La ley del Talión

Cada cierto tiempo y de acuerdo con los sucesos que se presentan, en Colombia se habla de la pena de muerte. Pasó reciente al asesinato de Galán, al genocidio de Bojayá, al atentado de El Nogal y al de Neiva. Pero ahora la situación parece ser diferente. Dos senadores han estado gestionando la aprobación de proyectos a favor de la medida. Aunque se duda de su desarrollo, la posibilidad vuelve a quedar abierta. Sin embargo el que Colombia la acepte puede poner al país en un problema internacional bastante serio.

El artículo 11 de la Constitución política de Colombia considera que el derecho a la vida es inviolable y que por ningún motivo habrá pena de muerte. Por ello el proyecto de Acto Legislativo presentado por el senador independiente Jairo Clopatofsky propone modificarlo y así darle cabida a la medida como una solución a la situación de violencia que se vive.

"Colombia vive una situación excepcional de terrorismo y violencia, la cual debe ser frenada por algún mecanismo. La pena de muerte es, a mi parecer, la mejor solución", asegura Clopatofsky, quien es apoyado por los también senadores Luis Arenas, Camilo Sánchez, Álvaro Sánchez y Carlos Clavijo y por el representante Jaime Canal.

El proyecto también se sustenta en que la cárcel, el único castigo que actualmente deben enfrentar los criminales, se ha convertido en un escenario más para la consecución de sus fines. "El diseño de los planes terroristas y de secuestro más connotados en nuestro país se han realizado desde las cárceles colombianas, la intermediación o negociación de secuestros, el peor de todos los crímenes, se hacen desde las cárceles", señala el proyecto. Es así como, de acuerdo con la impotencia de la justicia a la hora de castigar y resocializar a los autores de los grandes crímenes de nuestro país, Clopatofsky, en conjunto con otros nueve senadores, ve en la pena de muerte el único mecanismo de coerción y castigo con el que contaría la justicia colombiana.

La medida entraría a castigar únicamente los delitos de terrorismo y secuestro en concurso con homicidio, como el atentado en el Nogal y lo sucedido con los tres indigenistas estadounidenses secuestrados por las Farc que más tarde aparecieron muertos. La delimitación se da debido a la impunidad e ineficacia de la justicia colombiana a la hora de castigar otros delitos, como robo y violaciones, en los que nunca se encuentran los culpables o se acusa a alguien inocente.

El senador ponente del proyecto es el conservador Carlos Holguín Sardi, quien se manifestará a favor la próxima semana en el Senado. "Aunque toca hacerle algunos ajustes, estoy de acuerdo con el proyecto del senador Clopatofsky, en el caso de genocidio en ataque terrorista y secuestro", afirmó.

Así mismo, hace algunos meses, el senador independiente Vicente Blel propuso que fuera incluido un artículo en la reforma política, en el que se reformaba la Constitución y se daba cabida la pena de muerte. El artículo fue rechazado. Pero dejó en el ambiente político la necesidad de un ajuste en la justicia a la hora de castigar las violaciones a los derechos humanos que se presentan a diario en nuestro país.

A pesar de que este ajuste en la ley es un clamor nacional, Colombia tiene compromisos más serios frente a la eventual aceptación de la medida. Uno de ellos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un tratado al que está inscrita por pertenecer a la Organización de Estados Americanos (OEA). El artículo cuarto de la convención, establece que "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido", Colombia está entre ellos.

"Aceptar la pena de muerte sería improcedimental. Sería una vergüenza nacional", explica el senador Jimmy Chamorro, quien tiene preparada una ponencia al respecto en caso de que el proyecto de Clopatofsky prospere. También hace alusión al artículo 93 de la Constitución que dice que los tratados internacionales deben prevalecer ante cualquier coyuntura y no se puede usar como argumento una difícil situación de orden público.

"El congreso colombiano desconoce las leyes internacionales", señala Chamorro. "En el momento que aprueben la pena de muerte, se sometería al pueblo a un ridículo absoluto. Y Colombia tendría que retirar el proyecto, porque se vería obligada por la Convención Americana, sin mencionar otros tantos acuerdos que irrespetaría".

La ley sería solo uno de los elementos que se opondría al establecimiento de la pena de muerte. La iglesia, que siempre ha estado presente en los procesos e iniciativas referentes a este tema, se opone radicalmente. "La pena de muerte no es solución para nada. Mientras que sí lo es mejorar el sistema judicial de nuestro país, con penas más largas, con terapias, con oportunidades y tratando de resocializar a los criminales". Explica el padre Alirio López, consejero de Vida Sagrada de la Alcaldía de Bogotá. "El quinto mandamiento sigue vigente y mientras eso pase, no pude haber cabida para la pena de muerte. Además no podemos seguir hablando del 'ojo por ojo, diente por diente".

En el mundo

Actualmente en el mundo hay 90 países que tienen implementada la pena de muerte en sus Constituciones políticas. Entre ellos se encuentran Camerún, Chile, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Taiwán, Libia y Japón. Su experiencia habla de algunos resultados por ser, en ciertas ocasiones, un impedimento para los ciudadanos a la hora de pensar en cometer un delito.

"Siempre he creído que la pena de muerte puede evitar crímenes, puede disuadir a asesinos en potencia, puede salvar vidas", ha explicado numerosas veces el actual presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien recurrió en numerosas ocasiones a la medida en el estado de Texas mientras era gobernador. Su posición al respecto se demuestra en que, con una población de 400 millones de habitantes, en Estados Unidos no se presenta ni el tres por ciento de los crímenes que se dan en Colombia. Igualmente, en países como Taiwán, se dan alrededor de seis o siete secuestros al año y uno o dos atentados terroristas en el mismo lapso de tiempo. Estos dos ejemplos son una manifestación de su supuesta efectividad.

A pesar de ello, más de treinta países han abolido la medida en la última década, lo que evidencia una tendencia marcada. Entre sus causas se encuentran los frecuentes errores judiciales que tienen como resultado ejecuciones de personas inocentes y la duda acerca del efecto intimidante y ejemplarizante que surte entre las personas.

Todas estas razones judiciales, políticas y morales revelan que la aceptación de la pena de muerte en Colombia parece estar bastante lejana. Sobre todo porque implicaría una reestructuración de fondo del sistema judicial del país, pues los convenios internacionales, la impunidad y lentitud en los procesos, serían la piedra en el zapato de una medida que reclaman los colombianos más no los derechos humanos, que rechazan la ley del Talión.

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