La exitosa estrategia política de Ralito

Es ingenuo pensar que políticos y congresistas uribistas, acompañados de mandatarios de Córdoba, Sucre, Cesar y otros departamentos de la zona firmaron sólo un compromiso de paz y buenos propósitos con los ‘paras’ en 2001. La reunión clandestina en Santa Fe Ralito, ventilada el pasado fin de semana por el senador Miguel de la Espriella, fue más que un convite pacifista: en ella se sellaron pactos para sacar adelante una conveniente Ley de Justicia y Paz; evaluar caminos para evitar la extradición; crear un movimiento político respaldado por los ‘paras’ y, el más importante, quedarse con la mayoría del Congreso para las elecciones de 2002.

Basta recordar algunas noticias para adivinar de qué se habló en Ralito, un corregimiento del municipio de Tierralta (Córdoba) donde hace cinco años no se sospechaba que éste sería la sede de negociaciones de paz entre el Gobierno y las AUC. Por ejemplo, la ley de Justicia y Paz les ha facilitado a los jefes ‘paras’ recluirse “voluntariamente” en La Ceja, Antioquia, donde incluso se sabe que varios de ellos están armados. Hasta el momento, sólo el prófugo Vicente Castaño está amenazado con la extradición y aunque el presidente Uribe periódicamente advierte que lo van a capturar, ni la Policía, ni el DAS, ni el Ejército han dado con su paradero.

Y el movimiento político quedó en evidencia con los resultados electorales. Esto se refleja en el hecho de que en las últimas elecciones legislativas varias de las cuotas ‘paras’ salieron victoriosas con sorprendes votaciones. En algunos se multiplicó por cinco el número de votos de varios de los candidatos que asistieron a la reunión en comparación con los resultados que el mismo candidato había obtenido antes de ese 2001.

Nada de esto hubiera sido posible si el Congreso que se estrenó en 2002 no hubiera tenido la suficiente representación de las AUC, tal como lo reconoció Mancuso cuando aseguró que el 35 por ciento de los parlamentarios habían sido elegidos en zonas de influencia paramilitar.

Por tal razón la analista Claudia López, quien conoce de cerca el mapa político de Colombia, sostiene que el acuerdo firmado en esa reunión buscaba consolidar el apoyo en torno a un solo proyecto nacional para salvarse de cualquier castigo trascendental si prosperaba el proceso de paz. “Los ‘paras’ necesitaban un status de negociación y evitar presiones para la extradición, por eso tomarse el Congreso era lo más importante. Se reunieron para armar una estrategia política nacional porque ya la regional no funcionaba mucho y lo hicieron en ese lugar porque allí tenían más influencia”, dice López, quien agrega que esos mismos acuerdos se hicieron en Antioquia, los Santanderes, Meta y Casanare.

Dicha tesis la soportan los mapas que este año publicaron SEMANA.COM y la Fundación Nuevo Arcoiris que confirmaron las tendencias electorales en los departamentos donde imperaba la ley paramilitar. Por ejemplo, la victoria del representante a la Cámara Jorge Luis Caballero, que en 2002 como candidato por el Partido Liberal (ahora está en Cambio Radical) concentró su votación en varios municipios del norte del Magdalena. Este congresista, quien este martes fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, ganó en lugares como El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia y Pedraza donde obtuvo extrañas mayorías que iban entre el 93% y el 97% del total de la votación del municipio. ¿Asistió Caballero a la reunión de Santa Fe Ralito? El debe responder.

Con la ex congresista Eleonora Pineda, una de las purgadas del movimiento uribista Colombia Democrática a comienzos de este año, sucedió algo parecido. Al lado de la Espriella, admitió haber asistido a la reunión, pero insistió en la versión de su ex colega en cuanto a que el encuentro fue para impulsar el inicio de los diálogos de paz. Pineda, quien sorprendentemente sacó como candidata a la Cámara 82.082 votos en Tierralta (Córdoba), asegura que tal éxito se debe a que en este municipio ella alcanzó una silla en el Concejo municipal un año antes, gracias a los 748 votantes que apoyaron su candidatura. ¿Cómo se explica que en dos años sus votantes hayan aumentado en 2.170%?

Al senador Miguel Alfonso de la Espriella, reelegido en los comicios del pasado mes de marzo, le pasó algo similar, pues su concentración electoral estuvo en Valencia, Tierralta, San Antero y Pueblo Nuevo, también en el departamento de Córdoba, una basta zona donde se movía ampliamente el Bloque Catatumbo comandado por Salvatore Mancuso.

Todo esto sucede dentro del proceso de descomposición de las AUC que comenzó más o menos en el año 2000, cuando el objetivo de combatir a la guerrilla perdió peso frente al negocio del narcotráfico y que, obligatoriamente, desembocó en una agresiva campaña por conquistar el electorado nacional. “A partir de ahí, en los años siguientes hubo un cambio en el mapa político de 12 departamentos que tuvo relación directa con acuerdos antes y después de las elecciones. El mismo Ernesto Báez, ex jefe político de las autodefensas, lo reconoció al confirmar que se armó una estrategia regional para lograrlo”, asegura León Valencia, director de la Fundación Arcoiris.

Comienza ahora a entenderse por qué durante las crisis del proceso de desmovilización los paramilitares reclamaban el cumplimiento de los compromisos de Santa Fe de Ralito. Mientras el país pensaba que la alusión era exclusivamente a la mesa de negociación instalada por el gobierno en ese corregimiento de Córdoba, más de un congresista debió entender con claridad el mensaje: había que sacar adelante propuestas como una ley con penas blandas para los miembros de las autodefensas que dejaran las armas para cumplir con la promesa de ayudarlos. Con razón desde el inicio mismo de las desmovilizaciones se habló sobre cartas marcadas por parte de las autodefensas.

Lo curioso es que para que el caso tomara la dimensión que tiene y la opinión se percatara de su gravedad fueron necesarios cinco años, varias masacres, decenas de asesinatos selectivos y la confesión pública de uno de los congresistas que participó en el encuentro.

Los candidatos damnificados con el acuerdo entre los paras y políticos de la Costa lo habían advertido antes de las elecciones de Congreso de 2002. Gustavo Petro hizo sus primeras denuncias sobre el tema en 2002 y la senadora Piedad Córdoba fue abucheada en la plenaria del Senado por decir que los paramilitares tenían un proyecto político del cual hacían parte varios congresistas. Tiempo después la televisión mundial registró las manifiestas señales de familiaridad con que varios de los legisladores que hoy están en el ojo del huracán recibieron a los jefes ‘paras’ Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza en el mismísimo Capitolio Nacional. Varios de los candidatos a las elecciones presidenciales de 2006 volvieron a advertirlo a comienzos de este año. Y algunos de los aspirantes a Congreso, como el ex senador Amílkar Acosta tuvieron que someterse a la humillación de renunciar a sus candidaturas por órdenes expresas de los jefes paramilitares de sus regiones. Al parecer los suscriptores del acuerdo de Ralito –el de debajo de la mesa, no el oficial- no calcularon estas y otras consecuencias de su alianza con los paramilitares.

Viendo cómo el efecto dominó hace de las suyas en los congresistas salpicados por los nexos con ‘paras’, la pregunta es por qué De la Espriella alzó primero la mano para hablar sobre el famoso encuentro en Ralito. Posiblemente, sabe que correrá la misma suerte que nueve colegas suyos llamados por la Corte Suprema y por eso quiere salirle al paso a cualquier decisión que tome el alto tribunal y de paso ir ambientando una ley de punto final. Lo cierto es que poco a poco, se conocerán más detalles de la polémica reunión en Córdoba y las realizadas en otras zonas del país. Se sabrá a qué acuerdos llegaron con las autodefensas, pues los secretos entre ellos mismos aguantan pocos días tal como ha quedado en evidencia en los últimos días.