Los procesos de desmovilización en el contexto de una política de seguridad y de política social

La inmensa favorabilidad que registra hoy el Presidente Uribe está desnudando un gran consenso existente en vastos sectores de la sociedad colombiana alrededor del anhelo de seguridad. Estos sectores observan con satisfacción la manera como el Presidente con audacia y arrojo asume y ejecuta la decisión indeclinable de combatir a los actores armados ilegales.

A pesar de que el conflicto armado colombiano se ha ensañado históricamente en la periferia campesina y ha sido marginal al sistema político colombiano, esta marginalidad ha disminuido de manera dramática en los últimos años y se ha venido acercando a los centros de decisión política y económica del país, razón por la cual el sistema político colombiano a través de sus diferentes canales de expresión ha venido reclamando una estrategia consistente frente al conflicto armado y encontró en Uribe el depositario de la más creíble de ellas, por lo menos después del fracaso del proceso de paz de Pastrana, y en ese sentido se le está entregando al Presidente un poderoso aval político para actuar en consecuencia.

No obstante lo anterior, quizás por la sensación, legítima, de urgencia que sienten importantes y amplios sectores de la sociedad colombiana de que se les devuelva la seguridad y tranquilidad, prevalece la idea de que es prioritaria una política pública de seguridad en lugar de una social tendiente a corregir de manera estructural la inequidad existente en el país, luego se hace complejo construir consensos y proyectos políticos que trasciendan el propósito de derrotar la violencia y ausculten en sus orígenes históricos para asumir de fondo y de lleno una lucha frontal contra la pobreza y la inequidad. También es preciso decir que el proceso de urbanización que empezó a vivir Colombia desde principios del siglo XX se consolidó a lo largo de esa centuria y que hoy son los grandes centros urbanos del país, en aquellos sectores ubicados al interior de la frontera con la pobreza, en especial quienes más acceso tiene a los servicios de telecomunicaciones, los que inclinan tanto las decisiones en materia electoral como los sondeos de opinión, es decir, la periferia campesina y urbana poco o nada participa a través de los mecanismos que ofrecen el sistema electoral, los medios de comunicación y las firmas encuestadoras.

Pero quizás lo que no se advierte es que el alimento del conflicto armado proviene de la periferia que vive presa de la exclusión, para corroborarlo basta observar de que sectores poblacionales se nutren de niños y jóvenes los actores armados ilegales o simplemente de donde provienen los desplazados que hoy establecen nuevos cinturones de miseria en las grandes y pequeñas ciudades. De allí provienen esos cientos de milicianos desmovilizados de las denominadas autodefensas que se concentraron a partir de esta semana en la Ceja (Antioquia), es decir muchachos colombianos pobres cuyo único referente de proyecto de vida fueron las armas. Hoy a muchos compatriotas les preocupa el hecho de si la fuerza pública podrá copar los territorios abandonados por estos milicianos y evitar así que los ocupen a la vuelta de unos días otros actores armados, sin embargo es lamentable que a muy pocas personas se les ocurra la idea de una agresiva política social en esos sectores que legitime al Estado y que sobre todo permita un abanico promisorio de oportunidades para esos cientos de jóvenes que aún viven en esos territorios cuyos paradigmas quizás siguen siendo las armas y la violencia. Lo que hemos observado a través de la televisión nos está indicando que una manera eficaz de desoxigenar este conflicto, si se permite el término, es mediante una audaz política de juventud dirigida a cambiar el rumbo de las vidas de cientos de estos muchachos. Ojalá que este proceso de desmovilización, con todas las dudas que frente a él existen, derive en un esfuerzo estatal de gran magnitud dirigido a la población joven de las zonas de conflicto.

*Representante a la Cámara