Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2007/04/24 00:00

La ‘inspección judicial’ a la oficina de Petro aumenta quejas de la oposición en contra del Gobierno

La Policía llegó este martes a la oficina del congresista para hacer la diligencia que finalmente fue suspendida. Carlos Gaviria habla de “cacería de brujas” mientras el ex presidente César Gaviria exige una investigación que aclare si el Ejecutivo está “espiando” a los contradictores políticos.

El senador Gustavo Petro al regresar, en el atardecer de este martes, a su oficina en el edificio nuevo del Congreso. El despacho del parlamentario fue escenario de una extraña 'inspección judicial'. FOTO: DANIEL REINA ROMERO / SEMANA

Varios acontecimientos que se conjugaron en las últimas horas provocaron una fuerte reacción de la oposición política al gobierno del presidente Álvaro Uribe. Aunque los reclamos varían, todos coinciden en exigirle al Jefe del Estado garantías plenas para ejercer su actividad.
 
A la de por sí delicada situación se sumó un intento de ‘inspección judicial’ a la oficina del senador Gustavo Petro, ubicada en el edificio nuevo del Congreso. Los asesores del parlamentario fueron sorprendidos por la presencia de una fiscal y varios agentes de la policía que llegaron allí con la intención de realizar “una inspección judicial”.
 
Estos se comunicaron de inmediato con Petro, quien a esa hora se encontraba discutiendo el proyecto de Ley de Transferencias en la Comisión Primera del Senado. El legislador denunció lo que ocurría a través de Señal Colombia: “Están allanando mi oficina. ¿Con qué autoridad hacen eso?, ¿dónde está el fuero parlamentario?”.
La noticia tomó por sorpresa a todo el mundo. “Es un atropello”, dijo el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi. “Es un hecho insólito”, calificó el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán.
 
Posteriormente se explicó que no se trataba de un allanamiento, sino de una inspección judicial ordenada “autónomamente” por la fiscal Claudia Maritza Vega Merchán. Los asesores de la oficina de Petro fueron informados que la medida buscaba obtener copias de un debate realizado por él durante el segundo semestre de 2003.
 
El hecho naturalmente produjo escozor en los círculos políticos. Así, el ministro del Interior debió llamar directamente al director de la Policía, general Jorge Daniel Castro, para que ordenara a los agentes que acompañaban a la fiscal que se retiraran de la oficina del congresista.

Y aunque la orden del Ministro fue cumplida, el impacto ya se había sentido en varios escenarios. Las agencias de noticias enviaron despachos al mundo con el titular: “La Policía allana oficina del senador Petro”. En las informaciones recordaban que recientemente este congresista lideró un debate sobre la parapolítica en el departamento de Antioquia en el que hizo cuatro acusaciones de gravedad: ejecuciones en las fincas del Presidente Uribe, hermano del Jefe del Estado sindicado de haber pertenecido a un grupo paramilitar; luz verde a reconocidos paramilitares para que obtuvieran licencias de las Convivir y, por si fuera poco, presencia de helicópteros de la Gobernación de Antioquia en la masacre de El Aro.
 
En cuestión de segundos varias organizaciones defensoras de derechos humanos y movimientos políticos de izquierda colgaron en la red su protesta. Por ejemplo, la Confluencia por la Democracia y Contra la Guerra lanzó un interrogante: "¿si eso sucede con el senador Petro que tiene inmunidad parlamentaria y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, qué sucederá con el resto de la oposición?, ¿qué sucederá con las víctimas y sus familiares que se atrevan a denunciar los crímenes de los paramilitares?”

Y aunque Petro recibió una explicación personal del desconcierto del Ministro del Interior, se mostró escéptico y poco convencido de que lo ocurrido había sido una mala interpretación jurídica. “Si esa Fiscal quería obtener esos documentos, por qué no me los pidió a mí directamente. Esta situación no me gusta”.

La molestia de los Gaviria

La fallida inspección judicial se produjo en unos momentos en que la oposición mantenía elevada su voz de protesta también por otra consecuencia del debate de Petro. Como se recordará, el presidente Uribe convocó a una inédita rueda de prensa en la noche del pasado jueves con transmisión en directo por todas los canales de televisión.

En la misma, Uribe lució sólido, seguro, tranquilo y buscó aclarar cada una de los señalamientos en su contra. Sin embargo, afirmó que él sabía de las conversaciones de los dirigentes de la oposición y por eso se atrevía a afirmar que éstas le han hecho daño al país, provocaron el desplante del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y tenían al borde de un precipicio al Tratado de Libre Comercio (TLC).

“Tengo pruebas de inteligencia militar y de policía, que no las voy a revelar, de algunas de las personas que han ido a Estados Unidos y dicen que ya nos tiramos el Tratado en EE.UU. acusando al tal por cual de Uribe”, señaló el Jefe del Estado.

Ante eso la pregunta fue lógica: ¿su Gobierno está expiando a líderes de la oposición? Entonces, Uribe responsabilizó a Andrés Peñate, actual director del DAS: “Las coincidencias es que muchos de los críticos que han ido allá son adversarios aquí del TLC, pero no voy a hacer alusiones personales (...) Son congresistas (...) pregúntenle al doctor Peñate (...) es que proceden muy evidentemente, no se cuidan tanto como creen cuidarse”.

La conflagración ya era un hecho. Ante esto, César Gaviria, jefe del Partido Liberal, reaccionó con molestia: “Se debe investigar el posible espionaje”. Para el ex Presidente y ex secretario general de la OEA, la situación no es normal: “Las expresiones del Presidente de que se espía a la oposición y se escuchan sus llamadas es algo que no dice bien de la manera como Uribe mira el Estado de Derecho”.

De igual manera reaccionó con vehemencia el presidente del Polo Democrático Alternativo (PDA), Carlos Gaviria: “Está en marcha una cacería de brujas contra la oposición”.

Para Gaviria, las revelaciones hechas por Uribe forman parte de una situación intolerable. “La gravedad de esas declaraciones del señor Presidente no se han medido suficientemente. En un Estado de Derecho que se le haga inteligencia a los ciudadanos que coinciden o no con el gobierno, significa que se está buscando criminalizarlos y, por tanto, el derecho de disenso no es tal sino que la opinión no coincidente con la opinión oficial es tenida por el Presidente como un delito”.

Así las cosas, las relaciones entre el Gobierno y oposición atraviesan una etapa crítica de consecuencias, por ahora, impredecibles.

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