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| 6/13/2007 12:00:00 AM

Las víctimas de la lista

Cerca de 1.000 colombianos están incluidos en la famosa y temida ‘Lista Clinton’. Muchos de ellos jamás han cometido delito alguno. Sobre sus cabezas cae el señalamiento de ser delincuentes pero, en realidad, ante la justicia, son libres de toda culpa. ¿Quién defiende sus derechos?

Ese día, en París, se sintió mal. Él, que afronta los problemas con humor, que se ríe de sí mismo, de las calamidades de la vida. Él, que se carcajea de la Lista Clinton, tema de ácidas burlas entre sus amigos.

Iba en un bus, de pie, que rodaba por el aeropuerto de la capital francesa. Venía desde Arabia, de donde regresaba a Colombia después de cobrar la primera cuota que se le pagaba al América de Cali por la transacción a un equipo árabe del delantero Sergio Herrera.

Carlos Puente González, el actual presidente del América de Cali, iba meditando. Ahí, en el recorrido, saboreó la amargura que representa para muchos colombianos y empresas ser parte de la Lista Clinton. En la vida, con esa marca, simplemente se pasan los días sobreviviendo. No se puede hacer más.

Carlos Puente es uno más de los cerca de mil colombianos que hacen parte de la famosa Lista. En ella lo involucraron en 1996, cuando el equipo de fútbol América de Cali fue incluido por sus vínculos con el confeso narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela.

El ‘pecado’ de Puente es ser el presidente del equipo. También, quizá, ser aportante desde los años 70, cuando se vinculó con una suma de 8.000 pesos, años antes de que Miguel Rodríguez comprara acciones en la institución.

Desde 1996 la presidencia de este equipo de fútbol es un tema complicado. Se cancelaron las cuentas, las tarjetas, los créditos. El América, financieramente, desapareció. Por eso su presidente, aquel día en París, comenzaba a sufrir en carne propia las limitaciones financieras que tiene una empresa cuando se está en la Lista. En el caso del América, las transacciones de jugadores se deben pagar en efectivo. Vaya problema.

De tener los mejores patrocinadores deportivos, pasó a no tener ninguno. Y de los títulos conseguidos, de las vueltas olímpicas y las páginas de gloria, el equipo parece ya acostumbrado a permanecer en la parte baja de la tabla en el torneo nacional. Es la historia que todos conocen.

Carlos Puente, sentado en su oficina, ubicada en la Avenida Guadalupe de Cali, revisa un arrume de papeles que resumen su historia con la Lista. Cartas, artículos de prensa, comunicados. Habla con su inconfundible tono de voz vallecaucano.

“Inmediatamente después de que al América lo incluyeran en la Lista Clinton, los que estábamos en la junta directiva también fuimos incluidos. No existió ningún procedimiento, ninguna notificación, ni proceso de defensa. No hubo absolutamente nada, no hay proceso, y si no hay proceso, no podés defenderte de nada”, dice.

Le cancelaron, como a todos, las visas para ingresar a Estados Unidos, las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias y los seguros de los carros. Cuando se hospeda en un hotel, debe pagarlo en efectivo o acudir a las tarjetas de crédito de alguno de sus hijos. Él, financieramente, al igual que el América de Cali, desapareció.

Vivir así, dice, “es lo más oprobioso y degradante del mundo. Tú quedas como un leproso financiero”. Y agrega: “He mandado a Estados Unidos pasado judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría, certificado suscrito por la Fiscalía General de la Nación, porque yo fui juez, fiscal y magistrado durante muchos años, y en ellos se certifica que jamás he sido sindicado de delito alguno, y mucho menos que soy narcotraficante, o terrorista, como se me señala en la Lista Clinton. Entonces, ¿Con qué pruebas me incluyeron? ¿Qué valor probatorio han utilizado en este procedimiento?”, se pregunta.

Acepta que conoció a Miguel Rodríguez, que incluso fueron amigos. “Cómo no lo voy a conocer si soy de Cali y hasta estuvimos en la misma universidad. Pero el delito de amistad no existe, yo no tengo ningún tipo de problemas con la ley”.

Para Carlos Puente, son demasiadas las injusticias que se comenten con la Lista Clinton. Asegura que son muchas más las personas que no tienen que ver con el narcotráfico las que están incluidas que quienes verdaderamente se dedican a ese delito. Sentencia que la Lista es una clara violación de los derechos humanos de muchos colombianos, a quienes el gobierno les ha dado la espalda.

Y mientras cuenta todos los perjuicios que la Lista le ha traído al América de Cali, vuelve a su acostumbrado humor negro. Suelta algunas frases impublicables y sonríe. Es, al parecer, la única opción que tiene.

“No ganaba ni el sueldo mínimo”

De entrada hay que decir que es hermosa. Tiene 26 años, es ingeniera industrial egresada de la Universidad Santiago de Cali, y ahora sueña con especializarse en mercadeo. Un sueño, la verdad, muy difícil de cristalizar por el momento. Desde octubre de 2003 fue incluida en la Lista Clinton y la posibilidad de acceder a un crédito educativo es impensable.

Su nombre es Ximena Grueso Hurtado y nació un 19 de noviembre de 1980. Era, en sus años en el colegio, “la de mostrar en la casa”. Sacaba las mejores notas, izaba bandera, se metía en cuanta actividad escolar se realizara. Un orgullo para su familia, en especial para su padre, un hombre que se dedicó a la ganadería hasta cuando los grupos alzados en armas empezaron a extorsionarlo. El negocio se acabó.

Ximena fue incluida en la Lista Clinton en el momento en que la empresa Incomerce S. A. también fue registrada. La empresa, de carácter familiar, se dedicaba a compra y venta de todo tipo de títulos valores.

En Incomerce S. A., Ximena se desempeñaba medio tiempo como secretaria. Redactaba cartas, realizaba cobros telefónicos, organizaba documentos. Eran años en que estaba terminando su carrera universitaria y no tenía ni siquiera cuentas de ahorros. Para qué, si su sueldo no alcanzaba a llegar a un salario mínimo.

Los socios de la hoy liquidada empresa se preguntan aún el motivo por el cual Incomerce S. A. apareció en Lista. Incluso, el fiscal a cargo del allanamiento contestó, ante un derecho de petición enviado por los socios, que en sus pesquisas no encontró méritos ni irregularidades en la empresa para abrir una investigación. Sin embargo, Incomerce S. A. continuó en la Lista y fue liquidada.

Ximena dice que son muchos los sueños que ha dejado de realizar por pertenecer a la Lista. No tiene carro ni apartamento porque no tiene acceso a créditos bancarios. Además, conseguir empleo ha sido una labor titánica.

Por ejemplo, su práctica profesional, que realizaba en la DIAN, se vio suspendida cuando su nombre apareció en la Lista Clinton. Después buscó una oportunidad laboral en una entidad bancaria. Pasó todas las pruebas, el cargo cumplía con su perfil, pero cuando se enteraron de su vinculación en la Lista, le cerraron las puertas.

“Es muy injusto que por ser la secretaria de una empresa, que de hecho era 100% legal, aparezca yo en una lista que te cierra muchas oportunidades. Todo se te viene al suelo, y además cuando uno revisa esta Lista, se da cuenta de que está al lado de los peores terroristas del mundo, y cuando entrás a un banco, inmediatamente apareces como un narcotraficante, o testaferro, y yo con eso no he tenido nada que ver nunca. De hecho, no tengo absolutamente nada porque hoy día uno surge a través de préstamos, pero con ese bloqueo ha sido bien difícil salir adelante”.

Hoy, Ximena, después de mucho esfuerzo y tocar puertas, es directora de mercadeo en una entidad de salud. Tiene este empleo hasta mediados de este año, pues la empresa será manejada por el Estado y le anunciaron que no continuaría en el cargo. Le preocupa el futuro de su hija, de 2 años de edad. Intentó abrir un ahorro programado para el estudio universitario de la niña, pero no la aceptaron. Es una situación complicada.

“La Lista Clinton es arbitraria. Si a uno lo incluyen en esa lista por lo menos deberían darte la oportunidad de defenderte, de mostrar qué tipo de persona eres. Eso no tiene razón de ser, es una muerte civil, y se te hace un daño grandísimo a nivel moral, personal, a nivel de crecimiento como persona. Ahí es donde uno dice: ¿dónde está el Presidente? ¿Por qué no escuchan a la gente primero antes de meternos en una lista como esas? ¿Es justo todo ese daño que nos están haciendo?”

Ximena está dispuesta a ser investigada para demostrar que no tiene nada que ver con el narcotráfico. “Yo estoy dispuesta a abrir mi vida, mostrar qué he hecho y qué no, mostrar quién soy y que no le debo nada a nadie. Yo no mato ni una mosca como para estar al lado de los peores delincuentes del mundo”. Dice que está muy joven, que seguirá luchando, “y confiando en Dios, a ver qué pasa”.

“Colombia nos ha dado la espalda”

El hombre tiene un nombre sonoro, como de artista: Tito Cartagena. Es tolimense, tiene 43 años y llegó a Cali en 1987 para buscar un mejor futuro. Ese año ingresó a trabajar en la bodega como auxiliar de distribución en Drogas La Rebaja. Diez y seis años más tarde, a raíz de la vinculación de esta compañía en la Lista Clinton, su nombre también fue registrado por sus vínculos laborales y comerciales con la empresa.

¿Qué hizo? Aún no lo sabe. No tiene antecedentes penales de ningún tipo en Colombia, y como a todos los que están relacionados con la Lista Clinton, no le notificaron que iba a ser registrado. Tampoco tuvo la oportunidad de mostrar su inocencia. Además, de haber tenido esa oportunidad, dice que no la hubiera podido aprovechar, pues ni siquiera alcanza a ganar los dos salarios mínimos.

Es residente del Distrito de Aguablanca, en Cali, y sostiene una familia de cuatro hijos. Dice que financieramente está muerto. A su mujer y a sus hijos tampoco les otorgan créditos en las entidades bancarias o los almacenes de cadena para financiar electrodomésticos.

En el barrio le lanzan bromas ácidas a raíz de su vinculación a la Lista. “¿Donde es que tenés guardada la plata?”, le preguntan. O cuando va a jugar un partido de fútbol con el equipo de Coopservir, la cooperativa donde labora, sus rivales se mofan de su situación. Dicen que a lo mejor compraron los árbitros para ganar. Es el estigma con que la Lista Clinton marca a muchos colombianos.

Mientras cuenta sus dramas, lanza una frase que resume su historia con la Lista: “me siento abandonado por Colombia”. En su corazón tiene el anhelo de muchas de las víctimas: “Ojalá averiguaran quién es uno antes de meterlo a una lista como esas”. Como Tito, 138 empleados de Coopservir viven la misma situación.

¿Derechos humanos?

A estas historias se suma infinidad de casos como el de la familia Mor Nassar, recientemente, o la historia de María Isabel Merchant, una mujer que se dedicó por muchos años a lavar los pocillos de Drogas La Rebaja y su nombre también apareció sin justificación alguna en la Lista Clinton.

Los derechos fundamentales de estas personas son violados de manera abierta. El derecho al trabajo, al buen nombre, a la propiedad, a la educación, e incluso, en algunos casos, a la salud. En últimas, asegura el abogado Libardo Orejuela Díaz, autor del libro Lista en Mano, de la lista negra a la Lista Clinton, “lo que está en juego es el derecho a la vida de muchos colombianos”.

En su libro, el abogado Orejuela plantea que con la Lista Clinton “se vulnera el debido proceso, pues sin que en el país haya una condena, ni tan siquiera una investigación penal, se les anulan a los afectados sus libertades económicas, su derecho a la intimidad, el buen nombre, su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y a la igualdad”.

El escritor y columnista de El Espectador Juan Gabriel Vásquez aseguró en una pasada columna que “la Lista Clinton es un grotesco atentado contra la soberanía colombiana, además de una temible portadora de injusticias. En la práctica, la Lista es como una de esas bombas que para matar a un terrorista acaban matando a 20 civiles inocentes”.

Por su parte, el columnista Jorge Restrepo Potes, de El País de Cali, también opinó en una de sus columnas, publicada el pasado 3 de mayo, que “hace 12 años, en el gobierno demócrata de Bill Clinton, el Departamento del Tesoro promulgó un decreto administrativo por el cual se dispuso bloquear las propiedades de personas extranjeras en quienes se presumieran vínculos con el narcotráfico. En ese lapso, Colombia ha tenido tres presidentes (Samper, Pastrana y Uribe) y todos han pasado de agache ante esa gravísima violación de los derechos civiles de los colombianos. La persona que caiga en esa lista, que no es ley allá ni ha sido aceptada acá por el Congreso, es un muerto civil sin defensa alguna, pues la presunción de inocencia no cabe en ella. No hay cargos. No hay proceso. No hay pruebas para rebatir. Nada. Algo digno de Kafka”.

El reconocido periodista Daniel Samper Pizano, en su columna de El Tiempo titulada ‘Tres historias que huelen a atropello’, escribió sobre la inclusión de la familia Mor en la Lista Clinton, las acusaciones realizadas por la CIA contra el general Mario Montoya de tener nexos con paramilitares, y las imputaciones en el mismo sentido hechas contra el senador Mario Uribe por parte de un paramilitar, que “nos encontramos ante un cuarto modelo de corrupción: la acusación sin proceso y sin pruebas, nacida de fuentes altamente sospechosas, ante la cual los sindicados no tienen cómo defenderse. Todos los códigos civilizados, desde la Declaración de Derechos Humanos hasta la Constitución de Colombia, consagran el debido proceso. Es decir, que a los imputados los juzgue la autoridad que les corresponde con arreglo a leyes preexistentes y sólo se les condene si las pruebas aportadas durante el proceso consiguen destruir la presunción de inocencia que los acompaña”.

Sin defensa

Varios son los funcionarios del Estado que admiten las anteriores arbitrariedades en relación con la aplicación de la Lista Clinton en Colombia, pero argumentan que no tienen los mecanismos para intervenir. La Corte Constitucional, en sentencias como la C-157 de 1999, o C-167-99, no permite al gobierno nacional adelantar gestiones ante Estados Unidos para que este país excluya de la Lista Clinton a empresas o personas colombianas involucradas. Estas acciones quedan en manos exclusivamente de los ciudadanos registrados.

El Ministerio de Protección Social, por ejemplo, ante la solicitud de una empresa vinculada a la Lista Clinton para que se le aceptaran los pagos de los aportes de sus empleados a un Fondo de Pensiones, se ha declarado sin facultades para exigir que se acepten estos dineros.
 
Por su parte, la Defensoría del Pueblo sólo tiene la potestad de asesorar y acompañar a los ciudadanos vinculados en la Lista Clinton. “Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Orientamos a quienes nos buscan, pero nuestra ayuda no puede ir más allá del asesoramiento. Además, las organizaciones estadounidenses que manejan estos casos no dan información a nadie más que a la persona que aparece reportada, y nosotros no tenemos ninguna herramienta para exigirles esa información. Lo más que podemos hacer es facilitar defensores públicos. En algunos casos hemos consultado firmas norteamericanas para que asuman la defensa de estas personas, pero para nuestros defensores es muy complicado, pues todo se basa en leyes norteamericanas”, comentó al respecto el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez. En esa misma línea opina el Defensor del Pueblo en Cali, Andrés Santamaría Garrido.

Estas gestiones que realiza la Defensoría del Pueblo les han permitido a algunos pocos colombianos ser excluidos de la Lista Clinton, Ese es el caso de Jaime Ramírez Paz, Jairo Barreneche, Enrique Villalobos, entre otros.

Sin embargo, a pesar de este acompañamiento, no se muestra una clara política para defender los derechos humanos de los colombianos inocentes que están vinculados en la Lista Clinton. Son, como ellos mismos lo afirman, “leprosos financieros”. Nadie quiere saber de ellos. ¿Quién, entonces, defiende sus derechos?

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