Los partidos uribistas señalan a las agencias de seguridad del Estado como autoras de ‘chuzadas’ telefónicas al Presidente

Tras la revelación de la grabación con la voz del Presidente en una llamada telefónica en la que insulta de manera muy fuerte a un ex empleado de Palacio, todo el mundo se preguntó: ¿Quién ‘chuzó’ al Jefe del Estado. La divulgación, por parte de Semana.com, del audio produjo un monumental escándalo que seguramente crecerá más con la tesis expuesta por los dirigentes de los partidos de la coalición de gobierno: Hay que mirar hacia las propias agencias de seguridad del Estado como los responsables de este hecho.

En efecto, hacia allí señalaron los propios miembros de la bancada de gobierno: “Todo el mundo chuza a todo el mundo”, sentenció el senador y máximo dirigente de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. ¿Cree usted que la grabación fue hecha por los propios organismos del Estado. “¿Quién más podría ser?”, respondió él.

Hacia allí también miró el senador de Alas Equipo Colombia, Óscar Darío Pérez. Aunque matizó su respuesta explicando que era difícil establecer quién tiene la capacidad logística para interceptar las comunicaciones del presidente Uribe, señaló que esas “herramientas” las tienen los organismos de seguridad del Estado.

El señalamiento se produjo en el mismo día en el que la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra varios oficiales de la Policía por el caso de las ‘chuzadas’ que le cortó la cabeza a la cúpula de la institución en otro artículo exclusivo en su momento también de la Revista SEMANA. (Ver: Formulan pliego de cargos a miembros de la Policía por las “chuzadas”)

La historia

Como era de esperarse, la reacción de la Casa de Nariño respecto de la posibilidad de que se estuvieran interceptando las llamadas del presidente Uribe fue categórica. En una solicitud a la Fiscalía exigió investigar “con celeridad quién y por qué se ha grabado conversaciones telefónicas del Presidente de la República”.

La petición fue hecha el domingo pasado. Además, la Casa de Nariño calificó lo delicado del hecho diciendo que es “una acción punible, que se agrava al poner en peligro la seguridad del Estado” y exalta la “actitud intransigente contra la corrupción” del Presidente.

Como se recordara en su habitual columna de Daniel Coronell en la revista SEMANA contó el caso de una llamada en la que el Presidente increpa duramente al ex funcionario de Palacio, Luis Fernando Herrera Zuluaga a quien insulta y llama “corrupto”. “Ojalá me graben esta llamada”, dice.

La reacción de Uribe, explicaron fuentes en Palacio, se debió a que se conoció a través de El Tiempo que Herrera Zuluaga estaba pidiendo 15 millones de dólares a Raúl Grajales, condenado por narcotráfico, para impedir su extradición, aprovechándose de su influencia.

El caso produjo dos lecturas distintas. La Casa de Nariño que insiste en que se haga una investigación sobre el hecho de la grabación de la llamada y que revive el tema de las ‘chuzadas’ y por otro lo que Coronell considera es el fondo del asunto: que a Raúl Grajales todavía no lo han extraditado y que sobre Herrera Zuluaga no hay una investigación judicial. Lo primero genera suspicacias, pues el mismo Presidente en la llamada avala el hecho de que lo graben, y lo segundo preocupaciones. Veamos:

La polémica noticia ha despertado la paranoia sobre las ‘chuzadas’, en el que se advierte que ni siquiera el Presidente se salva. Todos los medios de comunicación se refirieron al hecho enfatizando en la gravedad de esta posibilidad, lo que nadie cuestiona. Incluso como tema del día un programa de radio propuso la pregunta por quién sería el responsable del hecho.

Este lunes en la mañana el ministro de Defensa Juan Manuel Santos aseguró que ya se estaba adelantando una investigación para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, reconoció que no tenía idea de quién podía haber interceptado una llamada de Uribe. “Es muy raro lo que está pasando”. Y en RCN radio calificó de ilógica la presunción de que el Presidente se hubiera hecho grabar para darse propaganda.

En la columna de Coronell también se advierte que Grajales trató de acudir a sus relaciones para evitar que su familia fuera capturada. Apeló a través de una carta a un ‘Ministro’, sin mencionar su nombre. En la carta se menciona el hecho de que hacía 19 años le había asignado un contrato, como queriendo decir que le debía un favor. El Ministro del Interior, Carlos Holguín, era socio de la empresa Acción S.A., a través de la cual se firmó un contrato con Casa Estrella (antes Casa Grajales), una de las empresas implicadas en el lavado de activos.

Por esta razón los medios acudieron a consultar a Holguín, quien se refirió al hecho argumentando que no había recibido ninguna carta, que de lo contrario la habría entregado a las autoridades. Sin embargo reconoció que hace 30 años conoció a la familia Grajales y que la empresa de la cual era socio sí tuvo negocios con Casa Estrella, pero que resulta difícil conocer la procedencia de las empresas con las que Acción S.A. tenía negocios. Además expresó que era insólito el hecho de que el propio presidente Uribe fuera interceptado.

El argumento que sostiene Coronell es que la llamada fue grabada desde Palacio, porque en el fondo se escucha la voz de la secretaria diciendo “a mí me va a dar algo”, desde antes que comenzara la conversación. El ex director del DAS Ramiro Bejarano respalda esta tesis. Para él es vital este detalle. Para Coronell la razón para hacer algo así sería darle una imagen anticorrupción al Presidente, pero que ese no es el fondo del asunto.

Está en manos de la Fiscalía averiguar y aclararles a los colombianos qué es lo que pasó. Hay hechos que son igualmente preocupantes. Por ejemplo, por qué extrañamente Grajales, que figura como líder del cartel del Valle en la lista Clinton, permanece con detención domiciliaria y su extradición no se ha hecho efectiva. Y por qué Herrera Zuluaga, quien trabajó como fotógrafo en la Casa de Nariño y quien conocía a Uribe desde los tiempos en que era gobernador, no tiene ninguna investigación en su contra a pesar de que pesa sobre él la acusación de extorsionar al narcotraficante.