Los avances de la Comisión Nacional de Reparación

Con el fallo completo que la Corte Constitucional dio a conocer la semana pasada sobre la ley de Justicia y Paz se comienza a despejar el camino para las víctimas de los ‘paras’. Muchas de las tareas que a favor de ellas se tenían frenadas por no conocerse la totalidad del texto, comenzarán a rodar ahora. El Fondo de Reparación, el Registro Único de Desaparecidos, un Banco Genético y dos oficinas regionales de reparación, son algunos de los proyectos que verán la luz próximamente.

Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Cnrr, asegura que lo más importante es que ya está el reglamento del Fondo Nacional de Reparación a donde van a parar todos los bienes que entreguen las autodefensas. El pasado 10 de julio, el departamento de Acción Social de la Presidencia de la República, abrió la convocatoria para las dos personas jurídicas que administrarán el Fondo. Hay plazo hasta el próximo 8 de agosto para presentar las propuestas.

“Los directores deberán administrar los bienes que la Fiscalía General le entregue al fondo. Estos tienen dos características: los que los paramilitares hayan expropiado por la fuerza a los campesinos y los que hayan adquirido de manera legal o ilegal. Algunas propiedades serán rematadas para conseguir recursos que vayan al fondo y así reparar a otras víctimas. El Fondo es el corazón de la reparación”, explica Pizarro.

Por otro lado, ya se aprobaron 1.800 millones de pesos para que en dos meses comience a utilizarse el Registro Único Nacional de Desaparecidos, necesario para identificar las víctimas mortales de las autodefensas. Hoy está en marcha una comisión mixta entre la Cnnr y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para avanzar en el diseño de una política pública.

En ese misma dirección se llega al problema de las fosas comunes donde las AUC ocultaron a sus víctimas. “Se viene avanzando en la creación de un banco genético, con recursos de cooperación española, para identificar los muertos de los paramilitares y saber a quién se va a reparar”, agrega Pizarro.

Por último, se confirmó que en dos semanas se abrirán las oficinas de reparación regional en Valledupar y Medellín que cuenta, entre otros, con miembros de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y al menos un abogado para que asesore a las víctimas.

La Comisión de Reparación deberá presentar un informe público sobre el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales, verificar el desmonte de las estructuras paramilitares y su reincorporación a la vida civil, y recomendar los criterios para la reparación.