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El general Oscar Naranjo, director de la Dijín, en el primer día del juicio del asesinato de 10 policías y un informante en Jamundí, Valle. (Foto: Fabio Posada- SEMANA)

Judicial

La fiscalía demuestra que la presencia del Ejército en el lugar de los hechos no era para evitar un secuestro

El Gaula del Ejército no fue informado sobre un operativo anti plagio contra una familia española dijo este miércoles -en el tercer día del juicio por la masacre en Jamundí-, su comandante Mauricio Ordóñez.

Fabio Posada
18 de diciembre de 2006

Con el testimonio del comandante del Gaula Ejército, mayor Mauricio Ordóñez Galindo, la Fiscalía demostró que el Batallón de Alta Montaña No.3 no siguió el procedimiento ni los protocolos que permitirían establecer si con la presencia de las tropas en la zona de Jamundí se pretendía evitar un secuestro.

Durante el testimonio de Ordóñez Galindo, la Fiscalía comprobó que aunque Jamundí es una zona sensible para posibles secuestros, el Gaula Ejército no tuvo conocimiento sobre una situación de esa naturaleza y que tampoco recibió solicitud de apoyo del Batallón de Alta Montaña por la eventualidad de un plagio en ese lugar donde fueron muertos diez miembros de la Dijín y un civil.

Así mismo, el Comandante del Grupo Gaula Ejército manifestó que cuando se tiene conocimiento de un posible secuestro se deben realizar actividades de verificación, estudio del informante, identificación de la víctima, aviso al fiscal especializado y a la policía judicial, entre otras actividades, que pueden prolongarse hasta un mes.

Ordóñez Galindo explicó que si el caso no lo conoce el Gaula directamente, sino un batallón en su jurisdicción, éste debe hacer los procedimientos previos e informar al Gaula para el apoyo, pues este grupo es el especialista en esta clase de misiones.

La audiencia fue suspendida a las 10:34 de la mañana a solicitud de la Fiscalía, cuyos dos de sus testigos sólo podrán estar en Cali este jueves debido a que fueron trasladados a otras ciudades.

El juicio se reanudará a las 8:30 de la mañana de este jueves con la comparecencia del capitán del Ejército Carlos Alberto Cañón Delgado y el suboficial del grupo Comca Dainer William Bonilla Tovar, entre otros.
 
Lo que ha ocurrido hasta ahora

En el segundo día de juicio oral del Caso Jamundí, en el que están acusados 15 militares por el homicidio agravado de 10 miembros de la Dijín y un civil, la Fiscalía presentó cuatro testigos quienes confirmaron que los policías estaban en labores de verificación cuando fueron sorprendidos por los miembros del Batallón de Alta Montaña.
 
Con el mayor Eliécer Camacho, quien para la fecha era el director del Comca (Comisión de Cali), la Fiscalía demostró en la audiencia que miembros de la Dijín realizarían un procedimiento judicial de verificación, propio de la nueva ley penal, y que no se trataba de un operativo que necesitara de mayores formalismos.

Así mismo, con el testimonio del suboficial de este grupo, Diana Marulanda, la Fiscalía aclaró lo relacionado con los documentos de orden de servicio y el plan de marcha, que eran de carácter administrativo interno. Con este testimonio se pudo establecer qué pasó en los momentos previos al operativo y las voces de auxilio cuando los investigadores eran víctimas del ataque el 22 de mayo pasado.

Con el testimonio de Martha Inés Restrepo, fiscal especializada, se pudo establecer por qué Gerardo Pérez y Henry Cañizales, miembros del Comca, llegaron tarde a Potrerito, salvando sus vidas. La testigo aseguró que los agentes de la Dijín se encontraban adelantando unas diligencias en su compañía y en la ciudad de Palmira, que dista hora y media de Jamundí. Relató como pasadas las 4:30 de esa tarde, recibieron una llamada del Mayor Elkin Molina para que se unieran al grupo que realizaría la verificación en Potrerito. Ellos llegaron a los pocos minutos del tiroteo que acabó con las vidas de sus compañeros y, al intentar ingresar al lugar de los hechos, fueron repelidos a bala por los soldados que aun aseguraban el área.

Finalmente, la Fiscalía llamó al estrado a la directora seccional de Fiscalías de Cali, quien para la fecha de los acontecimientos se desempeñaba como coordinadora Especializada de esta ciudad, Martha Janeth Mancera. Con su testimonio, se expuso en la audiencia cómo fue el trabajo de coordinación del procedimiento del Comca, a qué horas se comunicó con ella el mayor Molina para informarle sobre el procedimiento de verificación, y que posiblemente iba a requerir el apoyo de un fiscal.

Igualmente, Mancera expuso sobre los requisitos para hacer una verificación en el nuevo sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004), para lo que se requiere la recepción de información, por cualquier medio, para darla conocer a la Fiscalía, tal y como lo dispone la ley.

En el tercer día de audiencia de juicio oral -este miércoles-, la Fiscalía llamó al estrado, entre otros, al comandante del Gaula Ejército, Mauricio Ordóñez Galindo, y a una investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación. Para el jueves y viernes se espera que la Fiscalía llamé a los testigos que manejaron la escena del crimen, cuyo testimonio será vital para demostrar la culpa de los militares y desvirtuar la posibilidad de un error por falta de coordinación entre las fuerzas.
 
La versión de Camacho

En el segundo día del juicio -este martes-, el mayor Eliécer Camacho, quien coordinaba el grupo Comca (Comisión especial de Cali) de la Dijín, reiteró que sus hombres cumplieron con todos los requisitos de ley para realizar el procedimiento judicial esa tarde en Potrerito, donde adelantaban acciones contra el narcotráfico cuando fueron sorprendidos por las balas de algunos miembros del batallón de Alta Montaña del Valle. 

La versión de Camacho ratificó la del general Óscar Naranjo, quien este lunes había asegurado que sus hombres estaban plenamente identificados y habían obrado bajo los preceptos de la ley.

La situación no fue fácil para el mayor de la Policía. Camacho fue interrogado directamente por el coronel (r) Byron Carvajal y en esos momentos hubo bastante tensión en la sala, ya que el militar insistió, hasta el punto que fue regañado por el juez, en que los policías no llevaban la chaqueta y la gorra que los identifica como tales. Según dice, se la pusieron momentos antes de llegar a la escena del crimen, lo cual quedó desmentido por la declaración del jefe de los agentes asesinados.

La defensa de los militares ha sido débil, pues ha intentado por todos los lados explicar la masacre como un error inducido por la supuesta irregularidad del procedimiento de los miembros de la Dijín. Pero la Fiscalía lleva la delantera al demostrar tres puntos clave de su alegato. Primero, que los policías no tenían la obligación de informar a ninguna otra fuerza del Estado su desplazamiento a la zona. Segundo, que las órdenes para tal efecto fueron verbales y que serían asentadas en los informes administrativos con posterioridad al resultado del procedimiento de verificación que iban a realizar. Y tercero, que llevaban todos los elementos necesarios que los identificaban como miembros de la policía judicial. 

Jornada de dos días 

En la mañana de este lunes, a la sala primera del Palacio de Justicia de Cali no le cabía un alfiler. Comenzaba el que es considerado por muchos como el juicio del año que involucra a la Policía y el Ejército. Todo por cuenta de la muerte del grupo élite de la Dijín a manos del pelotón Lince, adscrito al Batallón de Alta Montaña del Valle, hace siete meses en las inmediaciones de Jamundí. Con un visible esfuerzo por parte de la rama judicial de esta ciudad, la sala fue adecuada a la medida para semejante reto: una pantalla de gran formato, un videobeam, un televisor y un proyector de acetatos, fueron las herramientas para facilitarle a las partes exponer sus pruebas ante el juez.

La incertidumbre por conocer las teorías por parte de la Fiscalía y los seis abogados defensores, sobre lo que ocurrió el 22 de mayo pasado en el corregimiento de Potrerito, entre estas dos fuerzas del Estado, llegó a su fin sobre las diez de la mañana cuando Edmundo López, Juez Cuarto Especializado, dio comienzo a la audiencia oral, última etapa del juicio.

La Fiscalía a través de Javier Tamayo, quien lleva el caso, acusó a 14 miembros del pelotón Lince y al Coronel Byron Carvajal, comandante del Batallón de Alta Montaña, de homicidio agravado en múltiple concurso. Para el ente acusador este es un acierto criminal, una emboscada planeada con antelación y ejecutada con sevicia por parte de los militares. Los abogados defensores refutan los cargos y coinciden al plantear el caso como un error al que fueron inducidos los soldados por la falta de coordinación de los miembros de la Dijín.

En eso se fue la mañana. La jornada de la tarde comenzó con el llamado para el primer testigo de la Fiscalía: el Brigadier General Oscar Naranjo, director de la Dijín. La intención del ente acusador con este testigo era establecer la pertinencia del operativo, el ajuste del mismo a las normas que rigen a los investigadores de este grupo especial y la calidad de los agentes muertos. El general Naranjo, quien se mostró un poco nervioso al principio del interrogatorio, sostuvo ante el juez que sus hombres cumplieron a cabalidad con sus funciones e incluso aseguro que no estaban obligados a informar a nadie sobre su presencia en la zona el día de los hechos.

El Comca, Comisión de Cali de la Dijin, de acuerdo con la Directiva 28 de 2005 expedida por el Ministerio de Defensa, estaba eximida de informar sobre la presencia de sus investigadores en el área donde ocurrieron los hechos, aseveró el alto oficial durante la audiencia presidida por el Juez Cuarto Penal Especializado, con funciones de conocimiento.

Naranjo aseguró en el estrado que los miembros del Comca estaban en ese lugar en una tarea de verificación, y explicó que la Policía Judicial no se uniforma, sino que se identifica. En este caso, continuó, los investigadores portaban los chalecos y las gorras con la palabra Policía y la sigla Dijin. Señaló además, que hasta la fecha nunca se ha sabido que grupos subversivos hayan utilizado prendas de la Dijin para la comisión de sus ilícitos. Tal situación se ha presentado en zonas urbanas y con organizaciones de delincuentes comunes.
 
Aceptó que se cometió una irregularidad, con la orden de marcha de su equipo asesinado, que está siendo investigada por la Procuraduría General de la Nación. Pero fue más allá y ante las preguntas que en este sentido le hicieron los abogados defensores, sostuvo que en su criterio esta orden escrita no es necesaria, pues tanto él, como su segundo al mando de la Dijín, estaban enterados del operativo.

Tal parece que el primer ‘round’ del caso Jamundí le deja más puntos a la fiscalía que a la defensa. Pero como dijeron los seis abogados de los militares, esto apenas comienza. Era de esperarse que el General Naranjo se la jugara a fondo por sus hombres y en ese aspecto, su exposición marca un punto alto a favor del ente acusador.

Este martes continuará el debate jurídico para darle paso a la audiencia de apelación en la que se pide la libertad de los militares, negada en primera instancia semanas atrás.