Domingo, 22 de enero de 2017

| 2008/08/21 00:00

La pruebas ácidas de la parapolítica

Tres ex congresistas que renunciaron a su fuero para ser investigados por la Fiscalía, han sido exonerados, dando la impresión de que el proceso judicial más importante de la historia reciente del país flota sobre un mar de indicios que no logran convertirse en pruebas sólidas.

El ex congresista William Montes salió este miércoles de la Cárcel La Picota de Bogotá, después de estar recluido un año y cinco meses. Foto: Juan Carlos Sierra

Con la absolución del ex congresista del Partido Conservador, William Montes, ya son seis los parlamentarios que salen airosos de las investigaciones de la parapolítica. En tres casos, la misma Corte Suprema que les inició procesos, los cerró, pues no encontró mérito para seguirlos. Es ese el valor de la justicia: reemplaza los mantos de dudas por certezas.

Los otros tres casos que llevaba la Fiscalía son diferentes. Los congresistas en cuestión habían renunciado a su fuero para evitar que los investigara la Corte, y en dos casos la Fiscalía acusó y los llevó a juicio. Los jueces de primera instancia, sin embargo, encontraron que las pruebas no eran suficientes. En el tercer caso, el Fiscal decidió archivar el proceso por falta de pruebas.
 
Y es aquí donde surge las preguntas: ¿simplemente se hizo justicia? ¿o falla algo en la estrategia de la Fiscalía para sustentar las acusaciones y presentarlas a los jueces? ¿o más bien, están los jueces interpretando la pruebas con un criterio más laxo en favor del acusado que el usado por la Corte?

No hay que olvidar que la Sala Penal de la Corte Suprema ha condenado a 9 congresistas, y uno está a la espera de fallo condenatorio. De estos, seis se acogieron a sentencia anticipada, es decir aceptaron de entrada ser culpables.

A las recientes absoluciones se suma la decisión que tomó la Fiscalía este martes de revocar la medida de aseguramiento del ex senador y aliado político del Presidente, Mario Uribe, con el mismo argumento de que no hay suficientes pruebas. ¿Para qué entonces la Fiscalía hizo tanto aspaviento en meterlo a la cárcel, cuando no sabía siquiera si las pruebas eran sólidas? Aunque, el ex congresista sigue vinculado a las investigaciones, la decisión que suscribió el ente investigador arroja un manto de duda.
 
No se sabe si la decisión es más política que jurídica, debido a la enorme presión que ha ejercido el Ejecutivo en este caso, o está genuinamente basada en derecho, y realmente pone en duda la veracidad de las pruebas y testimonios, entre los cuales está el de Jairo Castillo, alias Pitirri, que han sido clave en los procesos contra otros congresistas que lleva la Corte.

Si bien aún no se cierran los casos contra William Montes ni contra Merlano, pues hasta ahora hay fallo de primera instancia y finalmente la Corte Suprema será la que diga la última palabra, vale la pena abrir el debate público sobre estas preguntas que dejan sobre el tapete las últimas decisiones judiciales. De cómo resulte el proceso de la parapolítica dependen en gran parte el futuro de la democracia colombiana, pues sólo una justicia firme e independiente podrá garantizar que todo servidor público que haya sido cómplice de la barbarie paramilitar quede impune, y a la vez, que quien haya sido involucrado injustamente pueda dejar su nombre en limpio.

El debate

“La Fiscalía le está dando la razón a los congresistas que han renunciado a su fuero para evadir la justicia y buscar, no más tiempo ni una doble instancia, como dicen, sino impunidad y absolución”, dijo Claudia López, quien ha sido una de las investigadoras académicas más reconocidas por su trabajo sobre la parapolítica. Según ella el rasero con el que la Fiscalía está valorando las pruebas es muy distinto al que ha usado la Corte Suprema de Justicia.

La senadora Gina Parody también denunció en los últimos días la falta de eficacia de la Fiscalía en la investigación de otros pactos secretos que, como el de Ralito, sellaron la alianza entre paramilitares y políticos, como el de Chivolo y el de Pivijay. Estos casos están a punto de precluir por vencimiento de términos. “Creo que la Fiscalía está exponiendo al país a que sea la Corte Penal Internacional la que juzgue”, dijo Parody a Semana.com.

Las preocupaciones de Parody y otros han tenido eco internacional. La semana pasada la Corte Penal Internacional (CPI) expresó, a través de una carta, su interés en que se juzgue también a políticos que fraguaron alianzas con paramilitares, y que fueron cómplices, o coautores en algunos casos, de crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora los congresistas han sido investigados por el delito de concierto para delinquir y no por delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.

El caso Montes

Pese a que William Montes suscribió el ‘Pacto de Ralito’ (en el que 32 personas entre paramilitares y políticos se reunieron para ‘refundar la patria’), el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá no encontró pruebas suficientes para inculparlo de algún delito.
Montes Medina (yerno de Nicolás Curi) estaba detenido desde el 14 de mayo de 2007. El ex director de informática del DAS, Rafael García, lo acusó de haber recibido el apoyo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en las elecciones de 2002. El puente para este apoyo habría sido la empresaria del chance, Enilse López, conocida como ‘La Gata’.
Sin embargo a su favor declararon los ex jefes paramilitares Diego Vecino y Salvatore Mancuso, quienes desmintieron la versión.

“La asistencia a la reunión de Ralito y la firma del documento que allí se suscribió por parte de Montes Medina son circunstancias que por sí solas no confirman el delito de concierto para delinquir”, indicó la sentencia del juzgado.

“¿Cómo se va a explicar eso a la Justicia Internacional?”, preguntó la investigadora López, quien adujo que el Pacto de Ralito es parte importante del soporte probatorio en la investigación de la parapolítica que adelanta la Corte.

“¿Cómo es que ahora la Justicia dice que firmar el pacto de Ralito no constituye en sí mismo un delito? Yo si quiero ver cómo le vamos a explicar a la Corte Penal Internacional, que en Colombia se acepta que los políticos hagan pactos para ‘refundar el Estado’, que en efecto, cambien las normas para juzgar a los criminales, como fue la ley de Justicia y paz, pero que eso en Colombia no se considera un delito”, reiteró López.
De todos modos la Fiscalía apelará el fallo del juez y eventualmente el caso llegará a la Sala de Casación Penal de la Corte. El problema es que esto puede tomar mucho tiempo.

El caso de Gómez Gallo

Otro de los casos que quedó a cargo de la Fiscalía fue el del ex congresista conservador, Humberto Gómez Gallo, quien quedó en libertad el pasado 12 de agosto. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema ordenó archivar la investigación en su contra, que inició en 2007 la Corte Suprema de Justicia.

Gómez fue vinculado en el proceso por sus presuntos nexos con el narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’ quien fue, el creador del Bloque Tolima de la AUC, hoy extraditado a los Estados Unidos. En su contra atestiguó José Wilton Bedoya Rayo, alias 'Moisés', quien aseguró que Gómez se reunió con alias 'Elías' un jefe del mismo bloque paramilitar que hoy está muerto, en el 2001, con el objetivo concertar apoyos políticos.

Moisés también dijo a los magistrados, en el momento en que la investigación estaba a cargo de la Corte, que Gómez había pagado 300 millones de pesos a los paramilitares para asesinar al representante a la Cámara Pompilio de Jesús Avendaño, en 2001.
Contra Gómez también atestiguaron varios paras de esa región, que hoy están en la cárcel de Picaleña (Ibagué). Entre ellos, alias 'Esteban' quien dijo que había sido testigo de un encuentro entre Gómez y el 'Socio'.

Sobre la preclusión del caso de Gómez Gallo, quien fue presidente del Congreso al igual que Mario Uribe, el Fiscal General, Mario Iguarán dijo a SEMANA que se debió a que “no se dieron los elementos para una acusación”. Sin embargo, esa misma semana se vencían los términos, así que no es claro si el fiscal se apresuró a cerrar el caso porque ya vencían los términos o si realmente investigó y encontró que los diversos testigos que coincidieron en acusarlo mintieron.

El caso Merlano

Jairo Merlano, fue el primer congresista que renunció a su fuero de congresista para no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, sino por la justicia ordinaria. Esta estrategia se puso de moda entre los congresistas investigados por sus presuntos nexos con los paramilitares.

El pasado 20 de junio, el ex congresista de Colombia Democrática, salió de la cárcel convirtiéndose en el primer procesado por 'parapolítica' declarado inocente por la justicia ordinaria. La Jueza Tercera Especializada de Bogotá, Claudia Merchán, consideró que no había pruebas de acuerdos entre Merlano y los paramilitares de Sucre. "Las acusaciones contra el congresista por presuntas alianzas políticas con grupos paramilitares que operaban en Sucre quedaron en el "campo de las probabilidades", suscribió en la providencia la Jueza.

Merlano llevaba 20 meses en la cárcel. El 17 de noviembre de 2006, tras huir nueve días de la justicia y después de que le negaran una tutela con la cual pretendía evitar su reclusión, se entregó a las autoridades.

Como en el caso Montes , en este la Fiscalía decidió apelar. De nuevo, la Corte es la que tendrá la última palabra.


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