La oficina podría mejorar

Cada vez que se busca renovar el convenio que le da vigencia a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, creada por un acuerdo celebrado entre el gobierno de Colombia y la ONU el 29 de noviembre de 1996, surge la pregunta ¿qué importancia tiene este mecanismo para el país? En segundo lugar, si es posible hacer aún más productivo el mecanismo, ¿qué innovaciones podrían introducirse? Otra pregunta es ¿en qué contexto preciso se darían las condiciones necesarias para superar la necesidad de contar con esta oficina? ¿Cuándo estarían dadas las condiciones para suspender este convenio? Estas son preguntas útiles pues permiten ayudar a pensar en este instrumento.

Por la alta responsabilidad que cumple, es claro que cualquier gobierno sabe que depende altamente del criterio de la oficina. La comunidad internacional tomará muy en cuenta sus opiniones y el tono de estas, independientemente de la gestión que el propio gobierno haga.

En este sentido, la oficina introduce un riesgo general para cualquier administración. Sin embargo, y si la oficina está conformada por personas altamente especializadas, conocedoras del tema y con una enorme experiencia en los temas de derechos humanos, ésta puede ser un activo para un gobierno, en tanto que sería un actor que contribuye a explicar a la comunidad internacional las actuaciones del gobierno y el contexto en el que se dan las violaciones a los derechos humanos y las oportunidades de mejoramiento.

En el particular contexto que se ha vivido en el país con relación al tema de derechos humanos, y de institucionalización del tema en la administración pública, la oficina ha ayudado con recomendaciones oportunas que han sido importantes. Una ventaja de la oficina es que puede comentar libremente sobre todos los temas, lo que permite poner retos a todos los actores que tienen que ver con respeto, promoción, garantía y defensa, atención de consecuencias, etc.

Hay que anotar que si hay un tema que ha transformado transversalmente la administración pública en las últimas dos décadas es el de los derechos humanos. Ninguna entidad del Estado ha sido ajena al tema y por el contrario han tenido que incorporarlo en sus actuaciones. Esto ha sido positivo y es una tendencia que viene desde finales de la década de los 80 y que se debe profundizar.

El proceso de institucionalización es creciente y se debe seguir apoyando pues es la única forma de reducir las violaciones de los derechos humanos. No puede perderse de vista que nada ha sido tan pernicioso para la vigencia de los derechos humanos en Colombia como la presencia de actores armados ilegales muy bien financiados y con claras conexiones con el narcotráfico, que han generado fuerzas en capacidad de promover violaciones sistémicas a los derechos humanos. El Estado tiene su responsabilidad y es evitar que las violaciones aumenten y buscar todas las condiciones institucionales para la defensa a fondo de los derechos humanos.

Como mejorar la actuación de la oficina

Muchas veces las recomendaciones son muy generales y no hay forma de profundizar en temas o asuntos específicos. Es bueno que la oficina pudiese asumir no solo el informe general, sino más profundidad en temas estratégicos en la agenda de desarrollo de los Derechos Humanos del país y hacerles un seguimiento más a fondo y contribuciones mas precisas que apoyen al desarrollo institucional. Creo que una de las tareas que debe desarrollar más a fondo es asesorar a las autoridades e instituciones colombianas en el desarrollo de políticas y programas para la promoción y protección de los derechos humanos y del DIH. Para mi gusto las recomendaciones, aunque importantes, sitúan la contribución a un nivel general.

Por ejemplo, si se observa que se requiere profundizar en el trabajo de la Defensoria, o el Ministerio del Interior y Justicia, o de la Procuraduría, o del Programa Presidencial, entonces que se hagan recomendaciones específicas sobre estos temas, con propuestas que contribuyan a la construcción institucional. De lo contrario, se puede caer en recomendaciones muy generales que no contribuyen suficientemente a la modernización de la administración pública. El trabajo más a fondo permitiría entender mejor las restricciones con las que trabaja el gobierno y los desafíos que tienen la administración en este campo y ser más consciente de los esfuerzos que se hacen, que no son pocos.

En líneas generales, la oficina ha sido importante y su presencia en el país es relevante. Pero es bueno ver la oficina no como un hecho inmutable, sino como una realidad dinámica, mutante, y estar dispuesto a establecer en que condiciones se podría dar su terminación. Es bueno que la oficina busque diálogos cercanos con la Administración, no solo por la vía de los informes escritos sino también de un dialogo mas a fondo y a veces mas franco y más constructivo. Colombia necesita aliados internacionales para superar las condiciones de violación a los derechos humanos, pero sobre la base de la confianza en las instituciones colombianas y con toda voluntad de contribuir a la modernización de la administración publica. Este es el tipo de acompañamiento que requiere Colombia de la comunidad internacional.

Por su parte, el gobierno debe tener un solo vocero frente a la oficina, sin perjuicio de una participación plural. Y de esta forma contribuir a institucionalizar las relaciones con la oficina y darles la mayor trascendencia. Nadie mejor que la oficina del Vicepresidente, que alberga el programa presidencial de los derechos humanos para hacerlo.

*Director Fundación Corona