La quinta papeleta liberal podría convertirse en un referendo contra el presidente Álvaro Uribe

Uno de las voces que más llamó la atención el viernes pasado durante la reunión en la que los familiares de los diputados secuestrados por las Farc recibieron pruebas de supervivencia de sus seres queridos fue la de Jairo Hoyos. En un video mensaje dirigido a su familia el ex integrante de la duma vallecaucana aprovechó para fustigar a los sectores sociales que cree están haciendo política con su drama y les pidió respetar su tragedia.

Solo dos días después, cuando el Partido Liberal aprobó en su congreso nacional una propuesta para preguntarle al país si respalda o no el acuerdo humanitario, el tema de la politización de la paz volvió escena. Algunos sectores uribistas creen que se trata de una idea para atacar al presidente de la República, Álvaro Uribe, quien durante todo su gobierno ha dicho que no despejará parte alguna del territorio nacional para buscar el acuerdo humanitario.

Se trata de un riesgo natural que corre cualquier propuesta sobre la materia en plena polarización política por el tema. Además, la idea de hacer la consulta al país en plenas elecciones políticas –lo cual no solo la hace más viable sino también económica para el país- termina necesariamente amarrándola a una batalla política. Sin embargo, tanto el contenido de la propuesta como la sustentación que los autores hacen de la misma pueden contribuir a despejar las suspicacias creadas al respecto.

En primer lugar es bueno recordar que el país ya tiene experiencia en cuanto al uso de papeletas adicionales para conocer la voluntad popular respecto a determinado tema. Uno de los más exitosos fue el de finales del gobierno de Virgilio Barco, cuando distintas organizaciones sociales comenzaron a promover la llamada “séptima papeleta”, que convocaba al país para que se pronunciara a favor de una asamblea constituyente, que terminó cambiando la Carta Política en Colombia.

En cuanto a las motivaciones políticas, el ex senador Andrés González, uno de los autores de la iniciativa, cree que es necesario acudir a ciertos conductos establecidos en el régimen político con el fin de sacar adelante la propuesta, pero que eso es muy distinto a decir que esté politizada. González tiene experiencia en materia de paz pues como gobernador de Cundinamarca fue muy activo en esa materia y cree que la mejor forma de poner punto final a una discusión entre el gobierno y la oposición y para brindarle una alternativa al drama de los cautivos es consultar la opinión del país.

Si la propuesta liberal tiene acogida, en las votaciones del 28 de octubre los colombianos recibirán cinco papeletas para escoger alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y para votar a favor o en contra del acuerdo humanitario.

Si el país le da un espaldarazo a la fórmula de la negociación el presidente Álvaro Uribe podría quedar contra las cuerdas salvo que adopte una estrategia ingeniosa para enfrentar el resultado. Si bien es cierto que Uribe no ha dicho oficialmente que se opone al acuerdo, sí ha dejado claro que no retrocederá en su política de seguridad y recuperación del territorio, lo cual lo hace ver más cercano de la estrategia del rescate militar que de la negociación política. Si se impone el no al acuerdo podría interpretarse que la derrota es para las Farc, interesadas en el golpe político que significa sentar al gobierno a hablar de los secuestrados y posiblemente en sacar provecho estratégico del despeje.

En el medio, como siempre, están los rehenes, sacrificados por un flagelo internacionalmente repudiado y doblemente victimizadas cada vez que su drama es usado de manera politiquera. Ojalá que la división política en torno al tema no contamine la propuesta, si es que llega a las urnas, porque a defensores y detractores de la idea no les caería mal saber qué es lo que está pensando el país al respecto.