Los efectos de la certificación en Derechos Humanos para Colombia

El presidente Álvaro Uribe acaba de recibir un importante respaldo que le podría traer muchos beneficios económicos y políticos para la lucha contra el terrorismo: el gobierno de Estados Unidos le notificó el pasado 4 de abril a su Congreso que en Colombia se cumplen los derechos humanos, y que tanto sus Fuerzas Armadas como sus congresistas se están limpiando de los vínculos que tuvieron con los grupos paramilitares.

En la rueda de prensa que a diario ofrece el Departamento de Estado, el vocero del organismo Sean McCormack leyó un comunicado que asegura que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, le certificó al Congreso gringo la noticia. Al margen de si es cierto o no dicho cumplimiento, un pronunciamiento como este podría holgar la ayuda militar que los norteamericanos le entregan al país para combatir el terrorismo en estrategias como el Plan Colombia y eso, desde muchos puntos de vista, es positivo para el país, sobre todo en momentos tan tensos para el alto gobierno que en su segundo período se está jugando la vida para demostrar su legitimidad a pesar de los paramilitares.

Aunque semanas atrás el propio Departamento de Estado había criticado al gobierno colombiano por los “elementos de las fuerzas de seguridad” que se apartaron de la política estatal -haciendo referencia a los nexos entre militares, mandatarios locales, empresarios y congresistas con miembros de las autodefensas- pesaron más las decisiones judiciales de los últimos meses: hay nueve congresistas en la cárcel por ‘parapolítica’; varios alcaldes y gobernadores fueron llamados a indagatoria por el mismo delito; el ex director del DAS asiste a diligencias similares; 69 militares fueron llamados a indagatoria por una masacre en Antioquia mientras que otros pocos, de más alto rango, son sospechosos de colaborar directamente con las AUC.

Dice el comunicado que “aún hay cosas por hacer” en materia de derechos humanos, pero resalta que el presidente Uribe ha mostrado su interés en hacerlos cumplir a través de “todos los sectores de la sociedad”, y que el Presidente “sigue comprometido en trabajar con la comunidad internacional para lograr mayores avances en esta materia”.

La decisión podría ‘ablandar’ el corazón demócrata del Congreso estadounidense que ha pensado condicionar estrictamente la continuidad de la ayuda económica a Colombia. “Tiene poca seriedad técnica, pero mucha simbología importante”, dice la analista Claudia López.

Contrario al pronunciamiento en el país del norte, la ONU entregó el pasado marzo un informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia que en nada se parece a lo que dijo Rice. Aunque Naciones Unidas resalta los esfuerzos en materia de paz como las rondas con el Eln en Cuba y la desmovilización de las AUC, deja claro que aumentaron las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y las desapariciones forzadas atribuidas a la fuerza pública. “Se identificaron tres elementos comunes: la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar”.

Sobre estos temas, Estados Unidos dice tomar nota y que, para ayudar, se compromete a seguir trabajando con sus autoridades y a vigilar la efectiva investigación y judicialización de las violaciones a los derechos humanos. Un gesto que sin duda, es refrescante en medio de la tormenta ‘parapolítica’ que azota al país.