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| 2/7/2006 12:00:00 AM

La polémica palma

Es posible que la palma africana no sea la salvación del país, como parece creerlo el gobierno, pero tampoco es el demonio que denuncian algunas ONG.

"El país no se puede conformar con 200.000 ó 300 mil hectáreas de palma ni con 600.000. Hay es que tener millones", dijo hace un año el presidente Álvaro Uribe, quien se ha convertido en el mayor promotor de este cultivo en el país. "El desarrollo de la palma es una expectativa de toda la Nación". Pero en realidad hay una porción de la Nación cuya única expectativa es que se frene de inmediato el desarrollo de megaproyectos de palma africana, pues la asocian con daños ambientales, despojo y muerte. Para esas personas el escenario idílico de millones de hectáreas de palma del Presidente es una pesadilla contra la que luchan todos los días ¿Qué lleva a unos y otros a asumir posiciones tan distantes?

La palma africana, que empezó a cultivarse en el país en los años 50, viene expandiéndose significativamente gracias al impulso que le ha prestado el gobierno con exenciones tributarias y financiación a proyectos productivos para sustituir los cultivos ilícitos. El viernes pasado, por ejemplo, el gobierno anunció que 113 familias del Catatumbo habían cambiado sus cultivos de coca por 1.041 hectáreas de palma africana o aceitera. De acuerdo con la oficina de Acción Social de la Presidencia, esos campesinos del municipio de Tibú, en Norte de Santander, planeaban cultivar otras 5.500 hectáreas y conseguir recursos para instalar una planta extractora del fruto. Esta experiencia se suma a otras decenas de proyectos palmíferos en Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Santander y Nariño que el gobierno viene promocionando como alternativa a los cultivos ilícitos y también como pilar de la reactivación económica y social del país.

La palma aceitera está en el centro de toda la estrategia de desarrollo para el campo del presidente Uribe. De acuerdo con Diego Bautista, uno de los artífices del documento 2019, que consigna las metas de reducción de pobreza de los años venideros, esto se debe a que la palma aceitera es uno los cultivos con más alto potencial exportador hacia el futuro.

Por un lado, recientes estudios médicos elaborados en Estados Unidos descubrieron que las grasas hidrogenadas, como las derivadas de la soya, son nocivas para la salud y la Fundación Norteamericana del Corazón y la que regula los alimentos (FDA) recomiendan ahora sustituirlas por derivados de palma, por lo que se le abrirá un nuevo mercado a este producto.

Además, el alza en el precio internacional del petróleo justifica el paso a combustibles como el biodiesel, que se elabora con aceite de palma. Este mercado potencial es inmenso, pues aunque se destinara toda la producción mundial de palma para sustituir el petróleo y sus derivados, eso sólo alcanzaría a cubrir un 10 por ciento de la demanda. Ello explica en parte el entusiasmo de Uribe con la palma africana.

Detractores de la palma

Pero mientras el Presidente se muestra tan optimista con la palma africana hay una férrea oposición a estos proyectos por parte de ONG ambientalistas y de derechos humanos que en sus informes se refieren a la "palma maldita", a "la palma de muerte a sangre y fuego" o al "palma-paramilitarismo". Basta poner un pie en el Chocó para oír hablar de la palma africana como si fuera el demonio. Hasta en el caserío más alejado alguien repite la leyenda negra según la cual toda la ofensiva paramilitar que desde 1997 ha desplazado a más de 3.000 campesinos obedece a un plan para apoderarse de los terrenos de las comunidades negras e indígenas y llenarlos de palma.

"La plata de la palma se va en mujeres y piche", dice un motorista del Atrato. Cuando algunos integrantes de la Diócesis de Quibdó vinieron a Bogotá para recibir el Premio Nacional de Paz, una desplazada que hacía parte de la comitiva repitió delante de todos los miembros de la prensa la acusación que se oye en todos los rincones del departamento: que el propio Presidente tenía una finca de palma en un terreno colectivo. Pero cuando le pidieron pruebas, se retractó diciendo que ellos imaginaban que eso era así porque el gobierno no hacía nada para detener el avance de estas plantaciones.

Aunque las acusaciones contra el Presidente no parecen tener fundamento, lo cierto es que detrás de toda la leyenda negra de la palma en el Chocó hay graves denuncias. La Diócesis de Quibdó ha denunciado que tras las masacres y ofensivas de paramilitares -en algunos casos auxiliados por el Ejército- vienen los grandes proyectos de palma africana. Pueblos al norte del río Jiguamiandó como Andalucía, y Puerto Lleras, que sufrieron desplazamientos masivos entre 1996 y 2001, ahora ven florecer la palma africana.

No existe la prueba reina de una relación entre los nuevos propietarios de esos cultivos y los paramilitares, pero Juan Rodrigo García, vocero político del bloque Elmer Cárdenas en el alto Chocó, dijo en una entrevista a Semana.com que los terratenientes dueños de los cultivos que van de Unguía a Acandí son "amigos del profe Castaño". "Consiguieron las tierras por medio de compras mal definidas de terrenos abandonados", dijo. También el jefe paramilitar Vicente Castaño aseguró a Semana.com que las autodefensas tenían cultivos de palma en el Urabá.

Los nativos denuncian también que el monocultivo de palma es ajeno a sus tradiciones que consisten en una agricultura de subsistencia basada en cultivos de arroz, borojó y la pesca. De acuerdo con el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales estas plantaciones modifican la estructura y composición de los suelos y la abundancia de especies de fauna y flora de los bosques primarios. Por eso cuando se camina por la selva y se llega a un cultivo de palma, de repente se hace silencio. No hay casi animales. Por eso a estas plantaciones se las apoda "desiertos verdes". Lo más grave es que se asientan en zonas que las comunidades reclaman como propias en el marco de la titularización colectiva de 1991.

En respuesta a estos reclamos, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) denunció en marzo del año pasado una ocupación indebida de 5.000 hectáreas de tierras en los ríos Jiguamiandó y Curvaradó que pertenecen a las comunidades negras e indígenas que habían sido desplazadas por la guerra. Los empresarios palmeros impugnaron el documento, asegurando que ellos fueron comprando terrenos a personas que tenían títulos privados. La entidad ya determinó que en efecto existían títulos que no se tuvieron en cuenta al limitar el espacio de las tierras colectivas. Y aunque las conclusiones finales no han salido a la luz pública, Silvio Galvis, del Incoder, confirmó a Semana.com que ya acabaron con la revisión jurídica y los títulos privados existentes no eran 142 como se dijo en un comienzo, sino 238. De todas formas, Codechocó confirmó que siete de las ocho empresas implicadas no contaban con permiso para explotación forestal y que se preparan sanciones contra ellas.

En un informe del 2 de junio de 2005, la Defensoría del Pueblo seccional Urabá también detalla cómo los habitantes de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó reciben amenazas de grupos armados ilegales, desplazamientos continuos a la par que avanzan los cultivos de palma africana dentro de sus territorios, por lo que la entidad ordenó suspender la siembra de nuevos cultivos.

La palma no tiene la culpa

Estas preocupantes denuncias de lo que sucede en el Chocó, no justifican que se estigmatice a este cultivo en su conjunto. "Es como si uno saliera a decir que todos los colombianos son ladrones o narcotraficantes", asegura Jens Mesa, presidente de Fedepalma, la principal agremiación de productores de palma aceitera. Mesa cree que las denuncias sobre lo que ocurre en el Chocó se han centrado en la palma y no en los actores que han hecho mal uso de esta. Sobre la identidad de estos "actores" pesan muchos chismes oscuros, pero lo único cierto -según Mesa- es que nadie los conoce en el medio palmicultor colombiano, que tiene una tradición de más de 50 años.

Para los palmicultores tradicionales fue una gran sorpresa enterarse de que se estaba llenando de palma el Urabá chocoano, porque de acuerdo con estudios ambientales y fitosanitarios, la selva chocoana y la Amazonia habían sido declaradas no aptas para el cultivo. Según Miguel Ángel Mazorra, director ambiental y de infraestructura de Fedepalma, en esos terrenos prácticamente no hay suelo y cualquier actividad agrícola puede alterar esos ecosistemas dada su alta fragilidad. Para completar, existe el precedente de un hongo que en los 80 acabó con una compañía palmera en Turbo, Urabá, donde las condiciones naturales son similares.

Para responder a los ambientalistas, Fedepalma explica que el 90 por ciento de las 280.000 hectáreas sembradas de palma en Colombia no se levantaron sobre selvas vírgenes, sino sobre terrenos agrícolas que se destinaron a este nuevo uso. Jens Mesa reconoce la gravedad de lo que sucede en el Chocó, pero cree que toda la mala propaganda contra la palma obedece a que como el presidente Uribe decidió volverse un defensor convencido de su cultivo, sus opositores creen que criticando a la palma lo critican a él. "El problema es que este tipo de propaganda es terriblemente dañina para el sector palmero, pues los principales clientes son europeos que quieren que todos los productos sean ecológicos y fruto de condiciones sociales justas", asegura.

Otro tipo de argumentos esgrimidos contra la palma, como el hecho de que sólo beneficia a lo ricos, tampoco es justificado. Mesa explica que el sector genera 75.000 empleos directos y otros 300.000 indirectos. El gobierno dice que la palma favorece la ampliación de cobertura social pues permite que miles de familias se vinculen a la seguridad social, estimula la creación de empresa e impulsa la revolución educativa, pues se le da trabajo estable a una mano de obra que no es nómada.

Además, los proyectos productivos impulsados por el gobierno se logran mediante la creación de empresas donde los campesinos son propietarios. Los cultivadores se organizan en cooperativas que se alían con empresarios que se comprometen a comprarles la producción o a suministrarles técnica y semillas, lo cual les permite acceder a créditos con mayor facilidad. Según cuenta Álvaro Balcázar, que estuvo a cargo de un reciente estudio sobre esas alianzas, gracias a este modelo, desde 1998, 4.500 pequeños productores se han convertido en propietarios de cultivos de palma que suman unas 35.000 hectáreas (lo que equivale a un 25 por ciento del área nueva de cultivos) y se espera que en 2006 los pequeños lleguen a tener otras 52.000 hectáreas.

Algunas de estas alianzas no han funcionado tan bien y sus críticos apuntan al hecho de que los trabajadores pierden su estabilidad si la empresa quiebra o tiene una mala cosecha. Esto tiene que ver con los pro y los contra de ser propietario, algo para lo que no todo el mundo está hecho, según Balcázar. También ha faltado un filtro para escoger las personas idóneas por parte de los gestores de estas alianzas productivas, y en el caso de la sustitución de cultivos ilícitos o de reinserción, el ser ex cocalero o ex guerrillero no asegura que la persona sea un buen palmicultor. "Es una cuestión de carácter", dice Mesa. "La producción y el comercio de aceite de palma tiene ciclos de vacas gordas y de vacas flacas, y el buen emprendedor debe saber ahorrar e invertir teniendo en cuenta esto". Por ejemplo, el año pasado la revaluación redujo el ingreso palmero en un 28 por ciento.

De cara al TLC, la parte que le tocará al país en el prometedor mercado internacional del aceite de palma también dependerá de qué tan competitivo se logre llegar a ser con respecto a países como Malasia, donde los costos de producción y la infraestructura son mucho mejores. En una columna en Portafolio, el ex ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, explicaba que el ensanchamiento del mercado de los aceites no hidrogenizados en Estados Unidos le auguraba un buen futuro a las plantaciones colombianas que se encuentran en las costas pero no tanto a las del interior, porque "cuesta lo mismo sacarla del Casanare que de Indonesia".

Si Colombia realmente le apuesta su futuro a la palma, queda mucho por hacer. Por ejemplo, invertir en tecnología, infraestructura, capacitación y obviamente, en una regulación que impida que violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente como los cometidos en el Chocó se repitan. Es hora que el debate sobre la palma -politizado por unos y otros- supere lo ideológico.
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