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| 7/9/2007 12:00:00 AM

Lamento indígena

En Colombia, la situación de la población indígena es una historia de sobrevivientes, entre el fuego cruzado de los actores armados, el envenenamiento de sus cultivos y el destierro.

Ya no cantan las gestas de sus valerosos guerreros míticos. Sus ancestros les fueron arrancados del recuerdo. El sonido de su canto es un lamento. Los hijos de la tierra y el maíz son obligados a esconderse, al destierro o a la extinción. Despojados de sus raíces, parece que la agresión de La Conquista, aún no termina para ellos.

Actualmente hay 1.738.884 indígenas repartidos en 84 grupos étnicos del país. Son una minoría que representa el 3.4% de la población colombiana, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta población se ubica en el área rural del país, en los resguardos indígenas legalmente constituidos, en las parcialidades indígenas o en territorios no delimitados legalmente.

A pesar de su proceso de organización que lleva veinte años, hoy tienen que enfrentar en sus territorios la presencia constante de actores armados, lo que ha terminado en desplazamientos forzados, confinamientos y violaciones constantes de los Derechos Humanos. Así lo expresó Alberto Áchita, miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC):

“Eso es por causa del narcotráfico porque los actores armados están donde hay cultivos ilícitos. Por eso hay desplazamientos en varias comunidades del país. Ahora tenemos el problema de la Ley de Desarrollo Rural, porque facilita la expropiación de nuestras tierras y de recursos vitales de nuestras comunidades”.

Esto contrasta con el hecho de que en la versión libre que rindió entre el 5 y 8 de junio, el ex jefe paramilitar, Hernán Giraldo Serna, fue acompañado por un grupo de indígenas que lo apoyaban. También, con el hecho de que Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, hablara de la militancia de comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta en las filas de los paramilitares.

Las organizaciones indígenas calificaron el primer hecho como “un bochornoso espectáculo de manipulación”. Respecto de las declaraciones de Pupo, quedaron indignadas al escuchar que él no recordaba dónde se habían cometido los crímenes y dónde estaban las fosas de los muertos. “Si no se acuerda de sus atrocidades, por qué se acuerda de nosotros”, reclamaron. Las comunidades indígenas en cabeza de sus organizaciones se han declarado, en ejercicio de su autonomía, como neutrales frente al conflicto armado. Un paneo por las diferentes regiones del país permite afirmar que la situación de las comunidades indígenas es una situación de víctimas.

Los espíritus intranquilos

En la costa norte del país se encuentran varios pueblos indígenas que constantemente han denunciado los vejámenes de los grupos ilegales: Wayúu, Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. Una de las razones por las que más se han visto violentados es por el señalamiento de auxiliadores, justificación suficiente para convertirse en blancos de la guerra. A pesar de la permanente reivindicación de sus derechos como pueblos autónomos basados en la cultura y las tradiciones propias han sido víctimas de diversos actos de violencia, al ser considerados parte de uno u otro bando. Por esta razón varias comunidades se han visto en la obligación de salir de sus tierras.

“Hay desplazados de la etnia Wiwa y Kankuamos en la región. Antes, debido a la llegada de paramilitares y ahora por el temor a la guerrilla que no los deja volver a la tierra” dijo Víctor Loperena, gerente de Dusakawi.

Desplazamiento o “desarraigo” como lo prefiere el sociólogo Alfredo Molano, significa ser despojado de lo propio, abandonar sus costumbres, su lengua, su tierra. La apropiación de sus terrenos tiene una razón de ser: lugares para la explotación de cultivos ilícitos. El saldo: muerte y desplazamiento.

Este es el caso de la “Masacre de Bahía Portete” ocurrida el 18 de abril de 2004. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia: el resultado fue: 13 personas asesinadas, 30 desaparecidas y el desplazamiento de más de 300 familias. Sin embargo, tres años después, las investigaciones no arrojan resultados fehacientes sobre los directos responsables.

“Ante tanta matanza en esta masacre, los espíritus de los difuntos no están en paz y nosotros tampoco”, dijo una mujer wayúu, sobreviviente de la masacre a la revista en la Internet, Actualidad Étnica.

Según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, entre 2000 y junio de 2005 fueron asesinados 253 indígenas en la Sierra Nevada de los cuales el 68% eran Kankuamos. Los mayores responsables de estos hechos fueron las autodefensas, autores del 42% de los casos.

A la sombra de las Águilas

Caminan descalzos sobre el asfalto. Hablan una lengua incomprensible para el citadino. Tienen la mirada temerosa, y con razón. Pero prefieren la dureza de la ciudad a verse atravesados por las balas. Los indígenas en Antioquia no escapan a la guerra por territorios. Sin embargo, han aprendido a través del tiempo a organizarse y tratar de afrontar su situación.

“Yo diría que no ha mejorado el conflicto sino la capacidad de la gente de enfrentar eso”, dijo Aida Suárez, quien es parte del comité ejecutivo de la Organización Indígena de Antioquia (OIA). Así define la manera en que a través de la organización han tenido que diligenciar programas de fortalecimiento al interior de las comunidades para enfrentar el conflicto.

Según Suárez, hay zonas en Antioquia y el Bajo Cauca que en este momento sufren la reacomodación de los grupos armados, entre ellos el de Mutatá, en el Urabá. Desde hace un mes hay un grupo de emberaes catíos desplazado, que está en la ciudad de Medellín. Ahora se adelanta un proceso de retorno organizado por la OIA. Sin embargo, hay mucho temor por parte de los indígenas para volver a sus tierras.

En la región del Atrato, Vigía del Fuerte y Murindó, los grupos indígenas han recibido amenazas. “Esta vez se trata de la retoma de la guerrilla. Se han presentado casos donde intimidan a la población sin permitirles entrar y salir libremente de sus territorios. Los coaccionan, les roban sus botes y animales, presencian sus reuniones y les advierten que deben estar listos para un desalojo porque van a retomar su territorio”, aseguró Suárez.

A esto se suma la aparición de las Águilas Negras, grupo paramilitar, que busca retomar el control perdido en el proceso de desmovilización y reanudar actividades del narcotráfico en varios departamentos del país. Este grupo ha llegado a establecerse en lo que sería un corredor para el tráfico de drogas. Otra vez, los indígenas hacen parte del listado de víctimas en una de las tierras más ricas en biodiversidad y recursos naturales:

“Se supone que hay una desmovilización, pero aparecen otros grupos que se denominan Águilas Negras, que no se sabe quiénes son ni que hacen pero siguen haciendo control en las comunidades. Son desmovilizados que se dicen llamar así pero no tienen una cabeza visible con quien interlocutar”, agregó Suárez.

La Pachamama

Poco a poco la Madre Tierra se está muriendo. Lo que fuera un paisaje cargado de símbolos míticos: fauna y flora en armonía con el hombre, se ha ido transformando en una suerte de recuerdo. El mangle ha ido desapareciendo. El manatí en las zonas de Urabá, casi es un mito. Los bosques se tornan en amplios campos de cultivos ilícitos o de explotación maderera. Ocurre lo propio en la amazonía colombiana y la Sierra Nevada de Santa Marta, sitios donde los jaibanás, chamanes y sailas conjugaban sus saberes con la vida.

Según la WWF Adena, en Colombia se ha perdido el 30 % de los bosques nativos que en un tiempo cubrían el 80 % del territorio nacional. El 40% del bosque que queda se sitúa en territorios afrocolombianos e indígenas. Algunas de estas comunidades se ven atraídas a utilizar sus tierras para la siembra de coca, amapola y marihuana. Otras son obligadas.

En las zonas donde ha llegado la fuerza pública a erradicar los cultivos ilícitos, varias comunidades han manifestado su inconformismo con la fumigación. A pesar de que en 2002, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) ganó una tutela interpuesta al gobierno con la cual se dio un paro a las fumigaciones por un tiempo, pronto fue revisado el fallo y se reanudaron las fumigaciones.

“La fumigación, aunque ha disminuido mucho en los últimos meses, es un tema transversal a todas la población indígenas. El procedimiento que ha utilizado la policía antinarcóticos para arrasar con estos cultivos ha sido muy agresivo”, dijo Ramiro Muñoz Macanilla, presidente de la OPIAC.

Según Macanilla, las fumigaciones con glifosato también recaen en los cultivos de consumo y eso reduce las posibilidades alimentarias. A eso se suman las retaliaciones de los grupos armados al servicio del narcotráfico, lo que obliga a las comunidades indígenas a abandonar sus territorios. Poco a poco los guardianes de los bosques se ven replegados en un juego de intereses en el que algunas comunidades como los Nukak Maku o los Coreguaje, están al borde de la extinción.

La división de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior registra un total de 710 resguardos en el territorio nacional, con una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas (29.8% del territorio colombiano). A pesar de ser una minoría son los dueños de una buena parte del territorio. Sin embargo, ellos consideran que el Estatuto para el Desarrollo Rural, aprobado el pasado 13 de junio afectará el saneamiento de sus resguardos y favorecerá la apropiación de territorio por parte de grandes industrias y narcotraficantes:

“La situación de los indígenas se agrava. Si no hay saneamiento de resguardos, los territorios ni cumplirán funciones ecológicas ni cumplirán funciones sociales, y tendremos que compartir nuestros territorios con un agente violento que todo lo resuelve a plomo”, aseveró Áchita.





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