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POLÍTICA

La terna de la Corte

La terna designada por la Corte Suprema para el reemplazo de Alfredo Beltrán es un mensaje de oposición a la tutela contra sentencias judiciales.

Élber Gutiérrez Roa
25 de abril de 2006

La terna enviada por la Corte Suprema de Justicia al Senado para que escoja el reemplazo del magistrado Alfredo Beltrán en la Corte Constitucional causó un sinsabor en el Congreso. Mientras unos legisladores creen que se violó la ley de cuotas al no incluir a una mujer, otros piensan que el verdadero mensaje es contra la tutela.

La terna llegó este martes al Senado, que deberá elegir antes del 20 de junio entre los ex magistrados Jorge Iván Palacio, Rafael Méndez y Nilson Pinilla -todos de origen conservador- al sucesor del magistrado liberal Alfredo Beltrán, uno de los que más cuestionó las posiciones jurídicas del Gobierno de Álvaro Uribe.
 
Jorge Iván Palacio fue conjuez y magistrado de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia (1987-1999), la sala más adversa a la tutela contra sentencias. También fue magistrado del Tribunal Superior de Medellín, asesor de la Auditoria General de la República y asesor externo de la Universidad Sergio Arboleda.

Rafael Méndez, abogado de la Universidad Nacional, también fue magistrado de la sala laboral de la Corte Suprema, donde se convirtió en uno de los más acérrimos defensores de la tesis de que las tutelas contra las sentencias de la Corte Suprema se deberían archivar sin darles ningún trámite. Fue también juez promiscuo municipal de Bosa, juez penal municipal de instrucción criminal y juez laboral de Bogotá.

Y Nilson Pinilla, decano de derecho de la Universidad Javeriana, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1994-2002), la cual presidió en el 2000. Como presidente de la Corporación rechazó la tutela contra sentencias. Fue miembro de la Comisión de la Verdad conformada en 2005 para entregar un informe sobre la toma del Palacio de Justicia, en 1985. y estuvo en la sala pena de la Corte Suprema durante el proceso 8.000.

Más allá de su extrañeza por la designación de un conservador, los congresistas liberales creen que en la terna hay un mensaje de oposición a la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales, tema que ha enfrentado a la Corte Constitucional y la Suprema durante los últimos años.

Mientras la Corte Constitucional defiende la tesis de que la tutela procede contra fallos judiciales contrarios a la Carta Política, la Suprema insiste en que dicha postura atenta contra el principio de igualdad entre las cortes y genera inseguridad jurídica.

Esta diferencia de opiniones ha llevado a lo que popularmente se conoce como “choque de trenes” cada vez que la Corte Constitucional tumba un fallo de la Suprema o del Consejo de Estado. Uno de los casos más polémicos es el del ex senador Edgar Perea, quien fue despojado de su investidura por el Consejo de Estado, pero luego recuperó su curul gracias a un fallo de tutela de la Corte Constitucional, que alegó violación al debido proceso. Uno más reciente, igualmente polémico, fue cuando la Constitucional revocó la condena impuesta por la sala penal de la Corte Suprema al ex ministro Rodrigo Villamizar, por el escándalo conocido como el “miti-miti”. Pero también hay otros casos más evidentes de injusticia por parte de jueces, cuyas decisiones han sido revocadas por la Constitucional porque sus fallos violan abiertamente el derecho: un condenado a prisión que demuestra tardíamemente que es un homónimo del verdadero culpable, o un pensionado que pierde su jubilación porque no cumplió con los requisitos formales para apelar, etc.

La Corte Suprema quiere asegurarse de que el próximo magistrado seguirá su misma orientación y no la de los magistrados de la Corte Constitucional. Claro que como están las cosas continuará en desventaja, pues los otros ocho miembros de la Corte Constitucional creen que la tutela sí procede contra sentencias judiciales.
El tema cobra especial interés en momentos en que el Congreso espera el proyecto de reforma a la justicia del gobierno, quien ya en el pasado ha manifestado su interés en acabar con la tutela contra sentencias.

La ley de cuotas

El otro debate derivado de la terna enviada por la Corte Suprema es el de la ley de cuotas. Según un grupo de congresistas encabezados por la uribista Gina Parody, el Senado debe devolver la terna para que la Corte incluya a una mujer. Para ello, aducen que la ley de cuotas obliga a que el 30% de los cargos del Estado estén en manos de mujeres. “Es incoherente que la Corte Suprema de Justicia, máximo organismo de la jurisdicción ordinaria y garante de los derechos humanos, no respete los derechos de las mujeres, al no apoyar alguna candidata de aquellas que presentó su nombre para conformar la referida terna”, dijo Parody.

Dicha idea es compartida por senadores del Polo Democrático. Su presidente, Samuel Moreno, reconoce que la misma situación se presentó con la terna de la cual fue elegido el hoy presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba. En esa ocasión la Corte Suprema sostuvo que cuando se trata de concursos de méritos no aplica la ley de cuotas.

Para el senador liberal Héctor Helí Rojas los temas de género no pesan cuando se trata de un proceso de elección sino cuando hay nombramientos. “La ley de cuotas fue hecha para garantizar la presencia de mujeres en los cargos surtidos por nombramiento, lo cual es entendible. Pero obligar a que haya una mujer cuando la terna es escogida por concurso público sería violar el derecho a la igualdad de los hombres”, dijo Rojas.