Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2007/07/16 00:00

Los primeros pasos

Ahora cuando muchos sectores de la sociedad repudian a los paramilitares vale la pena recordar su inicios en la capital de Antioquia. Los investigadores coinciden en señalar que las AUC llegaron a Medellín con apoyo de industriales y comerciantes

Los primeros pasos

Lo paramilitares llegaron a Medellín y el Valle de Aburrá por solicitud de industriales y comerciantes del departamento hecha a finales de 1998 al propio Carlos Castaño, en ese entonces comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Así lo confesó en octubre de 2005 Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna” o “Adolfo Paz”, inspector general de las Auc y quien tuvo bajo su mando los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, quien este lunes en Medellín comenzará a rendir su versión libre en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que juzga a los paramilitares acogidos al proceso de desmovilización y desarme adelantado por el Gobierno Nacional.

Reconocido como comandante de Cacique Nutibara desde cuando se formó este bloque, según él en 1998, hasta su desmovilización el 25 de noviembre de 2003, alias “don Berna” confesó que los paramilitares llegaron a la capital antioqueña porque “muchos ciudadanos de Medellín, de todas las clases, industriales, comerciantes, le pidieron a Carlos Castaño que llevara las autodefensas a la ciudad”.

“En una reunión que tuvimos con el comandante Castaño, le pidieron que llevara las autodefensas a Medellín ya que la guerrilla prácticamente se estaba apoderando de la ciudad y era necesario contrarrestar el terrorismo, el secuestro y otras actividades de organizaciones como las Farc, el Eln y otras milicias. Entonces, el comandante Castaño dio la orden para que se enviaran personas acá a Medellín”, le relató alias “don Berna” a la Fiscalía el viernes 28 de octubre de 2005.

Incluso, por versiones conocidas por la Fiscalía en mayo de 2004, algunos de ellos participaron en su sostenimiento. “Nos financiábamos con la droga, las válvulas clandestinas de gasolina, las vacunas de los buses, los negocios grandes. Los ricos nos colaboraban; por ejemplo, Fabio Ochoa (reconocido narcotraficante antioqueño) nos colaboraba por cuidar una finca que tiene en San Félix. Había unas vacunas voluntarias y otras forzosas”, reconoció un reinsertado que operó en el corregimiento San Cristóbal y cuyo nombre se omite por razones de seguridad.

Hoy, estas confesiones, cobran validez, pues se espera que en aras de la verdad que reclama la Ley de Justicia y Paz, el comandante paramilitar señalé con detalles qué industriales y comerciantes, y de qué manera, apoyaron la incursión de las Auc en Medellín y el Valle de Aburrá, cuyas acciones ensangrentaron las barriadas de la capital antioqueña y municipios vecinos en el afán de copar el territorio, ganarle el espacio a las milicias de la subversión e imponer sus reglas.

Otros vínculos por aclarar
Pero en su versión libre, que se extenderá hasta el próximo jueves, no sólo se esperan detalles de los vínculos con la clase industrial y comercial antioqueña. También será la ocasión para que haga claridad sobre las relaciones de las Auc con la fuerza pública en Medellín, demás municipios del área metropolitana y el Oriente antioqueño.

Alias “don Berna” ha negado reiteradamente esa relación, calificándola de “falsa” y expresando que “no teníamos ninguna relación con organismos del Estado”. Pero otras versiones se conocen en la ciudad.

La primera de ellas proviene de sus detractores del bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), grupo que alias “don Berna” exterminó en el 2003 ante la negativa de su comandante, Carlos García, alias “Doble 0” o “Rodrigo” a integrarse a la mesa con el gobierno, por considerar que allí se estaba negociando con el narcotráfico. Ante la persecución, huyó de la ciudad y murió asesinado en las calles de Santa Marta el 28 de mayo el 2004.

Estos le fustigaron sus nexos con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en particular con el general Leonardo Gallego, quien la comandó entre agosto de 2001 y noviembre de 2003. Al parecer, recibía grandes sumas de dinero para que no actuara contra el bloque Cacique Nutibara y las bandas delincuenciales que les servían, entre ellas la temida banda La Terraza.

Un desmovilizado que integró el bloque Cacique Nutibara y luego el Héroes de Granada aseveró, en mayo de 2004, que las Auc aprovecharon la Operación Orión, realizada por la fuerza pública en octubre de 2002 para retomar el control de la populosa comuna 13, para ingresar a esa zona de la ciudad.

“Recibimos ayuda, legalmente, de todas las entidades. Cuando ellos iban a entrar nosotros nos replegábamos. Yo me acuerdo mucho que nos ayudó mucho un teniente Rojas, comandante en San Cristóbal. Para ser sinceros, la policía toda trabaja con uno. Por ejemplo, ellos detenían a un miliciano y se lo entregaban a las Auc”, confesó.

Otro reinsertado, en noviembre de 2005, le narró a la Fiscalía cómo coordinaban algunas operaciones para dárselas como “positivos” de la fuerza pública: “La Policía nos pide “positivos” a nosotros, entonces cogemos a alguien, le montamos una granada, marihuana, siempre y cuando el sujeto no sé de cuenta y llamamos a un sargento de la Policía de San Cristóbal para que lo capture”, explicó el desmovilizado.

Y además de señalar a la Policía, dijo que desde el barrio El Pesebre, de la comuna 13, se organizaban algunas acciones con el Gaula de la Brigada: “Pero esa es otra vuelta más diferente. Ya se le entrega al Gaula para nosotros no matarlos, ya ellos los matan y les montan changones o pistolas y los pasan como guerrilleros”.

Lo que renueva las dudas entre las relaciones de alias “don Berna” con la Policía, es la manera cómo la institución policial, a través de la Policía Judicial, explicaba, por ejemplo, la presencia de las Auc en la comuna 13 y otros sectores aledaños.

“Mediante indagaciones realizadas en la comuna 13, el Bloque Cacique Nutibara está realizando una campaña de sensibilización con la población civil con el fin de proponerles alianzas con ellos como una forma de garantizarle la no llegada de grupos de milicias a la comuna”, consignó la Policía en un informe fechado el 17 de noviembre de 2003.

¿Hablará sobre las fosas comunes?
Ambos vínculos son importantes de aclarar porque ello conduciría a establecer responsabilidades en crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo la desaparición forzada, una táctica empleada por las Auc en Medellín y fortalecida, particularmente, a partir de noviembre de 2002, un mes después del parte de victoria dado por el Estado tras la Operación Orión.

Las autoridades tienen datos de por lo menos 77 personas desaparecidas, quienes fueron sacadas de sus casas o de sus trabajos en la comuna 13. El 31 de julio de 2003 trece personas fueron halladas muertas en fosas comunes ubicadas en la parte alta del corregimiento San Cristóbal. Sus cuerpos habían sido descuartizados.

De las primeras personas encontradas, ocho de ellas ya identificadas, sus familias argumentaron que eran ajenas al conflicto armado que se vivió en la zona. Y dos de ellas, antes de ser desaparecidas y asesinadas, habían sido reseñadas por la Policía como posibles milicianos de la subversión, pero dejadas libres por falta de pruebas.

Pese a que las pruebas sobre las desapariciones, asesinatos y descuartizamientos fueron contundentes contra el bloque Cacique Nutibara, alias “don Berna” insistió en negar tales acciones: “Los miembros de las autodefensas tienen instrucciones precisas, de acuerdo al manual de convivencia, de no participar en genocidios, de evitar cualquier ejecución que sea innecesaria y de evitar cualquier maltrato a la población civil”.

Pero las pruebas recabadas por los organismos de seguridad llevaron a concluir que “quienes actuaban de esa forma lo hacían obedeciendo ciertas reglas y seguramente acatando móviles predeterminados”.

Por estos hechos, la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento a alias “don Berna” como presunto determinador “del concurso delictual de homicidio agravado, desaparición forzada y desplazamiento forzado”. La decisión le fue notificada el 24 de mayo de 2006.

Mucho por responder
Sobre alias “don Berna” son muchas las preguntas alrededor de sus actividades ilícitas que lo llevaron, en pocos años, de hombre de confianza de narcotraficantes en Itagüí, Antioquia, a Inspector General de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y a ser reconocido como el “pacificador” de la capital antioqueña por aquellos que le rinden pleitesía.

Nacido el 23 de febrero de 1961 en Tulúa, Valle del Cauca y autodefinido como “finquero y comerciante”, según registros judiciales fue lavador de carros, escolta, jefe de seguridad de los hermanos Fernando y Mario Galeano, reconocidos narcotraficantes de Itagüí asesinados el 4 de julio de 1992 por Pablo Escobar, pasando por aliado del cartel del Norte del Valle para perseguir al capo del cartel de Medellín, narcotraficante emergente, hasta llegar a las Auc.

Si bien hay expectativas con lo que diga o deje de decir en sus primeras audiencias, sus experiencias frente a jueces y fiscales en procesos penales seguidos en su contra tiene un denominador común: negar todo aquello que lo incrimine en delitos de lesa humanidad y narcotráfico.

Pero su influencia es de tal magnitud que, el miércoles 25 de mayo de 2005, una vez capturado en Santa Fe de Ralito tras haber sido señalado como presunto autor de la muerte de Orlando Benitez, diputado de Córdoba, la hermana y el conductor, sus hombres en Medellín “pararon” el transporte. Ellos temían que con esa sindicación lo sacaran del proceso con el Gobierno y lo extraditaran. Fue una demostración de poder pocas veces vista en la capital antioqueña.

Y tuvo efectos concretos. Alias “don Berna” fue traslado inicialmente al penal de Cómbita, Boyacá, y luego, el 11 de octubre de ese año, a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Recluirlo allí no tenía otro motivo que disponer de su poder de influencia sobre los desmovilizados de los bloques que estuvieron a su mando y la delincuencia armada en el Valle de Aburrá.

Su control es férreo y, constantemente, debe resolver problemas entre aquellos que aún lo consideran “el patrón”, una figura que de acuerdo a la Misión de Observatorio del Proceso de Paz de la OEA, le hace daño al proceso de reinserción en el país y un lazo que los programas que adelanta la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional no han podido romper.

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