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| 3/28/2006 12:00:00 AM

Lucho Garzón propone desarmar Bogotá

En los próximos días, la Alcaldía presentará su estrategia para desarmar a Bogotá. Será una iniciativa ambiciosa y muy necesaria dada la proliferación de armas en la ciudad.

La iniciativa incluye un fortalecimiento de la lucha contra el mercado ilegal de armas; más operativos de requisa en Transmilenio y otros lugares públicos; la propuesta de hacer más riguroso el proceso para obtener un salvoconducto y endurecer las penas para el porte ilegal de armas; y una campaña pedagógica para desprestigiar el uso de las armas para resolver conflictos. Esta última posiblemente gire alrededor de una consulta popular para que los bogotanos voten si están de acuerdo con prohibirles a los particulares andar armados.

Al analizar los homicidios del año pasado, la Alcaldía se dio cuenta que en las lesiones personales, los atracos, y los robos de banco los delincuentes usan cada vez más armas de fuego y que estas, además, son cada día más sofisticadas. El ‘changón’ ha sido reemplazado por revólveres y pistolas con silenciador. Y como ya lo denunció el alcalde, la traquetización de Bogotá ha conducido a una descarada exhibición de armas en lugares públicos.

¿Quién tiene las armas?

En Colombia nadie sabe con certeza cuántas armas realmente circulan en la sociedad.
La Oficina de Control de Armas del Ministerio de Defensa sabe que ha autorizado la existencia de 1'280.000 armas durante los 50 años de existencia. De esas, 825 mil están en poder de ciudadanos particulares, y las demás se reparten entre los organismos de seguridad del Estado, los departamentos de seguridad y empresas de vigilancia privadas. Algunos estudiosos del tema, creen que existen el triple entre criminales, sin contar con las que están en manos de la guerrilla y los paramilitares. (ver artículo relacionado ‘la muerte al menudeo’), pero no es claro de dónde sale esa cifra. Como dato certero se tiene que en los últimos 10 años, el Estado ha decomisado 130 mil armas, aunque ha incautado (las retiene temporalmente) muchas más. El año pasado, se fundieron 16 toneladas de 14 mil armas decomisadas. "Es una cantidad de armas espantosa", afirma el coronel Hani, jefe de la Oficina de Control de Armas, en Indumil. 

Los estudios con los que cuenta la Alcaldía de Bogotá muestran que de cada 100 armas que circulan en la sociedad, unas 15 son legales y 85 sin salvoconducto. Según el estudio “Homicidio y Control de Armas en Colombia” realizado por el Ministerio de Defensa en el 2001 (ver documento), tan sólo el 3,8 por ciento de las armas ‘homicidas’ identificadas en el 2000 tenían sus papeles en regla. El restante eran ilegales. Los expertos creen que esta proporción ha cambiado muy poco desde entonces y por eso consideran que con solo restringir el porte legal de armas es muy poco lo que se consigue.

Sobre todo porque los estudios que maneja la Alcaldía muestran que el 72 por ciento de los homicidios en Bogotá se cometen con arma de fuego y casi la mitad corresponden a ‘violencia instrumental’. Es decir, que no son el resultado de riñas callejeras o violencia intrafamiliar sino parte de una violencia más organizada ejercida por bandas criminales. De estos homicidios, 9 de cada 10 se ejecutan con armas ilegales.

¿De dónde salen las armas?

Estas tienen dos orígenes: uno internacional y otro local. Las armas ilegales provienen de los principales países productores de armas como España, Brasil y Estados Unidos. También entran al país los excedentes de la guerra en Centroamérica, vía Panamá – San Andrés Islas o vía Panamá- Golfo de Urabá.

Las de origen local tienen varias fuentes. La guerrilla, por un lado, arma sus milicias urbanas y cuando éstas renuevan sus armas, venden las viejas al mercado negro. Lo mismo sucede con los paramilitares, que en los últimos años han dotado de armas modernas a sus ‘oficinas de cobro’ y a las bandas y pandillas que cooptan como estrategia de entrada en las ciudades, incluida Bogotá.

Otra cantidad de armas provienen de gente de ‘bien’. Cuando expira el salvoconducto de los particulares, éstos deben pagar una multa para renovarlo que equivale a un salario mínimo mensual los primeros 45 días, y el doble hasta los primeros tres meses. Luego se decomisa. Entonces, muchos prefieren simplemente denunciar ante la Fiscalía el robo del arma y descargarla así de la base de datos de Indumil y revenderla en el mercado negro luego de borrarle el número. La Oficina de Control calcula que una de cada tres armas tiene su salvoconducto vencido.

También existen las armas, cuyos permisos son legales pero fueron obtenidos de manera fraudulenta. Hay una mafia de militares retirados que utilizan sus conexiones para obtener salvoconductos en un par de días, cuando normalmente toma entre 15 días y un mes, y es además una facultad discrecional del comandante de la brigada o del batallón. 
 
En la Operación Dignidad 23 (ver comunicado), el Grupo Antiterrorista de la DIJIN de la Policía desmanteló una organización que se dedicaba a venderle armas del Ejército a los paramilitares en el Magdalena Medio. “La organización tiene la capacidad de tramitar la expedición de salvoconductos y así ‘legalizar’ el porte o la tenencia de armas ilegales”, dijo la Policía, tras incautar 60 salvoconductos originales en blanco, expedidos y firmados por Indumil. Entre los capturados estaba un coronel retirado del Ejército, que actuaba como jefe de la banda, un mayor, dos capitanes, un sargento y varios soldados, todos retirados del Ejército.

Las propuestas de Lucho

La restricción de porte legal de armas algunos fines de semana realizados en Cali en 1993 y en Bogotá durante la primera administración de Antanas Mockus provocó una reducción de homicidios del 14 por ciento (ver Restricción de armas en Bogotá). Los resultados positivos de estas medidas, motivaron a Mockus a enfrascarse en una dura e infructuosa pelea con el Ministro de la Defensa de la época para que autorizara la suspensión de salvoconductos a particulares.

Los militares argumentaron entonces, y lo hacen todavía, que muchos ciudadanos necesitan el arma para defenderse. Sobre todo los ganaderos, los joyeros, los tenderos y los transportadores que no cuentan con suficientes recursos para contratar a un escolta pero que se ven expuestos a muchos robos porque tienen que transportar grandes sumas de dinero.
 
Los defensores del desarme con frecuencia han replicado que los militares tienen intereses creados puesto que los recaudos por expedición de salvoconductos -1'800 millones al año- se destina al mantenimiento de las casas fiscales donde viven los militares. Frente a esta acusación, los militares dicen que este es uno de varios rubros que financian su vivienda y que en todo caso, la venta de armas a particulares solo constituye el 5 por ciento de las entradas de Indumil, cuyo mayor rubro es la venta de explosivos a las compañías mineras.

En todo caso, Lucho no piensa enfrentarse a los militares y repetir la amarga experiencia de su antecesor, en gran parte porque considera que el verdadero problema radica en el trafico ilegal de armas. Para neutralizar ese mercado negro, la Alcaldía le apostará a reforzar la inteligencia de la Policía en Bogotá para multiplicar operativos como el del primero de marzo, que permitió desarticular una organización dedicada al alquiler de armas de fuego. Como si se tratara de un disfraz para una fiesta, los sicarios podían arrendar por 200 mil pesos pistolas y revólveres para matar a alguien. Una vez cometido el delito, la devolvían para que la oficina de alquiler la encaletara por un tiempo en diferentes casas y hasta en campos de tejo para luego de ‘descansarlas’ ponerlas de nuevo en arriendo. Esta banda tenía centros de acopio en El Tunal, San Vicente, Venecia, El Claret y Fátima. Se cree que como este negocio hay decenas más en la ciudad.

El otro frente de Lucho será el Congreso, donde piensa hacer lobby para endurecer las penas para el porte ilegal de armas y para hacer más exigentes los requisitos para otorgar un salvoconducto. Como la expedición de estos permisos es una facultad de los comandantes de cada uno de las brigdas del Ejército y de algunos batallones, los controles para el otorgamiento de licencias es menos estricto de lo que parece en el papel. Además aunque existe una base de datos de los propietarios de los salvoconductos expedidos, hacerles seguimiento no es fácil, sobre todo a los que viven en fincas.
 
Muchos policías se quejan de que los jueces dejan inmediatamente en libertad a las personas que son capturadas por portar un arma sin salvoconducto. Eso es particularmente grave en Colombia, donde hay más de 30 mil desmovilizados de paramilitares y guerrilla, y menos de diez mil armas entregadas. El caso de El Salvador debería servir de alerta. (ver estudio El Salvador)

Esta lucha para restringir el uso de armas no le quedará fácil al Alcalde. Actualmente avanza en el Congreso un proyecto de ley para todo lo contrario: para permitirle a los particulares el porte de armas largas. Con la mayoría de derecha en el nuevo Congreso, es posible que la balanza se incline más hacia el armamentismo que hacia el desarme.

En ese caso, la última estrategia –la pedagógica- terminará siendo clave. La idea de la consulta popular para que los bogotanos se pronuncien a favor de un desarme masivo en la ciudad tiene pocos efectos prácticos. La expedición de salvoconductos, como ya se dijo, es de resorte nacional del Ejército y es poco lo que un alcalde puede hacer en ese sentido, como dice el ex secretario de gobierno de Bogotá y consultor de la ONU en temas de seguridad, Héctor Riveros (ver Gente de Bien), quien propone en cambio impulsar una iniciativa popular legislativa. Pero la consulta pondría a la gente y a los medios masivos de comunicación a hablar del tema. Ayudaría, además, a desprestigiar el uso de las armas para resolver los conflictos y a que la sociedad se preguntara por qué cargar un revólver da prestigio y si es cierto que sirve para protegerse.



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