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| 11/3/2006 12:00:00 AM

La reforma a la justicia, un nuevo tropiezo del Ejecutivo en el Congreso

El Jefe del Estado hizo énfasis en su discurso del 20 de julio, en las instalaciones de las sesiones ordinarias del Parlamento, en que era una de sus prioridades. A pesar de eso, el proyecto está archivado. ¿Por qué?

La comisión primera de la Cámara archivó el proyecto de reforma a la justicia, uno de los caballitos de batalla de este segundo período de Uribe: mencionado por el Presidente como una prioridad en su discurso del 20 de julio.

La iniciativa que tenía como objetivo solucionar el famoso ‘choque de trenes’ entre la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, a pesar de tener mensaje de urgencia y haber sido objeto de un intenso lobby desde ‘Palacio’ con las bancadas, nunca logró el consenso necesario.

Cuando llegó el momento de votar el proyecto el ministro Carlos Holguín contó una y otra vez los posibles votos, pero las cuentas no le dieron. Aunque la mayoría de la comisión primera es uribista (24 de 35 miembros), en el último minuto los cinco representantes de Cambio Radical le dieron la espalda al gobierno, por orden directa de su jefe, Germán Vargas Lleras. Fuera de esto, a la sesión faltaron dos representantes de La U, Sandra Ceballos y Karime Mota, lo que puso a tambalear al proyecto.

Con los peñalosistas, los liberales, el Polo y Cambio Radical en contra de la reforma, más las ausencias en La U las apuestas quedaron 16 votos negativos frente a 15 a favor. Ya era un hecho que la reforma se iba a hundir. El gobierno para evitar un estrepitoso fracaso, prefirió echarse para atrás. Movió sus fichas y el representante de Colombia Democrática, William Vélez, presentó una proposición, votada mayoritariamente, que aplazó la discusión de la reforma a la justicia hasta la próxima legislatura. Es decir, el juego quedó congelado hasta marzo del otro año.

Trenes contra trenes

Varios congresistas y expertos coinciden en que el proyecto se archivó, pues los de esta reforma son tan delicados que deben ser objeto de un mayor debate.

Con la presentación de esta reforma Uribe se metió en un debate ancestral y tomó bando: el de la Corte Constitucional. Quiso resolver la confrontación que entre las cortes genera el hecho de que los ciudadanos puedan entablar tutelas para reclamar sus derechos al debido proceso, después de que ha habido un falló supuestamente definitivo. Las famosas tutelas contra sentencia hacen que cualquier tribunal pueda poner en duda la decisión ya tomada por su superior, o el tribunal que representa la última instancia en cada jurisdicción. Y también desataron una batalla campal entre las altas cortes por “quién manda a quién”.

Como la Corte Constitucional se ha encargado de muchas de estas tutelas, ha terminado por revocar varias decisiones de la ‘Suprema”’ y el Consejo de Estado que supuestamente son la última instancia en sus jurisdicciones; lo que ha herido susceptibilidades, es considerado por muchos ilegal y ha generado una batalla política por quién es la máxima jerarquía en la rama judicial.

El gobierno con la reforma que se acaba de archivar quiso mediar en esta pelea entregándole a la Corte Constitucional la facultad definitiva de revisar las decisiones de las demás cortes, en caso de que éstas sean tuteladas. Dirimió el conflicto subiendo a esta entidad a una posición de última instancia.

Esta decisión tan tajante, hirió las susceptibilidades de los presidentes y magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que desde que la reforma se radicó la reforma hicieron un feroz lobby para tumbarla. Ante la acción radical del gobierno también tomaron las armas. Incluso, presentaron un proyecto independiente y contrario para establecer que sus sentencias no son tutelables, sino la última palabra, y que no son sujeto de revisión de su enemiga la Corte Constitucional. Aunque su versión del proyecto no fue retomada en la ponencia, todo indica que su lobby sí fue efectivo.

Algunos dicen que lo que está detrás de la voltereta de los de Cambio Radical frente a esta reforma, es un acuerdo entre Vargas Lleras y el presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez. Aunque sólo son rumores, han salido de los labios de congresistas uribistas y de la oposición. El trato parece que fue que si Vargas Lleras lograba que sus copartidarios ayudaban al hundimiento de esta iniciativa, Ramírez estaría depuesto a apoyar el candidato de Cambio Radical a la Registraduría Nacional. Pues, desde la reforma política de 2003, la última palabra sobre la elección de esta dignidad la tienen los presidentes de las altas cortes.

Pese a que Tarquino Pacheco, presidente de la comisión primera y de la línea de Vargas, ya había redactado ponencia positiva a la reforma del Presidente, cuando Vargas Lleras llegó de sorpresa el martes en medió de la comisión y frente al mismo Ministro les habló al oído, cambió radicalmente su posición. Aquí se ve claro el gato encerrado.

Queda claro que al gobierno le faltó buscar consensos sobre el tema y que le salió caro enfrentarse tan tajantemente con la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El pulso político frente al ‘choque de trenes’ es cada vez más fuerte y ahora también juega duro el Ejecutivo.

Lo más importante es que con el aplazamiento del proyecto los congresistas tomen conciencia de la seriedad de este tema y se preparen técnicamente, para tomar la decisión que más le convenga al país. No al gobierno, ni a los magistrados, sino al país. Está en juego el alcance de la tutela, una de las conquistas más grandes que han hecho los ciudadanos en nuestro país. Ojalá los padres de la patria estén a la altura del reto.
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