La aplicación de la Ley de Justicia y Paz sigue en pañales

Casi un año después de sancionada la Ley de Justicia y Paz, el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, finalmente envió a la Fiscalía General el listado de los paramilitares que se presentarán ante los tribunales que juzgarán los delitos atroces cometidos por miembros de los grupos armados. “Hemos acabado la desmovilización de las AUC. Arranca la fase judicial”, aseguró el Comisionado. Sin embargo, su optimismo podría ser prematuro.

En la mañana de este miércoles, el Fiscal Mario Iguarán insistió en que no había recibido ningún listado. Pero no sólo eso. En rueda de prensa explicó que no existen las condiciones suficientes para aplicar la norma, ya que los jueces que actuarán en los tribunales, no están listos.

El Comisionado Restrepo aseguró que desde 2003 hasta la fecha se desmovilizaron 30.150 paramilitares, que 1.175 se encuentran presos y que 604 desmovilizados se presentarán ante la Ley de Justicia y Paz, incluidos los jefes Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, Macaco, Hernan Giraldo, Jorge 40 y Don Berna. “Las Autodefensas Unidas de Colombia se acabaron”, anunció el Comisionado.

Las dificultades

Ante la buena noticia, sin embargo, surgieron pronto los problemas. Primero, con la entrega de la lista. De acuerdo con la ley 975 de Justicia y Paz, los nombres de los paras y el detalle de los bienes entregados por los mismos debe ser directamente enviada por el Gobierno (en este caso debería ser el Ministerio del Interior) y no por el Alto Comisionado, según dice la Fiscalía. Por tal razón, una vez la reciba Iguarán considerará si rechaza o no el listado enviado por Restrepo.

Es una formalidad, y es un inconveniente fácil de superar. El segundo sí es más delicado: la Corte Suprema de Justicia aún no ha definido quiénes serán los jueces de garantías que integrarán los tribunales que procesarán a los poderosos jefes paramilitares.

“En el momento mismo en que la Fiscalía reciba la primera lista, empiezan a correr los seis meses para adelantar la versión libre, hacer el cruce de información y las imputaciones. En esa etapa se toman medidas de carácter judicial como las cautelares sobre los bienes que ellos tienen que denunciar como adquiridos ilícitamente. Una medida cautelar tiene que ser avalada por los jueces de control de garantías, y si no los hay, ¿a quién se los entregamos? Por eso Justicia y Paz no puede operar sin que se reporten los magistrados”, aseguró el fiscal Iguarán.

Adicional a esto, el Comisionado de Paz relacionó al ente acusador la devolución de 17 mil armas; 117 vehículos; información sobre 59 predios urbanos y un número no precisado de predios rurales que sumarían casi 24 mil hectáreas. “Esta información ha sido entregada con motivo de la desmovilización y queda en manos de la Fiscalía, también, para que ellos adelanten las investigaciones correspondientes”, dijo Restrepo. Sin embargo, la Fiscalía confirmó que si esa lista llega a sus manos no sabrá qué hacer, pues aún el Fondo de Reparación no está listo para administrar dichos bienes.

Otro lío más: el gobierno dice que todos los desmovilizados de las AUC están hoy ubicados en once sitios específicos. Si los tribunales estuvieran listos en un mes y se condenara a un paramilitar a ocho años en la cárcel, que es el tiempo máximo que estarán privados de la libertad, ¿dónde pagaría su pena? “Cualquier decisión en torno a sitios de reclusión será tomada en su momento, y dependiendo de las decisiones de las autoridades judiciales, por el Ministerio del Interior y Justicia y el Inpec”, dice Restrepo. Pero en realidad no hay claridad sobre estos centros penitenciarios para los desmovilizados y es uno de los temas que aún están negociando el Ministro Sabas Pretelt y los jefes de las AUC, que se niegan a ser recluidos en una prisión.

Esos serían los problemas operativos. Permanece el punto más de fondo, destacado el martes en la noche durante el programa Hora 20 de Caracol Radio, por el congresista Rafael Pardo. Sostuvo que el gobierno presenta esta lista justo en este momento para adelantarse al pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad o no de la Ley de Justicia y Paz, que seguramente ocurrirá la próxima semana. “El Gobierno sometió la lista de 600 paras para que se sometan a la ley, pero ¿qué pasa con el resto?, ¿Por qué es el Gobierno el que determina que esos son y no otros los que cometieron delitos de lesa humanidad?, ¿Con qué criterio es el que reduce la lista? Lo que han debido hacer es entregar la lista desmovilización, tras desmovilización”, aseguró Pardo, uno de los más críticos de la Ley de Justicia y Paz.

Falta esperar entonces lo que diga el fiscal Iguarán de las listas enviadas por el Comisionado de Paz, quien, según anunció, en los próximos días presentará un informe “muy completo y detallado” sobre lo que fue el proceso de desmovilización.