La batalla contra la violación

Ana* tenía la vida de una típica madre cabeza de familia. Aunque tenía formación universitaria como administradora hotelera se dedicaba a la venta ocasional de finca raíz. Los tiempos de bonanza trabajando para empresas hoteleras en Santa Marta habían quedado atrás y mantenía su casa con la ayuda del trabajo temporal de sus dos hijos. Aunque la situación no era fácil, Ana tenía mucho ánimo y comenzaba a buscar empleo.  El viernes 13 de febrero de 2004, sin embargo, cambió radicalmente su vida.

Esa noche, Ana regresaba a su casa después de asistir a la despedida de un amigo que viajaba a Ecuador. El colectivo la dejó en la intersección de las avenidas Suba y Ciudad de Cali al noroccidente de la ciudad. El sector era muy oscuro y estaba rodeado de grandes lotes sin cercar, pero había mucha gente esperando transporte.  De repente, un hombre alto y moreno que caminaba a su lado, la abrazó y la amenazó con un cuchillo por debajo de la chaqueta. Le dijo que disimulara que eran una pareja.

Caminaron  10 minutos hasta la parte más oscura del lugar, detrás de una bodega, donde el pasto era muy alto y unos pinos obstaculizaban la visibilidad desde la calle. Al principio, Ana creyó que se trataba de un atraco, pues el hombre le quitó el reloj, una pulsera y el poco dinero que llevaba. Pero el delincuente comenzó a golpearla. La amenazaba constantemente con matarla y mientras le hacía múltiples cortadas en sus senos, le decía que no la podía dejar ir porque esperaba que algunos amigos vinieran a divertirse con ella. La violó.

Después de seis horas, el hombre le dijo que se había cansado de esperar al resto de la banda, que le diera gracias a Dios por no haberla matado. Ana yacía desnuda, helada, inerte sobre el pasto.  Entonces, él mismo ayudó a vestirla y le advirtió que debía irse para su casa sin contarle a nadie lo sucedido, que la seguiría y no dudaría en matarla si hacía algo estúpido.

Ana casi no podía caminar. Tenía varios golpes en su rostro y heridas internas en el intestino. Llegó a su casa y le contó todo a sus hijos.  "Sentí mucho miedo. Sabía que el tipo estaba afuera, no puedo decir que sintiera otra cosa más que terror. Inmediatamente me bañé, ni siquiera pensé que para efectos de la investigación no debía haberlo hecho", cuenta Ana.

A las 9 de la mañana, cuando se sintió segura de que el violador se había ido, fue con su hija a la estación de Policía de Suba a poner la denuncia. Cerca del medio día salió en una patrulla a buscar un centro de atención de Medicina Legal para realizar los dictámenes correspondientes. Durante el recorrido, se encontraron con varios policías que discutieron entre sí, como si nada, sobre lo sucedido. "Es una falta de respeto. En ese momento uno se siente terrible, ellos comentan sin recato, cuántos fueron, y cómo fue", dice Ana.

Tan solo a las 5 de la tarde, la atendieron en la sede de medicina legal de la  avenida Caracas con sexta, porque los otros centros de atención se encontraban demasiado ocupados. Allí le dijeron que estaba muy mal para hacer el examen y que lo mejor era que regresara el lunes, lo cual es absurdo porque entre más tiempo transcurra sin hacer el dictamen las huellas del agresor pueden desaparecer. 

Ana solo solicitó asistencia médica hasta el martes siguiente. La respuesta en el CAMI de Suba fue desconcertante: aunque presentaba sangrado rectal, y no podía caminar, le dijeron que los únicos casos urgentes que atendían eran los de mujeres embarazadas. Tenía que esperar. 

Las cosas empeoraron al ser remitida a otros centros de salud donde nunca se cumplieron las citas. Para tener acceso a medicamentos para evitar un posible contagio de VIH tuvo que escribir directamente al Presidente de la República. De asistencia sicológica ni hablar: tan solo obtuvo tres citas cada una de 15 minutos. "Las víctimas tenemos derecho a muchas cosas pero casi nadie lo sabe. Por ejemplo, tenemos derecho a un tratamiento inmediato que evite un embarazo, cosa que no siempre se hace", cuenta Ana.

Angélica Bernal, miembro del equipo que dirige la campaña Alerta Roja Violeta Vive, programa que busca prevenir las violencias de género, de la oficina de Política Pública de Mujer y Géneros de la Alcaldía Mayor, dice que existen protocolos que permiten una atención más eficiente y digna a las víctimas, pero hace falta una mayor difusión de las mismas tanto en la comunidad en general como en las entidades del Estado involucradas en la atención de los casos.

Auque las últimas administraciones distritales han hecho esfuerzos por crear mecanismos y órganos que combatan el aumento de las violaciones sexuales y divulguen los derechos de las víctimas -como los Consejos Locales de Atención a Víctimas de Violencia Sexual que funcionan desde 1998- las cifras muestran que de cada ocho casos de abuso sexual en Colombia en el 2004, uno ocurrió en solo cuatro localidades de Bogotá: Engativa, Bosa, Kennedy y Suba.

Sin embargo, estas estadísticas no son conocidas por la mayoría de la gente, lo que impide que las víctimas conozcan otros casos similares y tengan un papel más activo en los procesos de denuncia y recuperación.  El caso de Ana fue diferente.  Ella se enteró de que otras mujeres habían sido violadas en el mismo lugar que ella y por la misma banda de cinco delincuentes a la que pertenecía su agresor. Entonces, trató de localizar a las otras víctimas para presionar la captura de los violadores. Llamó a varios medios de comunicación que hicieron público su drama. 

El 2 de marzo de 2004 la banda de violadores volvió a actuar.  La víctima, esta vez una niña de 14 años, logró escapar en un descuido de los agresores y corrió hacia la avenida Ciudad de Cali donde casualmente pasaba una patrulla de la Policía que persiguió y capturó a dos de los integrantes de la banda.  De agosto de 2003 a la fecha de captura, ocurrieron 46 violaciones en el mismo sector.

Ana convenció a varias de las víctimas para que reconocieran a los detenidos. Luego emprendió una lucha diaria para presionar a la Fiscalía para evitar que salieran libres por vencimiento de términos.

Aunque la mayoría de los casos de Suba aún se encuentran represados y en algunos casos refundidos en varias fiscalías, el caso de Ana no quedó en la impunidad.  Su agresor, José Eyver González, de 20 años de edad,  fue condenado a 12 años de cárcel y el otro capturado espera su sentencia. 

Desde las capturas en Suba y gracias a la acción efectiva de la Policía del sector, las violaciones disminuyeron radicalmente en la localidad: de un total de 334 violaciones el año pasado se pasó a 14 en el primer trimestre del presente año.  Se han capturado 22 presuntos violadores, el último el pasado martes 7 de junio, muy cerca del centro comercial Subazar cuando intentaba agredir sexualmente a una menor de 14 años.

Sin embargo, según el teniente coronel Nelson Acero Rangel, comandante de la estación de Suba, la acción de la policía en materia educativa no es suficiente en muchos casos y ocurren muchas agresiones sexuales dentro del hogar por parte de los mismos padres u otros familiares.  De las denuncias ocurridas este año en Suba, tan solo tres han ocurrido en el espacio público, el resto sucede en su mayoría en los hogares de las víctimas.

Según Sofía Díaz, de la red Nacional de Mujeres, miembro del equipo que dirige la campaña Encuentre el Rostro de la Violación y miembro del Concejo Territorial de Planeación, el problema, lejos de ser un fenómeno local de un sector de Bogotá, es un fenómeno nacional. En 2004 se registraron 14.239 denuncias, 25 % más que en 2003. Según Díaz existen múltiples causas que explican estas cifras alarmantes, siendo el principal el machismo.

Existen otros factores más particulares, que influyeron, por ejemplo, en el caso de Ana:  problemas en el alumbrado, la falta de cerramiento de potreros y la poca acción de la Policía en algunos sectores de la ciudad. Coincidió con el comandante de la estación de Suba en que la mayoría de los ataques sexuales ocurren dentro del hogar y son causados por familiares o conocidos. 

Según cifras entregadas por la Red de Mujeres, más de la quinta parte de las violaciones en Colombia son cometidas por los padrastros, los padres u otros familiares de las víctimas.

Ana todavía huye de las amenazas, ya que sus datos fueron filtrados en algún momento del proceso y recibió llamadas telefónicas que la han obligado a cambiar constantemente de residencia y a no volver a dar declaraciones públicas con su nombre. A pesar de esto, de los problemas sicológicos,  familiares (la mayoría de las víctimas que convivían con sus parejas fueron abandonadas por sus compañeros) y de la estigmatización social, muchas mujeres como ella siguen insistiendo con los gobiernos locales, las organizaciones de género y con el mismo Presidente de la República para que su historia no se repita.