Home

On Line

Artículo

La impunidad del proceso con los paras ha golpeado con mayor fuerza a las mujeres

A propósito de la conmemoración este sábado del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la Ruta Pacífica de las Mujeres presenta el siguiente informe con dramáticos testimonios de cómo las ha afectado el proceso de desmovilización paramilitar. Informe Especial.

22 de noviembre de 2006

“Los paramilitares tienen derecho a desmovilizarse, les dan garantías, les dan apoyos... a las personas que hemos sido violadas y que hemos sido inocentes y que nunca hemos querido estar en ese contexto, nunca nos han reparado en nada. Mi mamá ha sido una mujer que es muy luchadora y viene trabajando hace mucho tiempo y está tras un subsidio para una vivienda y ya lleva en eso 10 años... y no ha podido recibir siquiera el subsidio para la vivienda... a nosotros aquí nos tocó aguantar hambre después de que todo lo teníamos en abundancia y no sólo para nosotros sino para compartir.
Y que no nos traten como limosneros... por qué diablos a ellos los tienen que preferir, les tienen que dar tratamiento sicológico, educativo, vivienda, y su puesto en la sociedad y a nosotros no, si nosotros no fuimos los que causamos el daño. Habría que hacer unas leyes en este país y cambiarlo todo en este país, empezando por cambiar el Presidente y toda su curul” .


Testimonios como ese abundan en el informe que la Ruta Pacífica de las Mujeres realizó en el marco del Día internacional de la no violencia contra las mujeres y en el que se analiza el impacto que la desmovilización paramilitar ha tenido en la vida y el cuerpo de las mujeres en nueve regiones del país.
 
Señala el informe que desde la declaración del cese de hostilidades prometido por las AUC y hasta el 7 de agosto de 2006, se han atribuido a los paramilitares y/o paramilitares y fuerza pública, 281 crímenes contra los derechos a la vida, la integridad –física, sicológica y moral– y la libertad de mujeres, niñas y jóvenes en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Bogotá D.C.- Cundinamarca, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle. Esto es, en nueve regiones donde tiene presencia la Ruta Pacífica de las Mujeres que corresponden únicamente al 28% de los 32 departamentos del país. La mayoría de las asesinadas fueron mujeres de organizaciones sociales, ambientales, indígenas, líderes barriales o comunitarias que compartían territorio con paramilitares desmovilizados.
 
De acuerdo con los datos recopilados, pese a la mal llamada “Declaración por la Paz de Colombia”, a los paramilitares se les siguen atribuyendo más de 2.300 homicidios y desapariciones; incluso el mismo día de su firma, María Arias Clavijo fue torturada y ejecutada por persecución política, presuntamente por las AUCC en Antioquia.
Los datos revelan que entre el primero de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005, los paramilitares habrían cometido 202 casos de violación a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario a igual número de mujeres, niñas y jóvenes, en lo que las mujeres han denominado feminicidios.
 
De acuerdo con los testimonios recogidos en el informe algunas entrevistadas califican como “una farsa” el proceso de desmovilización paramilitar, en sus palabras: “(…) no apunta a acabar con el desplazamiento forzado, ni a dejar la violación de los derechos humanos y tampoco a construir paz (…)”, según anotan se trata más bien de un esfuerzo del gobierno nacional para mostrarle al mundo una realidad que no existe en el país.
 
De acuerdo con la investigación realizada por Patricia Ramírez, “Dicho proceso de (des)movilización deja muchas dudas y preguntas sobre su efectividad y el real desmonte del paramilitarismo en el país, y particularmente para la Ruta Pacífica de las Mujeres, plantea serias preocupaciones sobre la continuidad y permanencia de la violación de los derechos humanos y la violencia sexual contra la vida y el cuerpo de las mujeres, niñas y jóvenes, perpetradas por los paramilitares durante y después del proceso que ha llevado a 29.781 hombres y 1.787 mujeres a dejar las armas, en prácticamente todo el territorio nacional”.

“A pesar que ellos dicen que se desmovilizaron, siguen lo mismo. Únicamente es que ya no andan con el uniforme y con el arma y reuniendo a uno, tratándolo como ley, pero siguen en lo mismo, pero ahora hacen las cosas más ocultas. El gobierno es el que les está dando de comer” .
 
“Ya no se ven esos enfrentamientos de un lado a otro en la comuna... pero por debajo, eso todavía está vivito y coleando. Además que yo comento y critico: por qué están armados, sí supuestamente eso (el proceso) era para desarmar a esas personas. Hay un juego por ejemplo del Atlético Nacional... entonces ellos lo primero que hacen es sacar un revólver y hacer disparos al aire... entonces ¿por qué están armados? ¿Qué pasó con las armas? Además hubo otra cosa y es que metieron por desmovilizados muchachos que ni siquiera sabían para que era esta vaina... les dieron un uniforme y les dijeron que le iban a pagar” .

De igual manera y según el estudio los paramilitares aparecen como los principales responsables del desplazamiento forzado interno: “entre enero de 2003 y junio 30 de 2006, 1.496 hogares en 84 municipios entre los que se cuentan las ciudades de Medellín y municipio de Bello en Antioquia; Cartagena (Bolívar); Pasto (Nariño); Bucaramanga y 54 municipios más en el departamento de Santander, y en Quibdo y 24 municipios más del departamento de Chocó”.

Durante el 2003 fueron responsables del desplazamiento de 159 hogares; 714 en 2004; 526 en 2005 y 94 entre enero y junio de 2006. Si tenemos en cuenta la tendencia nacional según la cual, el 40 por ciento de los hogares desplazados en Colombia, tienen jefatura femenina con y sin compañero, se podría afirmar que en ese período (enero 1 de 2003 y junio 30 de 2006), fueron responsables del desplazamiento de 598 hogares con jefatura femenina. Es decir, 598 mujeres que a partir del desplazamiento empezaron a asumir y/o continuaron asumiendo la responsabilidad del mantenimiento de 2.392 personas.
 
Al respecto Marina Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las mujeres, afirma: “El desplazamiento forzado es una prueba más del incumplimiento del cese de hostilidades por parte de las AUC y la violación de derechos humanos que siguen cometiendo los paramilitares – desmovilizados contra la población colombiana, especialmente mujeres, niñas y niños quienes constituyen un poco más del 50% de la población en situación de desplazamiento interno forzado por violencia”.

En el informe Ramírez sostiene que los paramilitares desmovilizados se están “reciclando y rearmando en varias regiones del país, en donde continúan ejerciendo el control político y económico: Ellos tienen cooperativas como de bolsas de empleo, entonces todo el que esté asociado ahí tiene que ser que se identifique con ellos y el que esté ahí ellos le ayudan a buscar el trabajo por medio de las empresas, por medio de la Alcaldía, por medio de los contratistas. Por otro lado tiene empresas de microcréditos y prestan el dinero gota a gota a los comerciantes y son ellos mismos los que se encargan de cobrar el dinero y sí se pasó de la cuota... lo amenazan... eso es muchísimo. Negocios... tienen muchos negocios que son de ellos, es un control económico que le tiene fuerte, fuerte a la ciudad.”

Para la Ruta Pacífica de las Mujeres resulta también preocupante, la participación de los desmovilizados en calles de las ciudades y los barrios, vinculados a empresas de seguridad privada legales o ilegales, así como las figuras de auxiliares cívicos reconocidos por el Ministerio del Interior, autorizados para ejercer vigilancia y poner el orden entre la ciudadanía, y en el vecindario. Tanto en Cartagena, en María La Baja, Bucaramanga, Barrancabermeja, Quibdo y Medellín (área rural y urbana), las mujeres afirman que los desmovilizados, están cobrando por la vigilancia a cada familia y a cada negocio existente en la comunidad sumas que oscilan entre los 1.000 y los 5.000 pesos.

La Ruta Pacífica de las Mujeres, denuncia que “la violencia sexual sigue estando presente en medio del conflicto armado y particularmente para el caso que nos interesa, sigue siendo perpetrada por actores armados que están participando de un proceso de desmovilización. Los casos de violencia sexual presentan un subregistro muy alto, generalmente por los bajos índices de denuncia debido al temor y miedo de las víctimas y sus familiares, sin embargo, el Banco de Datos de Noche y Niebla registró en el período señalado: siete casos de crímenes de violencia sexual, que generalmente van acompañados con otros crímenes como tortura, amenaza, retención, desaparición e incluso en el asesinato de las mujeres, las niñas y las jóvenes”.

La Ruta Pacífica de las Mujeres insiste en “(…) Que los paramilitares no cumplieron con el cese de hostilidades prometido en noviembre de 2002. Que el proceso se adelantó a pesar de la persistencia de los crímenes por parte de estos grupos contra la población civil colombiana. Que la desmovilización de paramilitares está teniendo unos efectos sobre la vida y el cuerpo de las mujeres, niñas y jóvenes en el país, que no están siendo visibilizados”.