Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2007/02/14 00:00

Los malos pasos de un coronel de la Policía

El coronel (r) de la Policía de Sucre, Norman Arango, es uno de los oficiales de más alto rango señalados de la participación en una masacre, en concreto la de Chengue. ¿Qué pasó con él? Hoy pasa los días vendiendo seguros funerarios mientras le explica a la justicia sus acciones.

El coronel de la Policía Norman León Arango.

Alrededor del coronel de la Policía Norman León Arango se tejen muchas acusaciones. Que fue puesto por los paramilitares como comandante de Policía de Sucre, que durante años se hizo ‘el de la vista gorda’ para que los paras pudieran atentar contra la población en el departamento. Pero de todas, la más grave es por la que ahora lo solicita la Fiscalía: la participación en la masacre de Chengue, el 17 de enero de 2001.
 
Como lo reveló Noticias Uno el fin de semana, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía encontró, seis años después de la masacre, suficientes pruebas para vincular al coronel Arango en la investigación por la matanza de 27 campesinos. La masacre, en el corregimiento del municipio de Ovejas, estuvo a cargo de 80 hombres de Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, quienes con piedras y garrotes masacraron a los pobladores, para luego prenderle fuego al pueblo.

Según la fiscal encargada del caso, el coronel Arango pudo haber cometido el delito de homicidio agravado por omisión, al no suministrar la información exacta a los miembros de la Armada Nacional sobre los movimientos de los paramilitares en la carretera entre San Onofre y Tolú Viejo, horas antes de la masacre.

En el proceso también se vincularon el teniente Jaime Humberto Gutiérrez –quien se desempeñaba como comandante de Policía de San Onofre– y el subintendente Noraldo Parra Pita. La Fiscalía, además, reunió las pruebas suficientes que comprueban que el coronel sabía desde el día anterior que los paramilitares estaban reunidos en la finca El Palmar, cerca de San Onofre, centro de operaciones del temido ‘Cadena’.

Ahora el nombre de Arango se suma a la lista de autoridades nacionales y regionales que tendrán que explicar su aparente relación y colaboración con los grupos paramilitares en la Costa Atlántica desde 1997. Tal vez lo más grave es que su vinculación tiene que ver con una masacre, uno de los mayores dramas que tuvieron que vivir los colombianos en los años de fortalecimiento paramilitar. Sólo en la región de Sucre, Córdoba y los Montes de María, se presentaron tres de las masacres más sangrientas entre 2000 y 2001: El Salado, Macayepo y Chengue.

Y es que desde un principio las dudas sobre la actuación del coronel Arango estuvieron presentes. En una grabación revelada por SEMANA en 2002, el senador Álvaro García Romero, vinculado en el tema de la para-política, charlaba con Joaquín García, una persona que después entraría a ser el testigo clave del proceso. En la conversación, que se llevó a cabo el 6 de octubre de 2000, hablan de la necesidad de cambiar al ‘man verde’ –el comandante de policía de Sucre–, “no para que ayude... pero que no joda, o sea que se haga el loco para ver si esta gente funciona”.

Álvaro García le aseguró a su interlocutor que en un mes salía “ese man”. Y así fue, un mes después de la conversación, el coronel Rodolfo Palomino dejó de ser el comandante de la Policía de Sucre, y asumió el coronel Norman Arango. Palomino se había dedicado a hacerle un ataque frontal a los paramilitares, cosa que aparentemente se suavizó con la llegada de Arango a la comandancia, según dijeron varias personas conocedoras de la situación en la región a SEMANA.COM.

El coronel estuvo al frente de la Policía de Sucre entre 2000 y 2003. Fue en ese último año de servicio, cuando ocurrió uno de los eventos más desafortunados de los Consejos Comunitarios del presidente Álvaro Uribe, el primero de febrero de 2003 en Corozal. El alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado, tomó la palabra para comentarle al Presidente su situación. Le contó que había suspendido de su cargo por la Procuraduría, según él por unas denuncias que hizo contra el gobernador de Sucre, Eric Morris. Díaz le pidió al Presidente que trasladaran su caso de la seccional de Sucre, pues estaba seguro de que “ahora viene la destitución y después de la destitución viene mi muerte”.

En aquel consejo, el coronel Arango se encontraba al lado del presidente Uribe, en su calidad de comandante de la Policía. Desde allí oyó las denuncias del alcalde y no se tomaron las medidas de protección necesarias. Eudaldo Díaz fue secuestrado el 5 de abril de 2003 y encontrado muerto el 10 de abril en una carretera entre Sanpués y Sincelejo.

La negligencia de Arango en este caso se hace evidente, pues el 10 de marzo de ese año, Díaz le envío una carta al coronel solicitándole un nuevo escolta. En la misiva le recordaba su situación de seguridad: “como usted sabe, he hecho denuncias públicas en contra de la corrupción, lo cual ha creado cierto resquemor en los funcionarios señalados”. Esta solicitud tampoco fue tenida en cuenta.

Incluso en El Roble solo se creó una estación de policía el 7 de abril de 2003, a pesar de que Díaz venía reclamando la presencia policial en el municipio desde el 2 de enero de 2002. Lo más extraño de esto es que la Policía llegó al municipio dos días después del secuestro de Díaz.

El coronel Arango terminó su tiempo reglamentario al frente de la Policía de Sucre. Llegó la hora del relevo normal y fue nombrado como agregado de Policía en la embajada colombiana en Francia, cargo que desempeñó durante un año.

A su llegada a Colombia, sólo le quedaba continuar su trayectoria en la Policía. Sin embargo no fue llamado a hacer el curso de general, el último escalón de su carrera. El llamamiento a curso no es una obligación, es más que no llamen a un coronel es un procedimiento común. Pero según algunas fuentes consultadas por SEMANA.COM, en el caso del coronel Arango, todo respondió a las irregularidades que se presentaron durante su comandancia en Sucre.

El coronel se retiró de la Policía en mayo de 2005. Desde entonces se dedica a su negocio particular: la venta de seguros funerarios, especialmente a los miembros de la Policía de Sucre.

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