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| 5/12/2003 12:00:00 AM

"Los insurgentes tienen a sus esposas o compañeras en cautiverio y querrán recuperarlas"

El presidente de la Cámara de representantes, William Vélez Mesa, propuso realizar un intercambio humanitario de niños secuestrados y reclutados por mujeres guerrilleras madres y guerrilleros enfermos. Semana.com habló con el parlamentario quien explicó su propuesta.

¿De dónde nace su propuesta de canje?

Debo aclarar que he propuesto un acuerdo humanitario y no un canje. Hay diferencias éticas y jurídicas entre canje y acuerdo. Los seres humanos no son objetos intercambiables. Es inaceptable canjear tantos presos políticos por tantos secuestrados, como si tuvieran precio. Hemos propuesto que, como un acto de sensibilidad humana, las partes en conflicto se pongan de acuerdo para poner fin al sufrimiento prolongado de más de 4.000 seres indefensos y sus familias hoy destruidas, iniciando dicho acto magnánimo con la liberación de los niños secuestrados o reclutados (estos últimos los indirectamente secuestrados).

Propuse este acuerdo humanitario desde agosto del año pasado, luego de ser elegido presidente de la Cámara. Entonces sugerí un acuerdo sometido a condiciones mínimas, las cuales son: la liberación de todos los secuestrados, sin discriminación; y la garantía de que los guerrilleros excarcelados no continuarían delinquiendo, para lo cual, podría explorarse la posibilidad de ser recibidos por un país amigo que facilitara su reinserción a la vida civil.

Pero su propuesta ha cambiado...

Por la convicción de que los niños son lo más sagrado que tenemos que salvar de esta guerra, propuse comenzar la negociación del gran acuerdo humanitario con un acuerdo inicial mínimo, a manera de gesto de buena voluntad y solidaridad humana: que la insurgencia libere a los niños secuestrados en su poder y reclutados en sus filas; y que el gobierno, en actitud de sensibilidad humana excarcele a las guerrilleras detenidas que sean madres de hijos menores de 16 años, y a guerrilleros cuyo estado de salud ameritara un tratamiento médico urgente. Este preacuerdo facilitaría y desbrozaría el camino hacia un acuerdo definitivo.

Hablemos de lo que pretende con un intercambio de estas características.

El Congreso tiene una obligación suprema e inaplazable: salvar más de 4.000 familias hoy destruidas, permitir su reconstrucción, facilitar su reencuentro, para que los niños vuelvan a sus hogares y a sus escuelas. No debemos ceder al chantaje de los violentos, pero sí podemos ser sensibles al clamor de los que sufren sin una posibilidad inmediata de liberación.

¿Esta propuesta en parte se debe a los resultados poco confiables de los operativos de rescate por parte de las Fuerzas Militares?

Hay un hecho incontrovertible: sin negarle al Estado su pleno derecho constitucional a rescatar a los más de 4.000 secuestrados, algunos de los cuales llevan más de seis años en campos de concentración de la guerrilla, la liberación por la fuerza sólo se ha logrado en un 10 por ciento de los casos. De allí que el acuerdo humanitario es la otra vía complementaria de la acción valerosa de nuestras Fuerzas Armadas.

¿Y cómo ha avanzado la propuesta?

Esta propuesta se hizo oficial el jueves 15 de mayo durante la instalación del "Primer panel internacional sobre acuerdo humanitario y niños secuestrados" que se llevó a cabo en Bogotá. Los analistas y todas las personas con las que he hablado, así como senadores y concejales, coinciden en que es bastante viable porque abre el camino hacia un gran acuerdo. Sin embargo hay que construir unas bases específicas para alistar los parámetros.

¿Se tienen cifras de cuántas madres y adolescentes guerrilleros saldrían de las cárceles?

No hay una cifra oficial aún. Sé que el Inpec maneja unas cifras que ya solicitamos. Por ahora sabemos que están por el orden de las 200. Es muy pronto para lanzar un número, porque cuando se habla de cifras hay que ser muy concretos.

¿Que reacciones a recibido de las partes?

Hasta el momento no se ha conocido ninguna contrapropuesta ni del gobierno ni de las Farc, pero si estuvieran en desacuerdo, ya habrían emitido un comunicado o una declaración de esas que envían a los medios.

Quienes se oponen a un eventual intercambio señalan como principal obstáculo el que salgan guerrilleros de las cárceles pues pueden volver a reinsertarse a las filas de la guerrilla. ¿En su propuesta como se ha pensado esa posibilidad?

Precisamente la propuesta coincide con el interés del gobierno y de los opositores del intercambio, porque se evita la posibilidad de la reinserción a las filas. Y es por eso que ha tenido bastante aceptación. He sugerido una salvaguarda para impedir que la guerrilla utilice el acuerdo como estrategia ventajosa para reincorporar a sus cuadros los detenidos, y es que los excarcelados sean recibidos por un país amigo de Colombia, ojalá con sus familias, para que inicien una nueva vida.

Algunos países como Francia han ofrecido su territorio para albergar a estos guerrilleros desmovilizados y ponerlos bajo su tutela. Además han ofrecido aporte material para facilitar la readaptación de los guerrilleros a la sociedad.

Aunque también se pueden buscar otras opciones como la libertad condicional y vigilada de los guerrilleros presos, bajo promesa solemne de no reincorporarse a la insurgencia.

Su propuesta ha recibido el apoyo de la Defensoría y la Fiscalía. ¿Eso haría más fácil avanzar en el intercambio?

Desde luego. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación son instituciones de la más alta autoridad y respetabilidad en el Estado colombiano. Gozan de la mayor confianza y estima ciudadana. Su apoyo consolida ese gran consenso que requiere el acuerdo humanitario y nos acerca a él.

Aunque el gobierno no ha descartado un intercambio tampoco ha mostrado intenciones firmes de quererlo hacer. ¿Qué reacción ha recibido de su parte?

El gobierno, desde septiembre del año pasado, ha mostrado claramente su plena disposición a celebrar un acuerdo humanitario con los grupos armados ilegales, para obtener la liberación de todos los actuales secuestrados. Ha sido vertical al señalar varias condiciones para ello: que sean liberados todos los secuestrados y no solamente los secuestrados políticos, y miembros de las Fuerzas Armadas; que medie un organismo autorizado como la ONU, que no se liberen presos condenados por delitos atroces y que los excarcelados vayan a un país extranjero que se comprometa a no permitirles el retorno a Colombia.

El presidente Uribe, a pesar de su mano firme para combatir al delito, ha demostrado un corazón grande al escuchar el clamor de las familias de los secuestrados, el pedido de la Iglesia Católica y de otras organizaciones. Por eso, variando su inicial posición en esa materia, ha aceptado iniciar conversaciones para un acuerdo humanitario sin supeditarlas a las negociaciones de paz y al cese de hostilidades, para lo cual ha designado a tres compatriotas para llevar a cabo los primeros acercamientos exploratorios.

Y si posteriormente el gobierno retirara su apoyo, ¿cuál cree usted que sería el futuro del intercambio?

Como ya le dije, el gobierno quiere un acuerdo humanitario y ha dado pasos inequívocos hacia él. Lo que el gobierno no está dispuesto a hacer es la farsa de un seudointercambio de presos políticos por supuestos prisioneros de guerra en manos de la guerrilla. Tampoco está dispuesto a convertir el acuerdo humanitario en un acto de legitimación del secuestro o de concesión de estatus de beligerancia a la guerrilla. Y en este punto, todos los colombianos rodeamos al presidente Uribe.

¿Cómo ha visto el apoyo del Congreso en la propuesta?

Creo que en el Congreso se ha llegado a una posición de consenso en cuanto a la necesidad de un acuerdo humanitario. He percibido una actitud favorable de parte de todas las fuerzas del Parlamento. Lo ha expresado el presidente del Senado, el senador Carlos Gaviria y muchos otros senadores que se han mostrado entusiastas con la propuesta. En la Cámara también recibí el respaldo unánime a la realización del Foro Internacional.

El Alto Comisionado para la Paz aseguró que el Presidente de la República cometería prevaricato en caso de apoyar el intercambio. ¿Qué se podría hacer al respecto?

El Alto Comisionado de Paz, en el Foro internacional sobre acuerdo humanitario celebrado en la Cámara, manifestó que cualquier acuerdo en este terreno debería tener un fundamento constitucional y legal incuestionable. Somos un Estado de Derecho y cualquier solución a los problemas del país deben transcurrir dentro del marco jurídico, a pesar de lo acuciante de los problemas no puede haber salidas de hecho.

El Derecho Internacional Humanitario, concretamente el artículo 3º común de los Convenios de Ginebra y el Protocolo II, dan sustento a acuerdos especiales para proteger a la población civil en el conflicto, pero necesitamos un dispositivo de derecho interno para suspender las condenas y medidas de aseguramiento que pesan contra los guerrilleros a excarcelar. Necesitamos normas procesales para habilitar su libertad.

Tal vez por eso, el Alto Comisionado, al expresar en nombre del gobierno su disposición al acuerdo humanitario, planteó la posibilidad de solicitar al Congreso una autorización especial, conceder beneficios penales a los presos políticos, verbigracia, la libertad condicional.

Teniendo en cuenta estos aspectos ¿a qué recursos se podría apelar?

Existiendo voluntad política, hay varias vías jurídicas a explorar: un decreto de conmoción interior, una ley especial que se tramite rápidamente para el caso (en este momento cursa en la Cámara de Representantes un proyecto en ese sentido), una posible aplicación de la Ley 418, prorrogada por la 782 de 2002, y si fuera necesario, el Congreso tramitaría una reforma constitucional.

¿Ha tenido acercamiento de algún tipo con los grupos armados o con los familiares de secuestrados respecto al tema?

Con los grupos armados no. Con los familiares he tenido múltiples conversaciones. Entre otros, he conversado con los familiares de los diputados del Valle.

¿Qué tan viable es que las Farc avalen su propuesta?

Aspiro a que, como seres humanos, sean capaces de comprender el dolor que están infligiendo a víctimas inocentes. Deben ser conscientes de la tragedia nacional que están provocando y del repudio mundial que están recibiendo. Para mi propuesta de acuerdo inicial para liberar los niños y las guerrilleras detenidas, apelo a un sentimiento muy humano. Los insurgentes tienen a sus esposas o compañeras en cautiverio, separadas de sus hijos, y querrán recuperarlas. La condición de detención, en el caso de madres, es especialmente dura para ellas y sus familias. Lo cual convierte el acuerdo inicial en una vía de retorno a la normalidad de quienes han extraviado el camino.

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