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El Fiscal General, Mario Iguarán, aseguró que lo ocurrido en Jamundí fue un "acierto criminal". Las pruebas de su afirmación fueron entregadas en la noche del jueves.

Las otras pruebas de la masacre en Jamundí

Mensajes de texto, estudios de balística, un nuevo testigo de la Policía y las versiones contradictorias de los militares del Batallón de Alta Montaña, son las nuevas pruebas del asesinato de 10 hombres de la Dijín y un civil en el Valle.

2 de junio de 2006

“Retire emboscada, mande a la gente en sus sitios reconocidos y que duerman, todo quedó para esta noche, más tarde les aviso”. “Pendientes, el cupo viene con el pollo para que salgan a reclamarlo”.

Estos son dos de los mensajes de texto que la Fiscalía encontró en los celulares del coronel Bayron Carvajal, comandante del Batallón de Alta Montaña, horas antes de que 28 de sus hombres asesinaran en la tarde del 22 de mayo a una comisión de la Dijín y a un informante que se encontraban en una vereda del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle.

El “pollo”, según la Fiscalía, hace referencia al informante que acompañaba a la unidad policial que adelantaría un operativo antinarcóticos. Otro de los mensajes encontrados menciona un Vitara. Al parecer, se referían a uno de los tres carros en los que se transportaban los policías.

Estas pruebas las presentó el fiscal Jairo Perdomo durante la audiencia pública que terminó en la madrugada de este viernes en la que se dictaron medidas de aseguramiento contra ocho militares capturados (incluido el coronel). También se determinó, a través de las pesquisas, que el mayor de la Policía Elkin Molina, una de las víctimas, se comunicó dos veces por un Avantel para pedir auxilio. Quien le respondió fue el patrullero Oswaldo Sánchez, también asesinado: “ya llegó el apoyo, ya veo al Ejército”, dicen los registros de Avantel.

El fiscal Perdomo también entregó los estudios de balística que probarían la existencia de un francotirador (posiblemente, dijo el Fiscal, por el tipo balas disparadas con tal precisión, se trataría del soldado José Alfredo Porras) que apuntó en la cabeza y en otros órganos vitales contra nueve de las 11 víctimas.

El estudio de balística estableció también que si bien las armas de los policías y de los militares fueron recogidas por la Fiscalía, en la escena del crimen, se encontraron otras ocho vainillas de una pistola 9 mm que no aparece por ningún lado. “El arma podría ser de alguien que no tiene nada qué ver con la Policía, ni con el Ejército”, dijo a Semana.com uno de los investigadores del caso.

Nuevas versiones

Por otro lado, las autoridades escucharon el testimonio de un testigo clave para resolver este caso. Se trata de un mayor de la Policía de apellido Celemín que llegó en compañía del patrullero Juan Carlos Parra a la vereda Potrerito (sitio de la masacre) minutos después de haber oído los disparos.

Al parecer, este hombre llegó en su vehículo y se bajó, pero cuando intentó entrar hasta el corredor donde se encontraban sus compañeros, algunos soldados no lo dejaron pasar. El uniformado se montó en su carro, intentó ingresar al sitio casi a la fuerza, pero los uniformados dispararon contra su carro. Cuando por fin llegó, vio a sus colegas muertos y a los soldados “caminando en grupitos”.

Por último, hay incongruencias en las declaraciones que los militares del Batallón de Alta Montaña entregaron al juez durante la audiencia pública. Por ejemplo, el teniente Harryson Castro insistió en que la comisión castrense salió en la noche del 21 de mayo. Sin embargo, el coronel Carvajal aseguró que salieron un día antes.

Además, mientras Castro habla de la alerta por un secuestro de un español en la zona, Carvajal asegura que había alarma por la posible voladura de unas torres eléctricas que se encontraban a 50 metros de Mi Casita, refugio psiquiátrico donde los policías iban a adelantar una inspección de rutina.

En los próximos días podrían ser capturados otros militares del batallón del Ejército implicado en este caso. A partir de ahora, la Fiscalía tendrá 30 días para precluir la investigación o dictar resolución de acusación contra los capturados.