Ley de Justicia y Paz

El martes 21 de junio el Congreso aprobó la Ley de Justicia y Paz , que define el marco legal para futuras negociaciones de paz. Particularmente cómo serán juzgados los jefes paramilitares acusados de delitos atroces y que actualmente negocian su desmovilización con el gobierno en Santafe Ralito en Córdoba. Con su aprobación concluye un intenso proceso liderado, contra viento y marea, por el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y que comenzó cuando presentó a mediados de 2003 al Congreso un proyecto de ley de alternatividad penal que sustituía la prisión por penas alternativas. Este fue considerado desproporcionalmente laxo frente al perjuicio causado a víctimas de masacres como la de El Salado y fue archivado.

Los congresistas uribistas Rafael Pardo y Gina Parody junto con el liberal Luis Fernando Velazco y el representante del Polo Democrático Wilson Borja presentaron un proyecto de ley que contaba con el respaldo de la comunidad internacional y de varios otros sectores políticos y que incorporaba lo discutido en las audiencias en el congreso sobre paramilitarismo. Sin embargo, a finales de la legislatura del 2004 el gobierno les pidió retirar el proyecto para conciliarlo.

En febrero de 2005, sin haber logrado tal acuerdo y en medio de una intensa polémica en el país  y con la comunidad internacional sobre cuánto se debe castigar y cuánto se debe perdonar, los congresistas presentaron nuevamente su proyecto y el gobierno presentó uno propio. Aunque el oficial era muy parecido al de Pardo, muchos analistas consideraban que el gobierno apoyaría un tercer proyecto presentado por uribistas pura sangre, como en efecto sucedió.

El Congreso tenía el desafío de definir no sólo un tratamiento jurídico a los autores de delitos atroces acorde con los parámetros internacionales sino qué sucedería, por ejemplo, con los ex militares que entraron a las autodefensas para evadir responder crímenes cuando formaban parte del Ejército; con los desmovilizados que están en la cárcel por haber cometido crímenes de lesa humanidad; y evitar que militares como el general Jaime Uscátegui juzgado por omisión en la masacre de Mapiripán terminará pagando muchos más años de cárcel que los paramilitares que la cometieron.

Durante el debate  así como en la negociación, el nudo gordiano fue el narcotráfico, y específicamente qué hacer con los jefes pedidos en extradición. Otros temas como la reparación a las víctimas, el alcance de la confesión y el tema del delito político fueron preponderantes. Las discusiones en el Congreso contaron con muy poco quórum y se vieron enrarecidas con debates sobre las inhabilidades para votar el proyecto de los políticos que eventualmente se beneficiaron de un proselitismo paramilitar para ser elegidos.

Ya aprobada la ley, el gobierno se ha dedicado a 'venderla' a la comunidad internacional. En Estados Unidos, fue bien recibida por la Casa Blanca pero ha propiciado críticas en el Congreso. En Europa, ganó un compás de espera. En Colombia persisten los críticos. Como lo afirma un análisis de la Fundación Ideas para la Paz, el verdadero termómetro de la ley lo dará su aplicación. El nuevo Fiscal General, uno de los autores de la ley, tendrá el desafío de aplicarla. Y de la movilización de las víctimas dependerá que no beneficie sólo a los paramilitares.

El futuro de la ley no es claro. Queda por ver qué hará la Corte Constitucional si la ley es demandada, algo bastante probable. También dependerá de la reelección. A ninguno de los candidatos a la Presidencia les convence la ley.