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| 9/8/2006 12:00:00 AM

La importancia de la memoria ante la guerra

Erik Arellana y Diana Gómez dan su punto de vista sobre la ausencia del padre arrebatado por la violencia, a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Desaparecido.

En Colombia aprendimos a convivir con la impunidad. Son tantos los episodios de violencia y sevicia que ya es parte del día a día que alguien sea asesinado, desaparecido, torturado, que no se conozca a los autores materiales e intelectuales de estos hechos o que no se aplique justicia. La impunidad no sería parte de nuestra cotidianidad si el olvido no se hubiese instalado en alguna parte de nuestros cuerpos, contribuyendo a la construcción de historias parciales.

Erik Arellana es el nombre de un colombiano que ha experimentado esa realidad. Por unos años vivió con su familia una vida digna hasta el 30 de agosto de 1987, día en el que su madre, Nydia Bautista, fue desaparecida. Erik tenía 13 años, desde entonces comenzó a vivir la angustia que implica la desaparición forzosa. Tres años duró la búsqueda que esperaba encontrarla viva. En 1990 su cuerpo fue hallado en una fosa común, enterrada como N.N. Sin nombre ni identidad. Allá fue confinada por los autores del crimen como castigo por pertenecer al M-19, negándole la dignidad, el derecho a la vida, a un juicio y ocultándola a la sociedad. Dieciséis años pasaron desde el día de los hechos hasta el 18 de enero de 2003, cuando la familia pudo recuperar los restos.
Diana Gómez es una de esas hijas que vio desgarrada su vida por la desaparición de su padre, Jaime Gómez. A ella y a su hermano les arrebataron a su padre pasando los 20, pero igual que Erik se han tenido que enfrentar a la ausencia de uno de sus referentes, al miedo, la rabia y la impotencia. Su proyecto de vida fue trastocado desde la noche del 21 de marzo de 2006. Jaime fue desaparecido al amparo de la tiniebla matutina en pleno centro de Bogotá. Asesor de Piedad Córdoba, fue torturado y asesinado. Sus restos fueron hallados el 23 de abril en una zona enmarañada por la cual no transitaba. La versión ‘oficial’ se ha esforzado en plantear, desconociendo las pruebas, que fue un accidente.

Nidya y Jaime vieron vulnerados sus derechos fundamentales por el delito de la desaparición forzada. Esta es una práctica de intimidación que surgió en Colombia como mecanismo de represión estatal contra la oposición política. Al igual que en otras partes del mundo funciona generando miedo e incertidumbre. Convertido en crimen busca no dejar huellas, pruebas ni testigos. La fundamental, el cuerpo, suele no aparecer. En países en dictadura y con conflicto armado se ha instituido como el ‘crimen perfecto’ para acabar con quienes hacen parte de la oposición, contribuyendo a borrar la memoria colectiva. En Colombia el 99 por ciento de los casos permanecen en la impunidad. En muchos de ellos se ha establecido el vínculo de agentes de organismos de seguridad del Estado, de paramilitares y escuadrones de la muerte. Hasta 1987 los militares mantuvieron el poder de enjuiciar a los civiles en sus tribunales castrenses, lo que les permitió criminalizar a la oposición política de forma ‘legal’. Desde los primeros años de la década de 1980 la estrategia fue cambiando y se afianzó la práctica de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones. Hoy se registran cientos de éstas. Los cuerpos de muchas hacen parte de las fosas que se han presentado a la opinión pública en los últimos días.

Dieciocho años transcurrieron desde la desaparición de Nydia hasta que el 13 de febrero de 2006 la Fiscalía negó el recurso de apelación presentado por los abogados que solicitó acusar a los autores identificados y no cerrar el caso. La familia conoce los autores materiales, aun así la Fiscalía decidió archivar y concluir la investigación, confirmando su total impunidad. Aunque son sólo cinco meses de la desaparición de Jaime, su historia no parece ser distinta. Luchando contra la versión oficial la familia no ha tenido eco en su exigencia de justicia. Incluso aportando pruebas, testigos, información y colaborando, la Fiscalía no da muestra de diligencia y los oídos sordos del Estado se afianzan.

En ambas historias la impunidad y el abuso de poder se instituyen como normal, lo cual causa daños irreparables agrediendo los límites de cualquier contrato social. En ninguno de los ‘procesos judiciales’ es posible ver la concreción del derecho a justicia y verdad. Al contrario, los principales autores son premiados con el olvido oficial.
El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional del Desaparecido y en estos días tiene lugar la Semana por la Paz. Cada uno de estos acontecimientos invita a reflexionar sobre la realidad de nuestro país, sobre las encrucijadas frente a las cuales se encuentra, los retos y las alternativas posibles. Es en el marco de todas las iniciativas ciudadanas que buscan desde el diálogo, el reconocimiento de nuestra realidad y la negociación, que es fundamental una deliberación a profundidad de qué implica la paz, cómo se construye y se mantiene a largo plazo. En dicho proceso es fundamental el conocimiento de la verdad y la aplicación de justicia, dos derechos que en la problemática de la desaparición forzosa en el país son abiertamente vulnerados.


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