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| 6/30/2002 12:00:00 AM

La Fortaleza

Al término de la Cumbre de Sevilla, los países de Europa se debaten entre la integración económica y el cierre de sus fronteras a los inmigrantes ilegales.

Los seis meses de la presidencia española al frente de la Unión Europea, UE, terminaron con más pena que gloria. Cuando todos esperaban avances concretos en temas como la integración de los países de Europa del Este al grupo de los 15 grandes del Viejo Continente y las reformas al Consejo de la UE, el presidente español José María Aznar, también cabeza del Ejecutivo europeo, convirtió la última cumbre realizada en Sevilla en una verdadera cruzada contra la inmigración ilegal.

En los días previos al encuentro que terminó el pasado 22 de junio, se daba por hecho que habría sanciones a los países en desarrollo que no tomaran medidas de fondo para impedir la salida de inmigrantes ilegales hacia el "paraíso" europeo y Aznar pregonaba a los cuatro vientos la urgencia de una drástica reforma a la Ley de Extranjería española. Sin embargo, la Cumbre de Sevilla le tenía varias sorpresas. A pesar del auge de los gobiernos de derecha en Europa, (10 de 15 países tienen un gobierno de esta tendencia) el presidente francés Jacques Chirac no solamente evitó más garrote para los países pobres sino que impuso sus iniciativas para modificar el esquema decisorio de la UE. En síntesis, fue el gran triunfador en Sevilla y opacó a un Aznar que hoy capotea las más duras críticas por haber relegado los temas cruciales para la UE en aras de una repentina preocupación por la inmigración ilegal. José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Psoe, dijo refiriéndose a Aznar que "los seis meses de su presidencia han sido tumbos a la derecha, de temores y amenazas contra los ciudadanos". Por su parte, Manuel Zaguirre Cano, presidente de la ONG española Solidaridad con los Trabajadores del Tercer Mundo, Sotermun, dijo a SEMANA que en la Cumbre "el presidente Aznar se empleó a fondo para que el Consejo aprobara una política europea de inmigración a imagen y semejanza de la española, es decir, restrictiva y represiva con los inmigrantes y con los países de procedencia. Una vez más, el presidente Chirac edulcoró la extremada dureza de la propuesta española y británica".

A pesar del traspiés de Aznar y el protagonismo de Chirac, la Cumbre de Sevilla dejó dos cosas claras: una, es que la UE sigue empeñada en fortalecer los lazos económicos con los países de Europa del Este y dos, que cerrará el paso a los ilegales a través de una política común. En este último punto, que es el que interesa a Colombia y a los más de tres millones de inmigrantes ilegales que hay en Europa, se acordó un programa de expulsiones masivas para repatriar a los "sin papeles". Este afectará en primer lugar a quienes hayan cometido delitos o hayan visto rechazadas sus solicitudes de asilo. Según el Libro Verde sobre la Inmigración de la Comisión Europea aprobado en abril pasado, deben ser expulsadas las personas que "se conviertan en un peligro para la seguridad o el orden público tras haber sido condenadas por delitos graves". Respecto a quienes han solicitado asilo, serán repatriadas las personas que lo solicitaron por circunstancias políticas en su país de origen una vez éstas hayan sido superadas como sucedió en Los Balcanes y en Afganistán.

En síntesis, las medidas adoptadas en la Cumbre de Sevilla se dividen en tres grandes frentes: 1. Lucha contra la inmigración ilegal; 2. Gestión coordinada de fronteras exteriores e integración de esta política de inmigración a la Política Exterior común; y 3. Definición de una estrategia única de asilo. Lo anterior implica que se revisará la lista de países a los que se exige visado (hoy son más de 130) y se adelantarán operaciones y patrullajes conjuntos en las fronteras críticas, aunque países como Finlandia y Suecia se han opuesto abiertamente a la creación de una Policía Europea de Fronteras, idea de Aznar y sus colegas de Reino Unido e Italia, Tony Blair y Silvio Berlusconi.

La gran preocupación entre quienes han seguido de cerca las decisiones de la UE frente a los ilegales, es que el tema sea manejado con cierto oportunismo político y que los 15 grandes cierren filas en torno a la derecha que predomina en Europa. El fantasma del racismo y la xenofobia sigue rondando. Según Zaguirre, "resulta escandalosa la falta de coraje de los mandatarios europeos para abordar las cuestiones de fondo de la inmigración y su peligrosa aproximación a las tesis de la extrema derecha como forma de dejarla sin argumentos ni electorales. Ese vergonzante contrasentido lo han resuelto en Italia Berlusconi y sus secuaces neofascistas Bossi y Finni con una ley de inmigración xenófoba y racista sin ambages".

El debate está servido. Mientras Europa intenta frenar la entrada ilegal de 500.000 personas cada año e impulsa los vientos de la integración entre sus países, de otro lado está el drama de los ilegales que a pesar de ser indeseados siguen siendo necesarios para su engranaje productivo. Según un estudio de la ONU, Europa necesita unos 44 millones de inmigrantes de aquí a 2005 para superar el bache económico. Por desgracia no son pocos los europeos que igualan al inmigrante con el delincuente y diariamente se registran agresiones contra los extranjeros sean legales o ilegales. El propio Boladji Omer Oker, director de inmigración del gobierno Vasco ha dicho que "al inmigrante se le trata como un Kleenex y el gobierno está poniendo a disposición de los empresarios un ejército de esclavos". Lo único cierto es que en adelante será cada vez más difícil alcanzar el "paraíso" europeo, cada vez más parecido a una fortaleza.

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