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| 4/10/2005 12:00:00 AM

"La situación en Bojayá ha empeorado después de la masacre"

Un habitante de Bellavista habla del sufrimiento de la gente del Atrato en medio de la tensión por un inminente enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros.

"Lo que está ocurriendo en Bojayá es la prolongación de una crisis social que lleva mucho tiempo y se agudizó después del masacre del 2 de mayo de 2002. En los últimos meses la presencia de los grupos armados ha aumentado en la zona. Y con ella, las presiones de guerrilla y paramilitares.

Esa presión se ha intensificado desde septiembre de 2003, cuando los grupos paramilitares empezaron un escalonamiento de su presencia precisamente en Bojayá. Después se desplazaron hacia el norte ocasionando el desplazamiento de algunos indígenas que allí vivían.

Los indígenas, que antes estaban por fuera del conflicto se han visto afectados de muchas maneras. Su forma de sostenimiento social y económico está basado en tareas de recolección, caza y recolecta; pero se han visto frustradas por la presencia de grupos armados. Desde hace rato, la guerrilla les robaba sus productos. Ahora también lo hacen los paramilitares. Estos últimos no solo cogen el plátano y otros bienes, sino que destruyen las plantaciones. Eso parece que es por la negativa de los indígenas a venderles sus productos. Se niegan porque nunca han querido venderles a actores armados. Lo que guerrillas y paramilitares cogen es porque se los quitan a la fuerza.

Además, los indígenas están sitiados. No pueden salir a pescar o cazar de noche, cuando es el momento más propicio. Las mujeres que son las que hacen las tareas de recolección están confinadas a sus poblados por el miedo que les produce ser violadas o maltratadas, como ha ocurrido en algunas ocasiones a los indígenas les ha tocado autorregularse, hasta tener que aguantar hambre por el miedo.

Las comunidades campesinas también están acosadas por el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla que se han venido dando en los últimos 15 días y que produjo el último desplazamiento de cerca de 2.000 personas hacia Bellavista. El primer motivo del desplazamiento reciente es por el temor a quedar entre el fuego cruzado y los hostigamientos de los grupos. Los hostigamientos consisten en hacer disparos así no haya un objetivo claro. Eso genera una zozobra enorme dentro de la comunidad.

Estos hechos no han causado pérdidas humanas. Pero las comunidades indígenas denunciaron recientemente la desaparición de dos personas. Estas versiones no han podido corroborarse porque nadie ha podido llegar a la comunidad por el retén que los paramilitares tienen sobre el río Bojayá.

Entre tanto, en Bellavista se vive una situación muy angustiosa. Antes el pueblo no albergaba más de 1.000 personas. Y de la noche a la mañana les llegaron 2.000. Los desplazados han tenido que alojarse en la escuela y el colegio, en los centros comunales y en algunas casas de familias que les han abierto las puertas. Entonces eso ha hecho que esa concentración de población genere mayores demandas de servicios con lo que no siempre se ha podido responder. Algunas personas ven a los desplazados como invasores que les están impidiendo seguir adelante con sus vidas.

Además el hacinamiento está haciendo que proliferen enfermedades: todas las que tienen que ver con la parte digestiva, infección respiratoria aguda, malaria y paludismo. Eso en parte porque el servicio de salud tiene serias deficiencias en cuanto a personal, instrumental e instalaciones. De hecho, en estos últimos años ha sido muy irregular la presencia de los médicos. Ha habido meses completos en los que no se ha contado con ningún médico. La razón más importante es que, como ellos mismos lo han dicho, no hay condiciones para trabajar. Primero, porque nos les pagan a tiempo. Segundo, porque no se les brinda el instrumental necesario, incluyendo los medicamentos. Incluso ha habido casos en los que muchas veces ni el mismo médico, teniendo paludismo, tiene el medicamento para tratarse a sí mismo.

La salud mental de la gente es preocupante. El temor, la zozobra son gravísimos. La propia gente de Bojayá no ha podido superar el impacto de la masacre del 2 de mayo de 2002. Definitivamente el impacto de la violencia es muy alto por el miedo que ocasiona. Sobre todo, porque continuamente la Fuerza Pública anuncia que están esperando una inminente toma de la guerrilla a Bellavista. Ese tipo de anuncios generan una situación invivible.

Así mismo, en este momento la educación está prácticamente paralizada. Los niños no han podido volver a tener clases porque los desplazados están hacinados en el colegio y la escuela. Eso ha generado rivalidades. La población natural tenía antes muchas limitaciones para su propio sostenimiento. Ahora imagínese con dos mil personas más. En Bellavista hay gente que físicamente aguanta hambre, a pesar de la asistencia humanitaria que viene prestando el PMA y todo el sistema de las Naciones Unidas.

El tema de la Fuerza Pública también es preocupante. La comunidad muchas veces siente que la Fuerza Pública los persigue, en lugar de perseguir a los ilegales. Es que hay mucha desconfianza hacia la gente en general. Los que más sienten eso son los indígenas. Como ellos son los que viven en las partes más alejadas, cuando van al pueblo son acusados de querer llevarle información a la guerrilla, de ser colaboradores. Hasta el momento sólo han detenido a un campesino, acusado de auxiliar a la guerrilla. Pero lo que se ve con mucha frecuencia es atropello verbal hacia los habitantes.

La gente espera de la Fuerza Pública una actitud transparente. En el Medio Atrato no es así. Se hace mucho control sobre la comunidad civil, pero no sobre los paramilitares. A ellos se les ha visto transitar con mucha frecuencia y libremente sobre el río Atrato, donde sí hay presencia del Ejército. Entonces, ¿si hay tanto control para que la gente movilice gasolina o alimentos, por qué en ciertos momentos se ha notado que los paramilitares tienen tanta facilidad para movilizarse?

El gobierno también deja mucho que desear. El presidente Pastrana en su tiempo prometió reconstruir el pueblo. Luego el vicepresidente Santos dio plazo de seis meses para cumplirlo. Pero está claro que la reconstrucción está muy atrasada, se ha gastado mucho dinero en estudios repetidos de suelos y los avances han sido mínimos cuando ya casi se cumplen tres años de la masacre.

También creo que la gobernación debe desempeñar un papel mucho más claro en la observación de la Fuerza Pública, en movilizar su institucionalidad para aumentar la protección. Lo mismo que las secretarías de Salud y Educación.

Finalmente, quiero reiterar que lo que la gente pide es que las condiciones de seguridad mejoren y que la labor del Estado sea mucho más controlada y clara. También, que las acciones de la Fuerza Pública sean transparentes y ajustadas al derecho para que se vuelva a recuperar la confianza en la institucionalidad. La situación en Bojayá ha empeorado después de la masacre, porque a pesar de que ha habido más recursos la situación de crisis humanitaria se ha agudizado".
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