Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2005/08/26 00:00

Llueve sobre mojado

Carlos Cortés, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, cree que lo que persigue el proyecto del senador Gómez Martínez se obtiene a través de las normas existentes.

Llueve sobre mojado

Las leyes penales contra la difamación surgieron como una alternativa para prevenir los legendarios duelos. Quien se sentía ofendido por un comentario público citaba al agresor para resolver el asunto con arma en mano, de una vez por todas y de manera radical: su enemigo pagaba con su vida el agravio cometido, o el ofendido moría defendiendo su honor. Se consideró entonces más razonable encarcelar a quienes atentaran contra la reputación y la dignidad de otro, que llenar los cementerios de susceptibles y contestatarios.

En Colombia, los delitos de difamación se conocen en el Código Penal como 'injuria' y 'calumnia'. Se incurre en injuria cuando una persona hace afirmaciones deshonrosas sobre otra, y en calumnia, cuando alguien imputa falsamente a otro la comisión de un delito. También pueden cometer este delito quienes publiquen, reproduzcan o repitan injuria o calumnia. Es decir, por un lado está el autor de la injuria o la calumnia y, por el otro, la persona o el medio que la reproduce.

Esta es la primera aclaración que se debe hacer: los delitos de injuria y calumnia ya existen en la legislación colombiana. Son conocidos los ejemplos de políticos, funcionarios o celebridades que, en defensa de su intimidad, su honra y su buen nombre, denuncian penalmente a un periodista.

¿Cuál es entonces el objetivo del proyecto de ley del senador Juan Gómez Martínez? En líneas generales, propone añadir un artículo al Código Penal que califique los delitos de injuria y calumnia. Es decir, un artículo que se refiera específicamente a los periodistas, comunicadores, directores de medios o articulistas que injurien o calumnien. Hasta ahí, nada nuevo. Lo que pretende el proyecto se obtiene a través de las normas existentes.

Sin embargo, el proyecto impone que cualquier aseveración se haga con fundamento o prueba controvertida. Tratándose de divulgación de información, los periodistas deben sujetarse a los deberes de veracidad e imparcialidad, lo cual implica contrastar y sopesar versiones y mantener prudente distancia de las fuentes. Pero, de ninguna manera se puede equiparar la verdad periodística con la verdad judicial y someter al periodismo a dinámicas propias de juzgados. Mucho menos la opinión que, por su propia esencia, se refiere a la percepción subjetiva que cada cual tiene sobre la realidad.

En resumen, el proyecto no introduce normas nuevas que atenten contra la libertad de prensa. Preocupan algunos términos ambiguos, que en el momento de ser interpretados por los jueces se pueden convertir en restricciones para la actividad periodística; y preocupa también que se quiera 'bautizar' a los periodistas como sujetos activos de los delitos de injuria y calumnia. Esto, sin duda, puede generar un efecto inhibitorio para el periodista que, ante el temor de ser denunciado penalmente, se abstiene de informar u opinar.

Pero más allá de todo eso, se debe discutir si las sanciones penales contra opiniones o informaciones deben seguir existiendo. En la sociedad actual, muchos críticos de este tipo de normas afirman que se deberían abolir, no sólo porque el derecho penal ha evolucionado, los duelos son ilegales y el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado; también porque las leyes penales contra la difamación se terminan usando con fines políticos, para acallar voces disidentes o molestas para los gobiernos. Se convierten, en la práctica, en una forma de censura.

Naturalmente, la despenalización de la injuria y la calumnia requiere un fortalecimiento de mecanismos como la reparación civil, la tutela y el derecho de réplica. Hacia allá se debe dirigir el debate, más aun cuando instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran desproporcionadas las sanciones penales por difamación e incompatibles con libertades civiles reconocidas en varios tratados de derechos humanos.

* Director de la Fundación para la Libertad de Prensa

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