Las matemáticas sí fallan

Entre gobierno y oposición hay una guerra de números, que no sólo se expresa en la cantidad de firmas válidas para convocar a un referendo revocatorio, sino también en el número de personas detenidas por las fuerzas del orden público y los fallecidos durante las manifestaciones de las últimas semanas. Las confrontaciones ahora pasan al campo de los derechos humanos y las altas cortes.

Después del controvertido anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) en el que se conoció que no es suficiente el número de firmas válidas para convocar a un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez, se desató una ola de violencia en Caracas y otras ciudades del país. Ahora la atención está centrada en las 876.017 rúbricas que el organismo electoral puso en observación y que deben pasar a un proceso de 'reparo'.

La Coordinadora Democrática (CD), organización que agrupa a los partidos opositores, asegura que logró recolectar las firmas necesarias para convocar a un referendo; sin embargo, los ciudadanos cuyas rúbricas están en observación tendrán que asistir a 2.700 centros para confirmar o negar su participación en el llamado "reafirmazo".

La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter manifestaron no estar conformes con los criterios del CNE, pero hicieron un llamado a los actores políticos para negociar las condiciones de los reparos. Francisco Carrasquero, presidente del organismo electoral, ha calificado esta opinión de "sesgada". Son precisamente estas condiciones las que se están discutiendo: cuántos días se dedicarán al proceso, qué garantías se ofrecen a los ciudadanos y cuándo se realizarán. Dependiendo del desarrollo de las negociaciones, las fechas tentativas serían del 20 al 22 de marzo o del 27 al 29.

Basándose en los datos propios y su comparación con los suministrados por el CNE, la alianza opositora ha encontrado discordancias. Estas diferencias de cifras también han dividido las posiciones en el seno de la CD: aunque la postura oficial que se ha expresado es la de negociar los mejores términos posibles para garantizar los reparos, existen sectores que no comparten esta decisión.

El ex candidato presidencial Enrique Salas Römer acusó a líderes opositores de tener una actitud complaciente con el gobierno, con lo que resquebraja la unidad dentro de la CD. "Hay un pueblo que pide a gritos una salida y nosotros no podemos ahora negociar ese derecho en aras de complacer los intereses de la comunidad internacional", dijo en una entrevista publicada por el diario El Universal, en la que también afirmó que el proceso de reparos es "imposible".

Tal vez posiciones como esta echaron más leña al fuego de la inconformidad y frustración que sintieron muchos venezolanos, lo que se tradujo en protestas violentas por todo el país. Del 27 de febrero al 3 de marzo murieron, según datos de la CD, 12 personas y 1.758 resultaron heridas. Familiares de los fallecidos y testigos de los hechos han acusado a los organismos de seguridad del Estado: la Guardia Nacional, la Disip e incluso grupos armados, presumiblemente simpatizantes del chavismo. Sin embargo, las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dieron a conocer resultados preliminares de las investigaciones en los que se libra de responsabilidad a la Guardia Nacional.

Además de los fallecidos y heridos, la oposición ha denunciado la detención ilegal de algunos líderes; hablan de 9 torturados y 410 presos políticos, para quienes no hay garantías de un debido proceso ya que califican a las autoridades competentes de estar parcializadas. Esta denuncia ha tenido resonancia fuera de las fronteras venezolanas: Amnistía Internacional, a través de un comunicado, alertó sobre el "uso excesivo de la fuerza pública" en el control de las manifestaciones.

Por otra parte, la Cancillería venezolana recibió con sorpresa la renuncia de Milos Alcalay, embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y diplomático con 34 años de servicio. Alcalay expresó su posición de defensa de los derechos humanos, la plena vigencia de un régimen democrático y la diplomacia del diálogo constructivo, por lo que lamentó constatar que el país "se aleja de estos tres principios fundamentales". El gobierno ha negado estas acusaciones, alegando que en el país no hay ningún preso político sino detenidos por delitos comunes.

Pero la experiencia del pasado 7 de marzo fue distinta, la oposición salió a las calles sin que se registrara ningún tipo de alteración del orden público, e incluso el presidente Chávez reconoció en su programa radial el carácter pacífico de esta manifestación. También en esa ocasión, Chávez denunció la intervención de Estados Unidos en los asuntos venezolanos y lanzó un desafío: "Si viene una fuerza extranjera a secuestrarme, comenzaría la guerra de los 100 años en Venezuela y América Latina". Por su parte, el embajador de Venezuela en la OEA, Jorge Valero, anunció que se presentará una denuncia formal ante el Consejo Permanente, con pruebas sobre la intervención estadounidense.

Entre tanto, y mientras se definen los términos en los que se harán los reparos, la oposición ha acudido a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante la que introdujo un recurso contra la decisión del CNE. Si este recurso prospera, el TSJ tendría que ordenarles a las autoridades electorales que reconocieran como válidas las 876.017 rúbricas que están en observación y convocaran a la consulta electoral.

En medio de este panorama, y como lo señalaba recientemente un editorial del diario español El País, la radicalización de posiciones y la polarización de la sociedad, lejos de contribuir con el alivio de las tensiones y acercar las soluciones democráticas, las aleja.

*Periodista