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| 11/8/2006 12:00:00 AM

Llegó la hora de la verdad de los crímenes del paramilitarismo en Colombia

A cuenta gotas el país ha ido conociendo la verdad del terrible accionar de los paramilitares. Es el caso de Barranquilla en donde las AUC lanzaron una ofensiva criminal sin precedentes entre los años 2002 y 2005. SEMANA.COM presenta testimonios y declaraciones exclusivas de víctimas y asesinos entregados a la Fiscalía y que retratan esa oscura etapa de violencia. Es una muestra de lo que pronto se escuchará en todo el país.

La historia de los hechos criminales sucedidos en Barranquilla entre los años 2002 a 2005 no fue descubierta al encontrarse el computador de ‘Jorge 40’. Sencillamente fue confirmada. ¿Por qué? Pues ya existía un proceso largamente documentado por jueces, fiscales, investigadores judiciales y los testimonios de víctimas, criminales y cómplices.

El computador de propiedad de ‘Jorge 40’ hallado por los miembros del CTI en poder de Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, en marzo de 2003 en el kilómetro 17 de la vía que comunica a Santa con Ciénaga, ha sido una pieza importante que ha servido a fiscales e investigadores judiciales para confirmar informaciones que ellos habían obtenido mediante la práctica de pruebas, investigaciones criminales, levantamientos de cadáveres, indagatorias y declaraciones rendidas por testigos, por implicados, cómplices y familiares de las víctimas durante más de tres años de audiencias, prácticas de pruebas y detenciones de algunos de los responsables.

Este proceso comenzó el 2 de octubre de 2003 ante los jueces promiscuos del circuito de Sabanalarga, con base en un informe de la Sijín - Pojud, en el que se relacionaban una serie de asesinatos selectivos y extorsiones en el departamento del Atlántico cometidos por miembros de una banda de hombres que decían ser de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La apertura de esa investigación judicial se convirtió en la piedra angular sobre la que se ha cimentado un proceso en el que inicialmente se identificaron a unos sicarios, posteriormente a unos colaboradores y a medida que se avanzaba en la investigación aparecieron los jefes de las bandas y los presuntos cabecillas intelectuales que dieron lugar a una organización de carácter permanente.

Sobre este proceso hay que precisar entonces, que no comenzó cuando capturaron a alias ‘Don Antonio’ y, para quienes comienzan a desconfiar de su existencia, en la cadena de custodia dice que fue entregado a alias ‘Don Antonio’ por alias ‘Jerónimo’, un hombre de confianza de ‘Jorge 40’, una semana antes porque consideraban que bajo su custodia estaba más seguro.

En Repelón, Malambo, Soledad, Sabanalarga, Campeche, Tubará, Luruaco, Baranoa, Manatí y Barranquilla, comenzaron a ocurrir crímenes que fueron registrados ampliamente en los periódicos El Heraldo y La Libertad. Inicialmente se hablaba de la muerte de jóvenes a quienes acusaban de rateros. Posteriormente, el jefe de un grupo de sicarios conocido con el alias de ‘Pedro las aguas’, dijo que “estaban haciendo limpieza social, liquidando mariguaneros (sic), guerrilleros, cuatreros, sapos, ladrones yvioladores”.

Fue así como los habitantes de los municipios mencionados comenzaron a tener noticias que en el departamento del Atlántico, otrora remanso de paz, libre de guerrilleros y paramilitares, comenzaba a sufrir en carne propia la presencia de estos grupos ilegales. Estos grupos comenzaron a realizar reuniones en algunas casas y fincas en las cuales se identificaban a personas y empresas a las que iban a extorsionar y otras que serían asesinadas bajo la modalidad del sicariato. De estas reuniones se tuvo conocimiento en el proceso, gracias a las denuncias hechas por personas que participaron en esas reuniones, y dijeron a los investigadores judiciales con detalle las fincas en las que se reunían y las casas en las que se planeaba la comisión de los delitos, con fechas y nombres de las personas o los alias que ejecutarían esas decisiones.

Tenían casas para esconderse, fincas para reunirse, fincas para asesinar y sepultar, ‘carros mosca’ que servían para ubicar a las víctimas y cambiaban de celulares cada ocho días. Semana a semana, los reportes de los diarios dan cuenta de una febril actividad sicarial llegándose a registrar en cada fin de semana un promedio de víctimas que oscilaba entre 15 y 20 muertos, la mayoría caídos a manos de sicarios motorizados.

Y así como avanzaban las investigaciones y al mismo tiempo tenían ocurrencia nuevos crímenes, las autoridades comenzaron a capturar personas vinculadas con los asesinatos y las extorsiones. Las víctimas, ya no sólo tenían el perfil de ladronzuelos o viciosos de barrio, comenzaron a figurar en la espantosa lista de crímenes comerciantes y ganaderos que se resistían a la extorsión. Y a medida que caían los implicados el expediente crecía con sus declaraciones, indagatorias y pruebas sumando en la actualidad un voluminoso expediente con 39 cuadernos que en promedio cada uno tiene entre 250 y 300 páginas, en las que reposa una de las historias criminales más escalofriantes y dolorosas, pues se calcula que durante los últimos cuatros años han caído asesinadas cerca de 1.500 personas por el accionar de los sicarios.

Con base en los testimonios, pruebas, declaraciones e investigaciones realizadas por funcionarios policiales y técnicos judiciales, allegados al expediente instruido por la Fiscalía Quinta Delegada de DH y DIH, aparece una organización criminal relacionada con las AUC, en la que la mayoría de los integrantes pertenecieron a las Fuerzas Militares, a la Policía, al DAS, al CTI y en muchos casos cometieron los actos apoyados por personal activo de dichas fuerzas.

Pero esa ‘longa mano’ de las autodefensas, como la define el Procurador Delegado para los derechos humanos en un concepto enviado a la Fiscalía Quinta de DH y DIH, también cuenta con el apoyo de políticos, fiscales, comerciantes, ganaderos, industriales, empresas de juego y azar y gente del común.

En la agenda de un militar detenido, se encontró la relación de pagos que se hace a diferentes fiscales “con el fin de que modifiquen sus decisiones” y en audiencia entregada a la Fiscalía el exmilitar relató que “cuando se encontraba activo el 90 por ciento de los militares de la zona trabajaba en conjunto con las AUC”.

Como resultado de la investigación y de la actuación de la Fiscalía Quinta de DH y DIH, se individualizaron a los cabecillas y fueron detenidos Teofilo Rey Linero (preso en Cómbita), jefe de seguridad de la empresa Camaguey y accionista de Asis Ltda (empresa de vigilancia y seguridad); Manuel Combariza Rojas -preso en Cómbita-, abogado, ex gerente de Palmeras de la Costa y de Coolechera, una cooperativa con 75 años de tradición en el Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar); Jorge Enrique Palacio Salas (asesinado en enero de 2006, había estado preso en la cárcel del Buen Pastor, al denunciar amenazas contra su vida por sus testimonios), fue gerente de Asis Ltda. y defendía ocasionalmente a los sicarios y vigilantes de la ‘empresa’; Wilson Fresney Ramírez, retirado del Ejército y jefe de seguridad de Asoganorte (asesinado en 2004); Juan Carlos Rada (preso en Cómbita), ingeniero, ex jefe de seguridad de la Universidad Autónoma y socio de Asis, y los sicarios Oswaldo Enrique Calvano Chavarro. Jorge Enrique de Moya, Jhon Fredy Rojas Marín, Wilmer Enrique Samper Meléndez (alias ‘Pupy’, muerto posteriormente), y Alexander Medina Bulloso.

La Fiscalía y los organismos de seguridad e inteligencia del Estado acumularon tal cantidad de pruebas, que en enero de este año la fiscal quinta Amparo Cerón dictó medida de aseguramiento contra otro grupo de implicados entre los que se encontraba Edgar Ignacio Fierro Flórez por el delito de extorsión no tipificado en la Ley de Justicia y Paz expedida para otorgar beneficios a quienes militaron en los grupos de autodefensas.

Cuando el CTI capturó a ‘Don Antonio’ el 11 de marzo en la Urbanización Villas de Canaria en cercanías de Santa Marta, detuvieron a una de las fichas clave en el rompecabezas criminal de esta organización y lo que allí se encontró fueron las pruebas que corroboraron lo que ya había llegado al expediente durante los tres años de instrucción del proceso.


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