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| 5/23/2007 12:00:00 AM

Maestros: “Si el gobierno no modifica la reforma a las transferencias, seguimos en paro”

Los educadores insisten en que no volverán a dar clases hasta que se replantee la norma que estipula la distribución de ingresos de la Nación a los municipios. Presidente ordena que a los docentes no se les paguen los días que estarán fuera de las aulas.

Tras una jornada de manifestaciones por el paro nacional de educadores, centrales obreras y estudiantes, Colombia no tiene mayores lamentos.

Sólo se registraron disturbios en Pasto, donde policías y manifestantes intercambiaron de manera violenta chorros de agua y rocas, pero la situación no pasó a consecuencias mayores.

Al contrario, para Witney Chávez, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) la jornada fue un éxito. “Al unísono, un millón de personas de las principales ciudades del país clamamos para que la educación pública en Colombia se mantenga”, dijo.

Las manifestaciones se iniciaron a las 9 de la mañana de este miércoles, cuando centenares de personas empezaron marchar por las calles en oposición al proyecto de ley que busca reformar el monto de las transferencias para los municipios.

Es un lamento que tienen desde el año pasado. Según argumentan, la modificación en la normativa perjudicaría la cobertura de educación, salud y saneamiento básico en todos los municipios del país.

A ese reclamo, el presidente Álvaro Uribe respondió que el paro es injusto por estar fundado en falsedades. “¿Qué es esa mentira de que se van a reducir los recursos de la educación? cuando lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo para aumentarlos”, dijo.

Agregó que es injusto dejar sin estudio a ocho millones de niños colombianos con mentiras como las mencionadas, y que es muy grave que los niños sean utilizados en medio de un paro con características claramente políticas.

En seguida, Uribe señaló que los padres de familia y en general todos los colombianos deben evitar caer en la trampa política y solicitarles a los maestros el cumplimiento de su deber con los niños.

Pese a los comentarios del Presidente, los maestros insisten en mantenerse en paro indefinido. No volverán a las aulas hasta cuando el gobierno decida negociar la reforma en la ley. “Si el proyecto pasa todos los debates en el Congreso, no tendremos otra solución que volver a nuestras labores, pero mientras esté en curso y se pueda modificar, no volveremos a las aulas”, comenta Chávez.

Contrario al diálogo que proponen los maestros, Uribe ordenó sancionarlos con el no pago de los días de manifestación.

En medio de ese vaivén de acusaciones, señalamientos y propuestas hay una razón que defienden los manifestantes. El meollo de todo se inició con la Constitución de 1991. En ella, se acordó que la Nación aportaría cerca de 40 de cada 100 pesos que recibiera por impuestos. Aquel dinero incrementaría según el crecimiento del recaudo nacional.

Pero después de hecha la norma, en 1999 el Estado sufrió una crisis en sus finanzas y hubo la obligación de modificar el sistema de transferencias en 2001. Ya no podían aumentar más año por año. Por eso, se creó una solución pasajera que operaría desde 2002 hasta 2008.

Ésta consistía en que entre aquellos años, las transferencias ya no serían un porcentaje de los ingresos de la Nación, sino que se calcularían según la inflación anual más 2 puntos en los primeros cuatro años, y 2,5 en los tres restantes.

Como consecuencia, se notó una reducción de los ingresos para los municipios, pero se aceptó porque era pasajero. Después de 2008, el tema sería manejado según lo estipulado en la Constitución.

Pero ahora, que se avecina el vencimiento de la norma dictada en 2001, se discute una propuesta diferente. El nuevo plan consiste en que las transferencias crezcan entre los años 2008 y 2009 en inflación más 4 puntos; en el año 2010, en inflación más 3 puntos y medio, y entre 2011 y 2016, en inflación más 3 puntos.

Con base en eso, lo que las centrales obreras y los educadores deducen es que continuará la disminución en la inversión social, representada en salud, educación y saneamiento básico. Además, se viola el pacto de volver al sistema dictado en la Constitución, que tenía contentos a todos los sectores.

“Es como si la Constitución dijera que el dinero para inversión social de departamentos y municipios debe aumentar 10 pesos cada año y una nueva ley dispusiera que ese aumento deba reducirse a cinco o seis pesos”, concluyen los manifestantes.

Por eso, el miércoles 23 de mayo salieron a las calles maestros, centrales obreras, universitarios, empleados públicos y hasta padres de familia.

La protesta, que tuvo como promotor a Fecode, contó con un motivo más: el Plan de Desarrollo.

Desde el pasado 2 de mayo, los estudiantes de las universidades públicas nacionales salieron a paro en protesta por lo que suponen que afectará la educación pública del país.

Según dicen, el Plan de Desarrollo obliga a las cinco universidades públicas de carácter nacional a cargar con todo su pasivo pensional. Obviamente, sería un agravante para sus finanzas y, de llegar a casos extremos, podrían desaparecer y la educación universitaria del país quedaría en manos privadas, según las quejas de estudiantes y maestros.

Ante tales reclamos, el gobierno decidió sentarse a negociar con las directivas de las universidades. Lograron acordar que éstas sólo asumirían entre el 2 y el 5 por ciento de las pensiones de sus empleados. No contentos con eso, los manifestantes quieren que la Nación asuma la totalidad de la obligación.

Sin duda, la mayor parte de los motivos del paro recae sobre el Ministerio de Educación. La jefe de esa cartera, Cecilia María Vélez, no ha dudado en asegurar que con todo lo que se está haciendo se busca ampliar la cobertura en la educación y mantener sanas las finanzas del país.

Según sus explicaciones, las transferencias sí aumentarán en los próximos años, pero no tanto como se estimaba en la Constitución. La razón es que, dice, era un incremento insostenible para el bolsillo de Colombia.

Respecto al tema de las pensiones, Vélez se declaró desconcertada, pues las conversaciones con las directivas van por buen camino. En las reuniones, se está definiendo la situación de las pensiones de los empleados de las universidades y, por ahora, se ha dicho que el gobierno asumirá el 95 por ciento de la obligación.
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