Lo aprueban o lo apruebo

Cero y van seis, podría llamarse el nuevo capítulo de la novela de reelección de Gobernadores y Alcaldes. El proyecto de ley para permitir que los mandatarios locales y regionales extiendan su periodo por una sola vez fue radicado por el gobierno el 31 de marzo. El afán del gobierno en su aprobación es evidente.

El Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, no escatimó argumentos para defender el proyecto de acto legislativo. Dijo que fortalecería la vocación descentralizadora y autonomista de la Constitución de 1991, al otorgarle al ciudadano una herramienta política para evaluar la gestión de los mandatarios locales. Además, que dado que está permitida la reelección inmediata a la Presidencia lo lógico seria permitirlo también para los demás representantes locales y regionales. (Ver Proyecto de Acto Legislativo completo)

Este proyecto es el sexto presentado durante el gobierno de Uribe (Ver recuadro con antecedentes) y no difiere mucho del anterior. Por lo menos, en cuanto al articulado. En realidad, la diferencia radica en un artículo y ciertos parágrafos transitorios que, sin duda, causarán polémica.

Por un lado, el proyecto fija un detallado cronograma para aprobar el proyecto de acto legislativo. Define como fecha límite para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad el 1 de septiembre de 2007. Así, el gobierno pretende reducir a la mitad el tiempo que tiene la Corte para declarar la exequibilidad de la Ley Estatutaria que desarrollaría la reforma constitucional. Para garantizar que el proyecto pasará rápido en el Congreso, el gobierno tiene previsto convocar a sesiones extraordinarias con mensaje de urgencia e insistencia, de ser necesario.

¿Cuál es el afán?

Las próximas elecciones para gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos y ediles están programadas para octubre del 2007. Según un artículo transitorio del nuevo proyecto del gobierno que reformaría la Constitución, estas se podrían correr hasta el segundo domingo de diciembre de 2007. Es decir, se aplazarían dos meses las elecciones locales.

Esos dos meses le darían al gobierno un margen de maniobra para tramitar la Ley Estatutaria del proyecto de tal forma que los actuales gobernadores y alcaldes queden cobijados por la reforma constitucional, y puedan postularse para un segundo periodo. El gobierno deja claro que quienes aspiren a su reelección inmediata deben declarar públicamente y por escrito su interés de presentarse como candidatos la primera semana de septiembre de 2007.

Si por alguna casualidad, el proyecto se hunde en la Cámara o el Senado y llegada la fecha límite no ha sido aprobado, el gobierno tiene un as bajo la manga: ”Sí el Congreso no expidiere la Ley en el término señalado o el Proyecto fuere declarado inexequible por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional reglamentará transitoriamente la materia, sin necesidad del control previo de constitucionalidad.”, dice un aparte del proyecto. Como quien dice: lo aprueban o lo apruebo.

¿Qué tan constitucional puede ser este artículo transitorio? Para el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández Galindo, esa norma, en cuanto elimina las posibilidades de control constitucional, es inconstitucional ya que viola la esencia misma de la Constitución, de acuerdo al cual todas las actuaciones publicas están sujetas a control. Cree que la Corte Constitucional podría inaplicar la norma.

Dado que toda ley estatutaria exige la revisión automática de la Corte Constitucional, muchos piensan que este Acto Legislativo tiene cierto tinte politiquero con miras a enfrentar las elecciones presidenciales en las cuales, seguramente, los gobernadores y alcaldes se convertirán en los mejores jefes de campaña si tienen la ilusión de quedarse otros cuatro años en sus cargos.