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| 7/16/2007 12:00:00 AM

Más de 50.000 damnificados deja invierno en Córdoba

Aunque las lluvias han cesado y los niveles del agua disminuido, la crisis continúa. Una ola de infecciones amenaza a la población tras el desbordamiento del Río Sinú.

La emergencia que vive el departamento de Córdoba no cesa. Aunque las lluvias han bajado su intensidad y el Río Sinú parece retomar su cauce, la inundación dejó a su paso la proliferación de infecciones y gran número de damnificados en 13 municipios de la zona.

Élder Oyola, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), le dijo a semana.com que en los últimos tres días las precipitaciones han bajado en la parte alta del Río Sinú. Aunque el caudal continúa alto, el Río está transportando 650 metros cúbicos por segundo, cantidad ligeramente más baja que el nivel máximo que puede soportar (entre 750 y 800 metros cúbicos por segundo).

Sin embargo, el riesgo no ha mermado. Durante los días más críticos, las aguas sobrepasaron los diques causando inestabilidad en los taludes, razón por la que no se puede bajar la guardia.

A lo largo del Río existen 132 kilómetros de zonas altamente erosionadas, esa extensión es muy vulnerable a posibles inundaciones. Actualmente, la CVS está trabajando en 19 puntos críticos, pero hay que esperar a que los niveles del agua desciendan aún más para conocer el estado total del cauce.

Para el 18 de junio se estima que el agua haya dejado de rebosar en todos los sectores del Sinú. Esto facilitará el reforzamiento de los taludes, para así minimizar el riesgo de ruptura de las bocas.

El IDEAM informó que las lluvias continuarán en la Región hasta el mes de octubre. A juicio de Oyola, no se puede predecir que pasará. “No sabemos cuánta agua podemos liberar de la Represa de Urrá ni la periodicidad e intensidad de las precipitaciones. Además, es muy difícil asegurar que no se romperá una boca, tenemos que mantener el monitoreo a lo largo del Río hasta que se inicie el verano”.

Por su parte, Alfredo Solano presidente de la Represa de Urrá, afirmó que la primera acción a seguir por esa planta hidroeléctrica es el desaguar el embalse, a través de la activación del total de su maquinaria, siempre que el agua no siga desbordándose por el rebosadero.

Las víctimas

El Gobierno Nacional a través de la Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior, así como de otras entidades del Estado especializadas en salud, medioambiente, agricultura, etc., están trabajando coordinadamente en la búsqueda de soluciones a la catástrofe.

Según datos ofrecidos por la Dirección de Atención y Prevención de Desastres, para el 13 de julio se habían contabilizado 9017 familias afectadas por las inundaciones, cifra que aseguran ha aumentado con las horas pero aún no pueden precisar.

Patricia Anaya, Coordinadora del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres (CREPAD) asegura que para el lunes 16 de julio el número de víctimas ascendió a 10.500 familias que suman un total de 52.000 personas.

Sin embargo, no duda que esos datos se incrementarán al recibir el informe de todos los municipios afectados. En cuanto al número de damnificados sostiene que hasta que no hagan efectiva la totalidad de censos en las distintas localidades, es imposible saber con exactitud cuántas personas perdieron sus hogares y cuántas requieren subsidios para reparar parcialmente sus viviendas.

En referencia a los focos de infección, Anaya explicó que los brotes en la piel y la picadura de mosquitos son las dolencias más comunes entre las víctimas. Aseguró que el Ministerio de Protección Social activó planes de emergencia hospitalaria para prestar atención a la salud en general y sobre todo vigilar posibles epidemias. Para ello, ha enviado brigadas especiales a municipios como San Pelayo y Lorica (5 brigadas por municipio) para repartir medicinas, gasas para curetajes, cremas para la piel y suero antiofídico a las entidades del salud. “Estamos trabajando en una campaña de prevención de enfermedades, entre las principales acciones a seguir están el manejo de los albergues, restricciones en el uso del agua y medidas especiales en la recolección de basura”.

El 13 de junio, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres en acción conjunta con la Fuerza Armada Nacional hicieron el segundo envío de ayudas humanitarias al Departamento de Córdoba. La asistencia fue de 24 toneladas de alimentos, y por vía terrestre se trasladó 50.000 sacos de polipropileno, 10.000 mercados, 10.000 kit de aseo, 5.000 colchonetas, 3.000 hamacas y 8.000 toldillos.

El Alcalde de San Pelayo, José Luis Salgado confirmó haber recibido el 14 de julio 400 kit de aseo, 400 mercados y 400 hamacas. Salgado aseveró que los municipios restantes también recibieron ayuda.

Según Salgado, existen 1780 cultivos afectados por las inundaciones, de los cuales 480 son siembras de maíz. Sobre estas plantaciones en particular, agregó Salgado, el Ministro de Agricultura, Andrés Arias, se comprometió a entregar un subsidio de 476.000 pesos por hectárea dañada, que pertenezca a un sistema productivo previamente censado.

La Dirección de Prevención y Atención de Desastres asegura que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está brindando ayuda psicosocial en los albergues, además de apoyo alimentario a niños menores de cinco años, que según José Luis Salgado, alcanzan los 710 niños, así como a mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Sin embargo, pese a las acciones emprendidas por las autoridades competentes, el carácter impredecible de los fenómenos naturales no permite garantizar el éxito de los planes de contingencia. “Los problemas continuarán, muestra de ello es que el margen izquierdo del Municipio San Pelayo se está inundando, hasta que no termine el invierno no podremos darle solución final a la problemática”, apuntó el Alcalde de esa localidad.
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