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| 3/21/2007 12:00:00 AM

Los fugitivos

Por no creer en la justicia o a la espera de una segunda decisión que quizá los considere inocentes, varios políticos y empresarios del país están prófugos. SEMANA.COM hace un recuento de quiénes son y en qué van sus procesos.

La noticia este año, a pesar de estar cansando a muchos colombianos, es el escándalo de la ‘para-política’. La justicia colombiana ha encarcelado en los últimos días a congresistas, empresarios y mandatarios locales implicados en graves y sorprendentes delitos cometidos con las AUC.

El pulso duro en estos casos lo ha tenido la rama judicial que hoy se juega su prestigio con las investigaciones que adelanta, y con los llamados a indagatoria y a declarar que son noticia cada semana.

Aunque hay varios tras las rejas, otros, por no confiar en la justicia o por buscar en la libertad las pruebas que demuestren su inocencia, se encuentran prófugos. SEMANA.COM hace un recuento de los grandes fugitivos actuales de la justicia colombiana.

Vicente Castaño

En julio de 2006, el presidente Álvaro Uribe ordenó que él y todos los comandantes de las autodefensas desmovilizados fueran llevados a un centro de reclusión en La Ceja (Antioquia). Todos aparecieron de manera gradual menos Vicente Castaño, hermano de Carlos, reconocido ex comandante de las AUC.

Poco tiempo después su orden de captura fue levantada por la Fiscalía al igual que su orden de extradición que habían quedado sin vigencia luego de su desmovilización. Pero nada que aparece. En actos públicos, se les ha ordenado a la Policía y al Ejército que lo persigan sin descanso y se ha ofrecido una millonaria recompensa por él.

Lo poco que se ha vuelto a saber de él es que su nombre aparece asociado con la conformación de nuevos grupos paramilitares en el suroriente del país. También lo relacionan con el asesinato de Yolanda Izquierdo, líder de un grupo de víctimas en Córdoba que murió por reclamar la restitución de las tierras que les quitaron los ‘paras’. Se habla también de la permanencia de su gran poder, el mismo que adquirió en silencio dentro de las AUC.

Informes de inteligencia señalan que Vicente se hizo fuerte entre los ‘paras’ en los años 80, cuando su hermano Fidel controlaba los mundos del paramilitarismo y el narcotráfico. Como sucede con todos los miembros de esas organizaciones, Vicente empezó a ser reconocido con apodos. Sus alias eran ‘El Profe’ o ‘Yarumo’.

Después de la muerte de Fidel (el hermano mayor), en los 90, asumió el mando Carlos, el menor de los tres. Entonces Vicente se volvió miembro activo de la organización e incluso coordinó con fuerte carácter varias operaciones de combate.

Según le dijo a Semana en una entrevista a finales del año pasado, sus dos exigencias son “primero, un acta actualizada o de cierre del proceso de negociación de paz entre el gobierno y las AUC donde se estipulen todos los acuerdos pactados. Y segundo, que el acta lleve la firma de la comisión de garantes para el cumplimiento de los mismos”. Remató diciendo que “me acojo cuando los acuerdos pactados en la negociación estén escritos en un acta firmada por el gobierno, la Iglesia, la OEA y la comisión de garantes para su cumplimiento”.

Salvador Arana

Ex gobernador de Sucre y ex diplomático del gobierno del presidente Uribe en Chile.

Su nombre está asociado con un cruel episodio de la violencia de los paramilitares. Eudaldo León Díaz, ex alcalde del municipio El Roble en el mismo departamento, era militante del Polo Democrático. En un consejo comunitario que se hizo en Corozal en marzo de 2003, se levantó y le dijo al presidente Álvaro Uribe: “a mí me van a matar”. Pero no sólo le contó al mandatario su fatal sospecha. También lo hizo con su familia. A sus parientes. Agregó que si algo le pasaba, era responsabilidad de Salvador Arana.

El presagio de Díaz se cumplió. El 5 abril de ese año, desapareció. No se supo nada de él hasta cinco días después, cuando encontraron su cadáver en una de las salidas de Sincelejo.

La Fiscalía dictó orden de captura contra Arana en noviembre de 2006, sindicado de desaparición forzada y homicidio agravado de Díaz. La decisión del ente se basó en diversos testimonios. “Miembros de grupos paramilitares del departamento manifiestan haber escuchado cuando se decía que Salvador Arana suministró los recursos económicos para que el combatiente paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, diera muerte al Alcalde”, dice un registro de la Fiscalía. Allí también consta que hubo testigos que vieron a Arana reunido con Mercado.

El documento oficial tiene otro revelador testimonio. Parece ser de un mesero que escuchó cuando ‘El Cocha’, jefe de sicarios de los paramilitares, les dijo a sus hombres: ‘¿Ustedes qué hacen aquí que no están cuidando al Alcalde? Ya Arana dio la orden de matarlo y todo está pago”. El mesero fue muerto después de dar su declaración.

Como consecuencia de esos testimonios, Arana fue involucrado en la investigación. Su orden de captura se dictó cuando la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía un expediente que señala a Arana como creador de grupos paramilitares en Sucre y responsable del desvío de dinero de la gobernación para ese objetivo.

Puesto que se perdió su rastro, la Policía Internacional (Interpol) emitió la circular roja contra Salvador Arana el primero de diciembre de 2006. Ésta sirve para buscarlo y capturarlo en cualquiera de los 186 países que conforman ese cuerpo policial.

Fernando Botero

El pasado enero, el ex ministro de Defensa recibió una noticia que no esperaba. La Corte Suprema de Justicia falló en su contra y lo sentenció a pagar una condena de 30 meses de prisión por hurto agravado. La causa fue haber tomado dineros que no eran suyos para comprar una finca en Tabio (Cundinamarca). El hecho por el que lo acusan está asociado con la campaña de Ernesto Samper, envuelta en el sonado escándalo del proceso 8.000.

Lo que sucedió con Botero fue que prestó sus cuentas personales en el exterior para que empresarios que no quisieran evidenciar su participación financiera en la campaña pudieran aportar dinero anónimamente. Entre marzo y junio de 1994, fue a dar a esas cuentas un total de 1’875.000 dólares.

Sobre el destino de ese monto, la Fiscalía estableció que el 10 de junio de 1994, entre la primera y segunda vuelta de las elecciones, Botero trasladó un millón de dólares a sus cuentas en Bogotá. Envió el dinero a la sucursal del Banco de Colombia en Panamá y allá se expidieron cheques de gerencia a nombre de personas allegadas a él.

Quienes recibieron los cheques, los endosaron y se los entregaron a Botero. Esa plata fue destinada a gastos de la campaña por medio de tesoreros regionales, según las investigaciones de la Fiscalía.

Hasta ahí, no había ningún problema. Lo que encontró irregular la justicia colombiana fue lo que sucedió con el resto del dinero, cerca de un millón de dólares (800 millones de pesos).

Esa plata llegó a Colombia igual que el monto anterior, pero el 23 de junio, cuando Samper ya estaba elegido como Presidente. El problema de este giro no fue la fecha, sino su destino. Las investigaciones determinaron que de esos 800 millones de pesos, 490,5 fueron usados para comprar una finca de Tabio y el resto fue para pagar cuentas personales de Botero. Ese es el hurto agravado por el que lo acusan.

Sin embargo, Botero explicó que su familia tenía suficiente capacidad económica para realizar esos pagos y que el origen del problema era determinar cuáles dineros de su cuenta pertenecían a la campaña y cuáles a sus ingresos personales.

Por eso, el juez de primera instancia lo absolvió en 2001, pero la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión. El Tribunal que revisó el caso determinó que no eran consecuentes los dineros personales de que hablaba Botero con las fechas de las negociaciones. Entonces el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 30 meses de cárcel. La decisión fue apelada y en enero la Corte Suprema de Justicia definió que el fallo era acertado.

Ahora Botero se encuentra refugiado en México, país que le dio su nacionalidad. Dice que apelará a tribunales internacionales porque la justicia colombiana violó el debido proceso en su caso. Mientras tanto, la Interpol emitió circular azul, para que lo persigan donde se encuentra y está a la espera la circular roja, para que lo capturen.

Jorge Luis Caballero

De los congresistas que recibieron orden de captura por el escándalo de la para-política, es el único que no se ha presentado ante la justicia, ni ha sido capturado. Ahora está en España.

Está sindicado por concierto para delinquir agravado. La razón del señalamiento es la supuesta promoción y el financiamiento de grupos paramilitares. Por tales acciones, había sido cuestionado en un debate en el Congreso el 16 de mayo de 2005 por el entonces representante Gustavo Petro.

Las acusaciones empezaron a esclarecerse en 2006 cuando el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, declaró que Caballero era el candidato del Bloque Norte de las AUC en Magdalena. Según explicó, la presión de ese grupo sobre los votantes fue la responsable de que este congresista obtuviera el 93 por ciento de los votos en algunos municipios del departamento.

No obstante, Caballero se defendió diciendo que su alta aprobación popular se debía a su recorrido político y a su trabajo como Gobernador. Pero aquella excusa no impidió que se emitiera la orden de captura en su contra junto con las de los congresistas Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Luis Fernando Vives, Dieb Maloof y Alonso Campo el pasado 15 de febrero.

Uno a uno, cada congresista se fue presentando ante la Fiscalía, pero Caballero no lo hizo. Al contrario, se fue en un carro hasta la frontera con Ecuador y huyó por ese país. Luego, viajó a España, según lo informó la Interpol.

Aunque se tiene detectado en ese país, no ha sido reportado a Colombia porque entró de manera legal. Por eso es necesario que la Interpol emita circular roja, para que pueda ser capturado y traído al país. El trámite está en espera.

Álvaro Araújo Noguera

Mientras se refugiaba en la clandestinidad, su esposa, María Lourdes Castro, les dijo a los medios de comunicación en Cartagena que él se entregaría pronto.

Este reconocido político del Cesar, padre de una ex canciller y de un congresista preso por ‘para-política’, tiene hoy 74 años. Durante su vida, ha ocupado importantes cargos públicos como ministro de Agricultura y Senador. Luego de una recorrida trayectoria política, pasó a ejercerla en silencio, sin mostrarse mucho, aunque su apellido seguía sonando. Su sobrino Hernando Molina, gobernador del Cesar, también está salpicado en el escándalo de la para-política.

Mientras ellos están respondiéndole a la justicia, Araújo Noguera huyó después de que la Fiscalía ordenara su captura. Está sindicado por supuesta participación en el secuestro de Elías Ochoa Daza, un opositor político de su hijo Álvaro.

Al parecer, Ochoa tenía planeado ocupar una curul en el Congreso en las elecciones de 2006. Pero Araújo Noguera le propuso que no la buscara solo y se sumara a la lista de su hijo por el partido Alas Equipo Colombia. Ochoa rechazó la oferta y lanzó a Juana Ramírez como candidata a la Cámara de Representantes.

Al día siguiente, el Bloque Norte de las Autodefensas secuestró a Ochoa. Según el expediente donde se registra su proceso, sólo volvería a la libertad si Ramírez se sumaba a la lista de Araújo Castro. La justicia colombiana requiere a Araújo Noguera para que responda si, en efecto, estuvo implicado en el secuestro del político y si actuó como emisario de ‘Jorge 40’ para liberarlo.

En un principio, se rumoraba que estaba refugiado en Venezuela, pero su esposa salió hace poco a decir en público que se encuentra en Colombia. Según explicó, no se le ha entregado a la Fiscalía porque está reuniendo pruebas para demostrar su inocencia. Sin embargo, permanece la circular roja que emitió la Interpol el 11 de marzo.

Álvaro José Lloreda

Una juez condenó a este empresario del Valle del Cauca a pagar nueve años de prisión y a cancelar una multa de 13.000 millones de pesos. La funcionaria consideró que él, junto con su hijo Jorge Alberto, estafaron al municipio de Cali en beneficio de sus empresas.

El caso proviene desde la liquidación de Colpuertos, en 1991, cuando se creó el fondo Foncolpuertos, para que atendiera las reclamaciones laborales de 18.000 trabajadores. Algunos consiguieron por medios poco claros que los jueces les reconocieran millonarias indemnizaciones basadas en documentos falsos.

Como el fondo se demoraba tanto en pagar, lograron que se emitieran títulos valores para que los pagara el Estado. Esto les permitía a los empleados vender los papeles y obtener pronto su dinero, mientras que los compradores de los títulos les cobrarían el Estado y recibirían el dinero en un lapso de tres o cuatro años.

Se cree que los Lloreda vieron ahí un buen negocio y se dedicaron a comprar los papeles. Más tarde, los cobraron sin ningún problema. A finales de 1998 se les planteó a la familia un nuevo negocio que analizaron durante meses. Comprar los mandamientos de pago de otros 168 ex trabajadores y encargarse a través de Fidupacífico, cuyo presidente era Jorge Alberto, de cobrar 13.000 millones de pesos que sumaban estos títulos reconocidos por fallos judiciales.

Al final hicieron el negocio y ese 28 de diciembre aceptaron traspasarlo al Fondo Financiero que manejaba los recursos del municipio de Cali, Bancali. Antes de terminar el año ya se hablaba de que algo irregular estaba ocurriendo con las liquidaciones laborales de los pensionados de Colpuertos y se comenzaron a destapar los fraudes y falsificaciones de actas de conciliación que daban derecho a sumas exorbitantes. Pero sólo en el año 2000 el gobierno decidió parar los pagos.

La juez falló contemplando que los Lloreda conocían los problemas de los títulos que se habían emitido y que, aun así, decidieron vendérselos a Bancali. Para la justicia, esto significa un engaño al municipio.

Como prueba de ese conocimiento que tenían padre e hijo, hay una carta que les envió la jefe jurídica de Foncolpuertos, Libia del Socorro Ortiz. En ella, les advertía sobre las irregularidades de los mandamientos de pago, antes de que ellos le vendieran los títulos a Bancali. Por eso, la juez los condenó por estafa agravada.

Sin embargo, Álvaro José se rehúsa a presentarse ante la justicia para pagar la condena. Su abogado, Yesid Reyes, explica que la acusación por estafa fue desconcertante, pues llevaban seis años defendiéndose y tres años atrás les habían imputado el delito de peculado.

Según dice, el cambio de calificación de un delito a otro es un proceso irregular. Y asegura que fuera de eso, para el fallo no se tuvieron en cuenta algunas pruebas que se presentaron durante el proceso. Por eso, Lloreda sigue en la clandestinidad.

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