Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2006/08/16 00:00

La Policía captura a la cúpula de las AUC

La Policía capturó a los más reconocidos y beligerantes líderes de los grupos paramilitares: Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, ‘Ramón Isaza’, ‘Julián Bolívar’, ‘Macaco’, ‘El Águila’ y ‘Cuco’, entre otros. El presidente Uribe ordenó recluirlos.

La Policía captura a la cúpula de las AUC

En una sorpresiva acción, la Policía Nacional capturó en la mañana de este miércoles a 10 de los más reconocidos y beligerantes líderes de los grupos paramilitares: Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, ‘Ramón Isaza’, ‘Julián Bolívar’, 'El Águila', 'Cuco', ‘Macaco’, ‘H. H.’, ‘Diego Vecino’ y ‘Gordo Lindo’. Para la tarde noche de hoy estaba prevista la detención o entrega de Vicente Castaño, ‘El Mellizo’, ‘Jorge 40’ y ‘Pablo Sevillano’.
 
Todos han formado parte del Estado Mayor Negociador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que lideró la desmovilización de 30.000 paramilitares. El presidente, Álvaro Uribe Vélez, le informó al país que los detenidos deben ir a sitios de reclusión que reúnan tres elementos: dignidad, sobriedad y austeridad. En principio se estableció que todos serán recluidos en La Ceja, un municipio cercano a Medellín. Textualmente el Jefe del Estado señaló: “Deben estar en unos lugares de reclusión controlados por el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario de Colombia), unos lugares con dignidad, unos lugares austeros y en esos lugares pueden seguir las gestiones de paz”.

Para Uribe “los procesos de paz salen adelante cuando ganan credibilidad, estos son esfuerzos para que este proceso (de paz) salga adelante”. Así las cosas, para la opinión pública hay un mensaje de tranquilidad al ver, al menos en calidad de recluidos, a unos temibles jefes de grupos armados y no en la calle exhibiéndose insólitamente como ha ocurrido hasta ahora.

Sin embargo, hay que anotar que la orden de reclusión fue concertada según explicaron hoy los propios voceros de las AUC. Durante una rueda de prensa en la sede Policía en el Valle de Aburrá, en Antioquia, Ernesto Báez dijo que "después de una reunión ayer con los altos mandos de la Policía y el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, hoy voluntariamente los miembros representantes de las autodefensas desmovilizadas decidimos acudir al llamado del Presidente, y así lo hicimos saber". (Ver comunicado del Alto Comisionado para la Paz) 

A pesar de esto, la orden de reclusión contra los dirigentes más reconocidos e influyentes es un mensaje de dureza del Gobierno para la cúpula y también para el resto de la tropa desmovilizada pues en algunos puntos del país se ha detectado que han seguido delinquiendo. Las AUC contaba con 37 bloques, cada uno con su respectivo jefe aunque los que más poder decisorio son los 14 contra los cuales se tomó la medida hoy.

Aunque inicialmente la noticia produjo espectacularidad con el transcurso del día quedó en claro que el proceso de ninguna manera se iba a romper por este hecho. Esta afirmación se basa en algunos hechos notorios. Por ejemplo, Salvatore Mancuso llegó ante la autoridad en una lujosa camioneta, se bajó sereno y explicó que él siempre había cumplido con la justicia y que por eso venía ahora. Lo hizo ante las luces y los reflectores de varias cámaras de televisión.

En otros casos, los cuerpos de seguridad del Estado fueron casa por casa de los jefes de las AUC.

“Vamos en busca de Vicente Castaño, ‘El Mellizo’, ‘Gordo Lindo’ y ‘Jorge 40’, entre otros”, le dijo una fuente a SEMANA.COM hacia el mediodía de hoy miércoles. Contó que la idea inicial era detenerlos a todos en grupo pero que estos se habían dispersado. En total se libraron 14 órdenes de captura.

“De esas 14 personas que sabemos que nuestros colegas colombianos atraparán, nueve de ellos tienen orden de extradición. Y se lo vamos a notificar a cada uno de ellos personalmente”, le dijo otra fuente de la DEA a SEMANA.COM al comentar el episodio.
Por eso, para muchos la decisión presidencial lo que hace, en el fondo, es proteger a los jefes paramilitares ante posibles extralimitaciones que terminen haciéndoles perder los beneficios adquiridos por su desmovilización. Con la presión de Estados Unidos encima y ante el seguimiento con lupa de Naciones Unidas y las ONG de derechos humanos, el gobierno necesitaba brindar la sensación de que el proceso es manejado con mano dura y que no permitirá que los ex combatientes hagan alarde de su libertad mientras a las víctimas no se les ha dado una respuesta sobre los bienes y seres queridos que les fueron arrebatados.

De hecho el presidente Uribe había señalado el lunes que mantendrá suspendidas las órdenes de extradición de los jefes de autodefensas requeridos por Estados Unidos siempre que estuvieran en un sitio de reclusión, como ocurre desde hoy. Dicha posición fue ratificada dos días después por el ministro del Interior, Sabas Pretelt, al asegurar que la reclusión de los ex paras hace parte de los acuerdos con las autodefensas. “Ellos necesitan estar en un lugar de reclusión digno, austero y a cargo del Inpec”, aseguró Pretelt.

Mancuso, por ejemplo, también lo admitió desde Montería, al ingresar a las instalaciones de la Dijín: “Vengo a entregarme en cumplimiento de una orden presidencial, orden que respeto y acojo. Desde acá continuaremos el proceso de paz”.

La casi totalidad de sus miembros ha hecho dejación de sus armas, después de haber protagonizado algunas de las más sangrientas matanzas y asesinatos contra civiles desarmados o ciudadanos que ellos consideraban cercanos, simpatizantes o militantes de su acérrima enemiga: la guerrilla de izquierda. No hubo un solo rincón del país en donde no dejaran su huella de sangre.

Sin embargo, su reincorporación a la vida civil no ha sido fácil debido a las falencias del marco jurídico por aplicar. Esto ha hecho que el proceso viva en sobresaltos permanentes que alcanzaron su punto más alto esta semana cuando por primera vez el presidente Uribe amenazó con el garrote de la extradición para aplacarlos.

Y es que la herramienta de la extradición ha sido el poder disuasivo que el gobierno ha exhibido en todo el proceso. Así, por ejemplo, Mancuso tiene una orden de extradición que fue suspendida por el gobierno para que pudiera desplazarse por todo el país liderando el proceso de desmovilización de sus tropas. Dicha concesión al ex jefe paramilitar generó una enorme presión internacional que consideraba que la medida era demasiado laxa para una persona que, además de narcotráfico, tenía en su prontuario horrendas masacres como la de El Salado.

Otro de los capturados, de quien no se ha hecho pública su solicitud de extradición, es Ernesto Báez. “Vamos a mirar qué tenemos contra él”, aseguró la fuente de la DEA.
’El Águila’ es un paramilitar que sembró de dolor buena parte del departamento de Cundinamarca. Precisamente su captura de hoy se produjo en la sede de la Gobernación, en una céntrica avenida de Bogotá, en donde, según él mismo explicó “estaba haciendo unas vueltas”.

Esta mañana, en su casa en Medellín, la Policía capturó a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Javier Montañés’ o ‘Macaco’, sin duda uno de los líderes de mayor influencia en los grupos paramilitares de Colombia. Como las demás detenciones, ésta fue hecha por unidades de la Dijín, de la Policía Nacional, con participación de la Fiscalía y en algunos casos del DAS.

‘Macaco’ es un poderoso hombre, que a juicio de Estados Unidos tiene una enorme influencia en el ámbito del narcotráfico, al punto que él fue decisivo en la búsqueda de un acuerdo de paz entre las dos facciones del cartel del norte del Valle lideradas por Diego Montoya (alias ‘don Diego’) y Wilber Varela, alias ‘Jabón’. Su centro de operaciones está en el Eje Cafetero, región en la que es conocido su poder de infiltración en organismos de inteligencia y las altas esferas políticas. Además ahora se está metiendo de lleno en los equipos profesionales de fútbol, como el Deportivo Pereira, porque sabe que los clubes generan un sentimiento favorable entre amplios sectores de la población.

Otro de los capturados más notorios es Ramón Isaza, considerado como el jefe paramilitar más antiguo del país. Es un campesino analfabeto del Magdalena Medio que hace más de 40 años fundó uno de los primeros grupos de autodefensa para defenderse de los ataques de la guerrilla. Se hizo célebre en la región por su estilo sanguinario y por su forma de impartir justicia con un revólver 9 mm. Pese a que siempre argumentó que su accionar como jefe paramilitar no tenía que ver con el narcotráfico, las autoridades tienen pruebas que lo vinculan con la producción y exportación de cocaína a través del mar Caribe. Además, fue uno de los protagonistas de la guerra del cartel de Medellín para hacerse al control en el Magdalena Medio y en la que estuvieron también involucrados Pablo Escobar Gaviria y José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’.

Isaza fue en principio uno de los jefes paramilitares más reticentes a los diálogos de paz impulsados hace tres años por el hoy desaparecido jefe de las AUC, Carlos Castaño. Se desmovilizó el 7 de febrero, llegó con un reluciente fusil M4 con mira telescópica. Una arma muy distinta al revólver 9 mm que siempre lo acompañó, un símbolo de que no estaba diciendo plenamente la verdad.

La ausencia de transparencia ha sido una queja permanente en el proceso. Por eso, cuando los paramilitares estaban concentrados en Santa Fe de Ralito, un punto geográfico del municipio de Tierralta, en Córdoba, se les acusó de continuar con sus acciones delictivas. Así, se sindicó a Diego Murillo Bejarano, ‘Don Berna’, de asesinar al diputado liberal Jaime Torralva justo cuando estaba en plena campaña política. El incidente, que generó roces con el gobierno de Estados Unidos, terminó con su traslado a la cárcel de Itagüí.

Precisamente, este tema es uno de los palos en la rueda para el proceso. Mientras algunos sectores creen que lo que buscan los paras es guardar silencio de sus actos y quedarse con sus inmensas fortunas obtenidas por la expropiación a la fuerza de fincas y haciendas y por las ganancias del narcotráfico, las víctimas exigen que digan “la totalidad de la verdad de lo que ocurrió” como única forma para sanar las heridas.

Semana de tensión

La captura de los máximos jefes paramilitares es el desenlace de una semana de tensión entre el gobierno y las autodefensas, ante la reticencia del grupo armado por someterse a la Ley de Justicia y Paz. Ante las presiones de las autodefensas, el presidente Uribe endureció su lenguaje el lunes y les pidió que se acojan plenamente a la norma, so pena de perder los beneficios jurídicos adquiridos con la misma, incluida la suspensión de extradición de sus máximos representantes.

La advertencia quedó consignada en un comunicado de cuatro puntos que el propio Jefe de Estado leyó a la salida de una reunión de alto gobierno convocada para analizar la crisis del proceso de desmovilizaciones y a la que asistieron el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y el ministro del Interior, Sabas Pretelt.

Según el comunicado, los desmovilizados que sean llamados a los Tribunales de Magistrados constituidos para resolver su situación jurídica deberán hacerlo de inmediato.

La comunicación del Presidente se produjo en plena crisis del proceso y tras sucesivas declaraciones de jefes paramilitares y funcionarios del gobierno, los primeros amenazando con levantarse de la mesa si se les aplicaba la norma modificada por la Corte Constitucional y los segundos pidiendo a toda costa la continuidad del proceso.

Para muchos, Uribe pretende hacerles saber a las autodefensas que el sometimiento a la ley no es opcional, máxime cuando ya les fue aplicada en la fase de dejación de armas. Y el llamado para que los desmovilizados permanezcan en sitios de reclusión va para varios de los comandantes a quienes se les ha visto de compras en reconocidos centros comerciales alardeando de su libertad, situación que ha generado desconfianza frente a la seriedad del proceso.

Pero la mano dura que Uribe anuncia en los tres primeros puntos de su comunicado es contradictoria con la zanahoria del cuarto, en la que señala que expedirá el decreto reglamentario de la ley y que “en caso necesario acudirá de nuevo al Congreso”. En otras palabras, la ley ya está hecha y las autodefensas no la deben cuestionar, pero el gobierno puede -por iniciativa propia- pedirle al Legislativo que la modifique. ¿Hasta qué punto o con qué objeto? Eso es algo que no precisa el Presidente.

Hoy el vicepresidente de la República, Francisco Santos, anunció que el país debía ir en la búsqueda de los consensos para crear una ley que sirviera no sólo para los paramilitares sino para todos los grupos irregulares.

Para las autodefensas, en la actualidad no hay seguridad jurídica lo que pone en riesgo el proceso permanentemente. Según las autodefensas, esas garantías dejaron de ser claras con el fallo que la Corte Constitucional emitió al revisar si la norma se ajustaba o no a la Carta Política. Al decir de Ernesto Báez, vocero político de los paramilitares, se trata de un cambio en las reglas de juego que amenaza el proceso de desmovilización. En este tira y afloje se produce ahora esta reclusión masiva, un capítulo más en un proceso en el que Uribe ha invertido la mayor parte de sus energías. Y que por lo pronto seguirá dando de que hablar.

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