Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2007/01/30 00:00

La mordaza

Una desconcertante medida judicial le ordenó al diario El Heraldo de Barranquilla no publicar una información. ¿Se abrió la puerta de la censura previa?

La mordaza

En ocasiones para el ciudadano de a pie escuchar que la prensa es uno de los pilares de la democracia, le suena a lugar común y poco dimensiona el alcance de su significado. Para entenderlo sólo basta imaginar lo que hubiera pasado si la prensa no hubiese cumplido su papel en los años ochenta, en la época de los carteles de la droga de Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, en el proceso 8.000 o sin ir más lejos en el actual proceso de la llamada para política. La respuesta es sencilla. Quienes ostentan el poder hubieran manipulado las cosas a su antojo y el pueblo desinformado no conocería las verdades que en su momento se revelaron y que en su momento transformaron el país.

Esta verdad, que para cualquier demócrata es de Perogrullo, parece no haber sido observada por el Juez 2 penal del Circuito de Barranquilla Hernando Estrada Peña, quién en un fallo de tutela insólito, por decir lo menos, le ordenó al diario barranquillero El Heraldo no publicar ningún informe que mencione a la empresa Métodos y Sistemas S.A.. La medida se dio al aceptar una tutela interpuesta por Armando Ramón Blanco Dugand, que es el apoderado de la firma, y quién alega la violación del buen nombre y la honra de la empresa.

El pleito se originó cuando El Heraldo hizo seguimiento a las denuncias hechas por el ex alcalde Bernado Hoyos, según las cuales el mayor accionista de ese momento de la firma Métodos y Sistemas habría servido de vehículo para que a la campaña del alcalde de Barranquilla – hoy suspendido- Guillermo Hoenisberg ingresaran 2.500 millones de pesos del Bloque Norte de las autodefensas, lideradas por alias Jorge 40. Denuncias que están en investigación.

La decisión judicial de inmediato produjo reacciones en contra de la Fundación para la Libertad de Prensa y de Andiarios. Esta última califica la decisión de arbitraria y cita el artículo 20 de la Constitución Nacional en donde de forma categórica se prohíbe la censura.

Sin lugar a dudas estas garantías constitucionales a la prensa le confieren una responsabilidad social inmensa sobre lo que publica y para esto la ley contempla acciones dentro del marco legal. Pero es difícil quitarle el tufillo que tiene a censura el hecho que exista una orden para que no se publique una información relevante y de interés público. En este caso eso no tiene dudas. ¿Acaso no tiene interés público que el alcalde de una de las principales ciudades del país pudiera actuar en contubernio con los paramilitares? ¿O no es relevante que esto se haya hecho a través de la empresa que maneja la información tributaria de los ciudadanos de esta ciudad?. Además no deja de ser paradójico que esto suceda con una empresa que sistemáticamente ha presentado tropiezos para atender a la prensa y dar a conocer a los medios sus descargos frente a las acusaciones que se le hacen.

A este episodio de censura se suman hechos recientes en otras ciudades como en Sincelejo, Sucre, Montería, Córdoba y Cúcuta, Norte de Santander, donde misteriosamente compradores anónimos han adquirido la mayor parte de los ejemplares de medios que han revelado posibles vínculos con el paramilitarismo de líderes políticos y empresariales de esos lugares.
Lo sucedido en Barranquilla debe generar una reacción inmediata del Consejo Superior de la Judicatura evaluando la decisión tomada por el juez, y acciones concretas del gobierno para evitar que la información fluya con libertad para que la gente esté informada de lo que pasa, que en últimas es la razón de ser de la prensa. Claro está si es la democracia lo que interesa.


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