Jueves, 19 de enero de 2017

| 2008/06/24 00:00

Las mujeres víctimas y testigos tendrán cuidado especial

Un fallo de la Corte Constitucional ordena al Estado que le brinde protección a las mujeres víctimas y testigos dentro del proceso de Justicia y Paz que se desarrolla con los grupos paramilitares desmovilizados.

Las mujeres víctimas y testigos tendrán cuidado especial Foto: Juan Alberto Gómez

La Sala de Revisión de la Corte Constitucional ratificó una acción de tutela interpuesta por un grupo de mujeres que obliga al Estado a garantizar la protección de víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz.

La Corte pide al Estado desarrollar y revisar el programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz que deberá responder a una estrategia integral de protección satisfactoria de las víctimas y testigos durante la ley de justicia transicional creada con el fin de permitir la desmovilización de grupos paramilitares, conocida como Justicia y Paz.

Igualmente, la Corte obliga al Estado a revisar de manera integral y a
adecuar el programa de protección a víctimas y testigos, expedido en el Decreto 3570 de 2007, que deberá efectuarse en un plazo máximo de seis meses a partir de la providencia.

La decisión de la Corte hace especial énfasis que en la evaluación de riesgo y en la decisión de las medidas aplicables a las víctimas se deberá tener en cuenta las obligaciones internacionales del Estado sobre la protección de la mujer contra todo tipo de violencia, así como el enfoque de género que permita dar respuesta diferenciada de acuerdo con las circunstancias de vulnerabilidad en que se encuentren las mujeres.

La Alianza Iniciativa de Mujeres colombianas por la Paz, IMP, había instaurado la acción de tutela ante el Tribunal de Cundinamarca, en razón a los graves problemas de seguridad; amenazas, hostigamientos y asesinatos que se han registrado en contra de las víctimas que adelantan procesos de reclamación de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, como el caso de Yolanda Izquierdo, asesinada en febrero de 2007 en Montería y Carmen Cecilia Santana Romaña, asesinada en el mismo mes en Apartadó, Antioquia.

El fallo a favor de las víctimas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue expedido el 13 de agosto de 2007. Posteriormente el 4 de octubre de 2007 el Consejo de Estado rechazó el fallo del Tribunal. Finalmente, la revisión de la tutela por parte de la Corte estuvo en manos del magistrado Jaime Córdoba Triviño y se ratificó la decisión del Tribunal de Cundinamarca.

Con información de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP

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