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| 5/12/2003 12:00:00 AM

La decisión del Presidente

La discusión en torno a la propuesta de las Farc sobre un intercambio de un grupo de secuestrados (dentro de los cuales, de acuerdo con los comunicados de las Farc, no aparecen los ex congresistas, la fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt, ni un significativo número de militares y policías de los que hasta ahora el grupo no ha dado razón alguna, ni alguna mención de lo por lo menos 700 secuestrados extorsivos económicos) por miembros de su organización recluidos en las cárceles colombianas, ha ocupado titulares de los principales medios y la atención de personajes tan ilustres como el grupo de cuatro ex presidentes y una importante lista de personalidades ocupadas del tema de la paz en Colombia. Sin embargo el debate se ha centrado en la utilidad del intercambio, para lograr un acercamiento entre las Farc y el gobierno y en la viabilidad jurídica de dicha iniciativa. De manera secundaria y tímida se han insinuado las maneras y contenidos del eventual acuerdo, tal vez por el temor de que al profundizar en ello se dificulte el consenso entre las partes. Por esta razón los argumentos jurídicos que apuntan a la viabilidad del intercambio se sustentan en su incondicionalidad. Es decir que según algunas tesis, un acuerdo en los términos del DIH no se le podría oponer ningún tipo de condición. Sin embargo la carne de la discusión no está en el tema jurídico, ni en la pertinencia de buscar alternativas para lograr la liberación de las personas que este grupo mantiene en su poder. No se ha levantado una sola voz pública en contra del intercambio como herramienta de acercamiento entre las partes y el enredo jurídico se ha concentrado en si se utilizan los instrumentos del DIH o los de la legislación interna (siendo los dos parte de nuestra estructura jurídica -y si hiciera falta el Congreso puede facultar al Presidente-). Pero la verdadera materia de discusión, que es a claras luces política, está sobre las condiciones que exigirá cada una de las partes (gobierno y Farc) para que se dé el tan discutido intercambio. Lo que lo hace, como quiera que se le llame y con los argumentos que se le enmarque en su introducción, un acuerdo político entre ellos. Las cartas están sobre la mesa: las Farc han propuesto un intercambio en una relación directa con el gobierno, de un listado de personas por todos los guerrilleros presos en las cárceles de Colombia y que la participación de los presos liberados, en las filas de las Farc dependerá de su propia decisión. El presidente respondiendo más a las familias y a los ex presidentes que a las Farc, ha sostenido que sería viable un intercambio donde la ONU intervenga como facilitador y veedor del cumplimiento de los compromisos, por la liberación de todos los secuestrados en poder de las Farc, que los guerrilleros que sean dejados en libertad no deberán volver a delinquir, y por último que sólo saldrán de la cárcel un grupo de presos que puedan ser liberados sin violar la Constitución. Al parecer ya existe un acuerdo: se puede hacer algún tipo de intercambio. Pero todavía no se ha ahondado en los temas de fondo que separan a ambas posiciones y otras que preocupan a varios sectores entre ellos a las Fuerzas Militares y el sector judicial. Abordemos el más discutido. ¿Qué rehén debe ser liberado en virtud del acuerdo? Y ¿por la libertad de qué rehén el Presidente de la República debe abogar? Todos los secuestrados por las Farc deben ser puestos en libertad. Cualquier discriminación, por edad, condición o posición no sólo sería injusta sino que deslegitimaría el instrumento. De lo contrario quedaría en manos del Presidente o peor bajo el arbitrio de las Farc, determinar que libertad es más preciada y quién la merece más. El segundo se refiere a la utilidad del acuerdo para la solución del problema del secuestro. Es decir el intercambio debe contener un compromiso expreso por parte de las Farc de abandonar el secuestro, sin el cual, la efectividad del acuerdo quedaría coja pues el mismo intercambio tendría que repetirse después, con un número de familias similar o mayor, viviendo el drama de las que lo están viviendo hoy y con el agravante de que existiría el precedente, tanto para las Farc como para los otros grupos, de que el secuestro extorsivo de índole político sería una estrategia eficaz. Llevando inclusive a los guerrilleros que acaban de ser liberados por cuenta del intercambio a utilizar esta estrategia. Otro asunto que preocupa profundamente al Presidente y a las Fuerzas Militares es la suerte de los presos que sean dejados en libertad, y aunque desde el punto de vista humanitario, parece ser un tema secundario; dentro de la estrategia de lucha contra la guerrilla y aún en contra del secuestro, la posibilidad de fortalecer al enemigo es una inconsistencia dentro de la política de seguridad democrática del gobierno por la cual los colombianos lo eligieron y que el Presidente se ha dado a la tarea de exigir con relativo éxito a las Fuerzas Militares y de Policía. Para no mencionar el quebrantamiento moral de una fuerza pública más activa que nunca. Por otro lado los presos en las cárceles están allí gracias al sacrificio de las Fuerzas Armadas y en cumplimiento de la exigencia de la ciudadanía de resultados. Además muchos de ellos permanecen recluidos acusados o ya condenados por delitos como el secuestro, por haber participado en masacres y otros delitos que en concepto tanto de la legislación interna como internacional son imperdonables. Estos y otros puntos como la suerte de civiles, policías y soldados que han desaparecido luego de haber sido secuestrados por las Farc, deben ser discutidos a profundidad y de cara al país, tarde o temprano. Por que son estos los elementos que ambas partes tendrán en cuenta para tomar la decisión política de acordar un intercambio. No será fácil para el Presidente tomar una decisión. Esa es la tarea del jefe del Estado. Pero sea cual fuere, debe saber que no todos quedarán contentos con ella.
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