"La legalización dejaría de hacer rentable el negocio de las drogas"

Alain Labrousse, especialista mundial en el tema de las drogas y ex director del Observatorio Geopolítico de las Drogas durante 10 años, participó en el Coloquio 'Cultivos de uso ilícito en la región andina', donde profundizó sobre las relaciones entre los grupos ilegales armados y el narcotráfico. El experto editó recientemente el 'Diccionario geopolítico de las drogas', obra de referencia que da cuenta de las relaciones entre las drogas y la política externa e interna en 134 países. Olga Lucía González del Grupo sobre Actualidad Colombiana, GAC, lo entrevistó para SEMANA.

Olga Lucía González: ¿Cuál es la particularidad del negocio de las drogas en la Región Andina frente a otras regiones del mundo?

Alain Labrousse: Veo tres características. La primera es que una parte de la producción de hoja de coca es legal: se destina al consumo interno. Es así en Perú y Bolivia y en las zonas indígenas de Colombia. Nadie ha causado problemas a los kogui, por ejemplo, por usar la coca. Esto es excepcional: en ninguna parte del mundo el opio es legal, su uso es reprimido. Por supuesto, los productores de hoja de coca juegan con esta variable.

El segundo aspecto tiene que ver con la especialización de la droga en las organizaciones criminales. La tendencia mundial es el politráfico. Es el caso en Marruecos, Afganistán, Pakistán o de la mafia italiana, de los yakuzas o de la Tríada china. Hay allí organizaciones especializadas en el tráfico de drogas pero también de otros productos (armas, personas, etc.). En Colombia el tráfico de armas de estas organizaciones es limitado y se destina a cubrir sus actividades ligadas a la droga. La tendencia en América latina es hacer el tráfico exclusivo de drogas.

Finalmente, la tercera característica es la intervención norteamericana. Puede ser que el asunto de las drogas disimule otras razones, lo cierto es que es el frente principal de intervención. Excepto en Afganistán, en ningún otro país hay una intervención tan fuerte. Incluso allá el pretexto no es combatir a las drogas, sino a los talibanes.

O.l.G.: ¿Históricamente, cómo han sido las relaciones de las Farc con la droga?

A.L.: Las Farc han existido durante 15 años (entre 1964 y 1979) sin tener ninguna relación con las drogas. Cuando llegó el boom de la coca, en zonas como el Guaviare y Caquetá, su primera reacción fue luchar en contra porque decían que era una marca de la degeneración capitalista. Poco a poco entraron a proteger a los campesinos de la erradicación, porque son su base social. Llevaron a cabo una política de la coca, que consistía en pagarles un precio justo a los productores y raspachines. Pero rápidamente esto implicó iniciar una relación con los compradores y traficantes. Eso los llevó a tener relaciones con Rodríguez Gacha por los años 1983 y 1984, una relación conocida y documentada. Pero las Farc no respetaron a su socio. Lo despreciaron, le robaron la cocaína y lo pagaron muy caro. Rodríguez Gacha organizó las segundas milicias paramilitares para expulsar del Magdalena Medio a las Farc y al Partido Comunista y su base.

Otro elemento en esta relación fue la séptima conferencia de las Farc, donde se fijaron de 8 a 10 años para tomarse el poder. Para eso necesitaban recursos. Por esa razón doblaron los frentes en dirección de las fuentes productivas (como la coca, pero también el oro y el petróleo). Esta decisión implicó no asentarse donde había más explotación de campesinos, sino allí donde había más riqueza. A partir de ese momento se sigue en esa lógica: aparece la amapola, que parece ser su mina de oro (en ese entonces costaba 1.500 dólares el kilogramo, cuando en Birmania el promedio histórico fue de 30 a 50 dólares por kilo). Aun así, la heroína colombiana desplazó la birmana en Estados Unidos. Y existen testimonios que muestran que las Farc prestaron hombres para sembrar, querían monopolizar el proceso. Otro indicio de esta implicación es lo que sucede en 1996, cuando eliminan a los chichipatos y los reemplazan por sus propios guerrilleros.

Recientemente, el caso de Fernandino sugiere que las Farc venden cocaína a compradores del exterior que se desplazan para comprarla. Pero no existen pruebas que demuestren que posean sus propios laboratorios y que tengan redes en el exterior. Ahora bien, moralmente no existe diferencia entre servir de intermediario o producirla ellos mismos. Pero si hubiera pruebas contundentes, se hubieran difundido.

O.l.G.: ¿Históricamente, cómo han sido las relaciones de los paramilitares con la droga?

A.L.: Con los paramilitares sucede algo completamente diferente: siempre han estado ligados a las drogas. Se conocen dos etapas: la primera, a principios de los años 80, cuando gente del cartel de Medellín crea el MAS tras el secuestro de Blanca Nieves Ochoa por el M19.

La segunda, en el Magdalena Medio. En un primer tiempo los hacendados crearon milicias, luego los narcos entraron en esas zonas y defendieron sus laboratorios con milicias. Por cierto que no fue su única función: también lucharon contra la izquierda. Ni siquiera Carlos Castaño lo niega: él critica a los que se han dedicado únicamente a la droga. Ahora bien, pese a una implicación tan notoria, hubo que esperar hasta 1997 para que eso fuera oficial, a raíz de una acción policial.

Además hay otro factor, y es que los paras controlan los puertos de salida con la ayuda del Ejército, controlando así las redes de exportación. Esto fue confirmado a principios de 2004, cuando se decomisaron 4 toneladas de cocaína en Calabria que eran de Mancuso. Los paramilitares sí están involucrados en laboratorios y redes, sobre esto no hay ninguna duda.

O.l.G.: ¿Existen datos sobre las finanzas provenientes de la droga obtenidas por estos dos grupos?

A.L.: Hay estimaciones periodísticas, pues es muy difícil tener criterios científicos. Se dice que las drogas les generan el 40 por ciento de sus ingresos a las Farc y el 60% por ciento a los paramilitares.

O.l.G.: ¿Existe un modelo explicativo de las relaciones entre los grupos armados al margen de la ley y las drogas?

A.L.: El modelo es el mecanismo descrito para las Farc y se aplica para otros grupos. En un primer tiempo defienden al campesinado y sacan un impuesto. Luego obtienen un impuesto de los laboratorios, del tránsito, de los traficantes. Finalmente se involucran en la recolección de materia prima, etc. En América latina, Sendero Luminoso tuvo más o menos las mismas etapas que las Farc, con una diferencia: hubo corrupción de líderes de esta organización que desaparecieron con el dinero.

Lo que demuestra la validez del modelo es el caso de los talibanes, similar al de las Farc. Hay que anotar que los paramilitares no entran en el modelo porque son un grupo de traficantes de droga. El modelo se aplica a grupos con ideas revolucionarias o nacionalistas. Además hay que agregar que estas organizaciones penalizan fuertemente el consumo.

Finalmente, en la mayoría de los países el financiamiento de las guerrillas se hace a partir del cáñamo, que no necesita ser procesado. Por esa razón en estos países (África, Filipinas...) sólo existen relaciones con los productores y con los comerciantes. Hay pocos países donde estos grupos participan en la producción, el tráfico y la exportación (ocurre en Birmania y en América Latina). El contramodelo serían los kashin, de Birmania. Son un grupo étnico que al principio toleró el cultivo, pero se dio cuenta de que la heroína produjo desastres en su comunidad, hubo epidemia de heroína y de sida. Empezaron a hacer su propia política de reducción de superficie y lo han logrado en gran medida.

O.l.G.: ¿La legalización lograría el cometido de dejar de hacer rentable el negocio de las drogas?

A.L.: Es evidente que la legalización dejaría de hacer rentable el negocio de las drogas. Económicamente no hay discusión: si se legaliza, se pagaría al precio de un producto agrícola de exportación, de mayor valor que uno de autoconsumo.

O.l.G.: ¿Cómo se organizaría el negocio, a sabiendas de que no se puede popularizar su uso en el Norte?

A.L.: Personas a favor de la legalización, como Francis Caballero, dicen que debería ser monopolio del Estado. No se puede bajar el precio tanto que se atraiga a jóvenes y marginados. Un precio razonable sería de 10 euros por gramo, mientras que el costo de producción no llegaría a un centavo de euro. Aun si hubiera un mercado paralelo, no sería tan rentable.

Las experiencias de otros países dicen algo: en Bolivia, el mercado ilegal es el que mantiene los precios del mercado legal. En Turquía existe únicamente producción legal de amapola. Los campesinos no transforman la amapola en opio. Tallan las plantas y las envían a procesar a otra parte, y esto se hace con máquinas. Los campesinos no participan en la transformación. En la India existe una producción legal de amapola y una ilegal. La razón es que se les permitió a los campesinos rayar la amapola y cosechar opio, por lo que hay una desviación hacia el mercado ilegal.