennedy recibieron 87 denuncias de abuso sexual infantil y un año antes, 123. “Los casos más comunes son de “tocamiento” y el 90% de los agresores son miembros de la familia”, afirma la comisaria Forero, mientras ojea los folios de denuncias. Forero menciona el caso de Jenny, una niña que era manoseada por su abuelo y que no dijo nada hasta que su mamá le sintió olores raros cuando la bañaba. “Ella no sabía lo que le estaba pasando y su madre tampoco estaba entrenada para detectarlo”, cuenta Forero.

A las doce, falta la mitad de la sala por atender y siguen llegando personas. Ya es hora de almorzar. Pero la comisaria sigue derecho hasta las cuatro de la tarde: la violencia intrafamiliar no da espera. 
 
 
Los candidatos responden qué harían frente al caso anterior
(el presidente-candidato Álvaro Uribe no pudo enviar sus respuestas por los acontecimientos de la última semana y Enrique Parejo no alcanzó a contestar)