Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2008/06/25 00:00

Medellín debe recuperar legalidad y legitimidad en las comunas

Medellín debe recuperar legalidad y legitimidad en las comunas


Medellín, jun. 25 (IPC) Los férreos controles sociales, políticos y económicos que imponen desde hace varios años en algunos barrios de Medellín grupos ilegales asociados al paramilitarismo reclaman de las autoridades civiles y policiales la recuperación de la legalidad y la legitimidad en sus actuaciones.

La situación es tan compleja en varias comunas de la capital antioqueña que sus pobladores tienen dos opciones para tramitar algunos de sus problemas cotidianos: recurrir al Estado o a los grupos armados ilegales que dominan diversos sectores barriales. Lo grave, según los testimonios de las comunidades, es que predomina la solución rápida y eficaz de “los muchachos”, entre los que están desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) e integrantes de bandas que aún actúan como paramilitares.

Los procesos de solución de conflictos por parte de esos actores armados ilegales incluyen, según el problema, amonestación verbal, golpizas, castigos físicos y sicológicos, amenazas y desplazamiento forzado. Por sus manos pasan quejas por maltrato intrafamiliar, abuso en el consumo de drogas ilícitas, robos menores, indisciplina social, líos vecinales y cobro de deudas, entre otras.

Los testimonios de los pobladores se repiten una y otra vez, incluso no sólo porque han sido testigos sino porque también han recurrido a esos “servicios” de justicia local, operados por quienes ejercen temor entre las comunidades. Su posición de jueces la alcanzaron, literalmente, a sangre y fuego.

Pero como actores ilegales de poder a la vez que tramitan las quejas de los pobladores, también regulan la vida social, estableciendo horarios en las horas de la noche para las fiestas y permanencia en las calles, cobro de dineros por servicios de seguridad, tributación a los negocios y administración de las llamadas “plazas de vicio” o lugares de expendio de drogas ilícitas.

Asimismo, en el ámbito político, presionan liderazgos barriales y cooptan los espacios de discusión comunitaria, como las juntas comunales, las juntas administradoras locales y todos aquellos escenarios de concertación pública; además, deciden quién participa o no en diversos procesos sociales.

Subyace en estas presiones la ausencia de legitimidad y legalidad del Estado, que no logra contener esas prácticas, que vienen siendo entendidas como “jurisdicción paramilitar”, y empuja a las comunidades a creer más en “los muchachos” que en las autoridades locales.

¿Cuál es el camino?
Medellín requiere fortalecer la construcción de mayor legalidad y legitimidad en los barrios para contrarrestar los controles sociales ilegales que imponen grupos armados asociados al paramilitarismo. Las comunidades perciben a diario que el dominio ejercido sobre la vida cotidiana, la imposición de tributos, la resolución de conflictos y el control territorial se mantienen sin que se perciban medidas eficaces para reemplazar esos poderes locales.

¿Qué hacer entonces para enfrentar los controles sociales impuestos por los grupos armados ilegales en Medellín asociados al paramilitarismo?

Abogados expertos en el análisis de la violencia coincidieron en resaltar que las comunidades acuden a procedimientos aplicados por actores armados ilegales por su eficacia en la resolución de conflictos.

“Como la gente ve que la justicia es lenta en resolver sus problemas, entonces recurre a estos muchachos, quienes atienden la situación por la vía de hecho y de manera rápida”, explica un jurista que pidió la reserva del nombre.

A su juicio, a esta variable de eficacia, determinante en las comunidades, se le suma la desconfianza que se le tiene en los barrios a diversas instituciones del Estado, entre ellas a la Policía y al Ejército.“Mi experiencia me indica que los agentes de la fuerza pública trata a la población en términos de enemistad, esa es una prevención muy concreta”.

Pero en esa desconfianza también se incluyen a los comisarios de familia y a los inspectores, quienes hacen presencia en los barrios. Por ello, para este abogado, la primera condición para remediar esta situación es legitimar las instituciones del Estado, no sólo desde la perspectiva coercitiva, no solo a través de policía y justicia penal, sino a través de políticas de índole social, educativas, culturales y recreativas.

Lo que se percibe es una disputa por la legitimidad, y en ella las comunidades van tomando decisiones de acuerdo a sus necesidades más apremiantes, entre ellas las de seguridad. “Si la gente en los barrios tiene una demanda y esos grupos armados ilegales se la satisfacen, terminan siendo legitimados, aspecto que se refuerza si se percibe en ellos un nivel de connivencia con actores del Estado”, dice la fuente consultada.

Pablo Angarita, analista de la violencia urbana, considera que parte del problema surge por las precarias condiciones económicas que se viven en diversas comunas de Medellín. “Esto lleva a que la gente le termine prestando servicios a estos grupos ilegales, pues obtienen beneficios económicos que, de alguna manera, suplen sus necesidades”, advierte y por ello considera que es necesario desactivar los problemas de índole económico y social como vía para deslegitimar a los ilegales y legitimar al Estado.

Además de lo económico, Angarita estima que debe resolverse la falta de legitimidad de la policía. “A la gente no le basta que le digan que tiene que reconocer a la policía como legitima, cuando sus agentes atropellan a las comunidades. Se requiere que tengan un comportamiento respetuoso”, precisa.

En su análisis, plantea que la solución no está en el aumento de pie de fuerza, alternativa que siempre se propone cuando se incrementan los índices de violencia, sino en el grado de legitimidad que pueda adquirir.

“Ante la propuesta de incrementar el número de agentes de la policía, la comunidad se pregunta para qué más policía atropelladora y corrupta. Es falso creer que a más policía mayor seguridad; muchas veces el Estado es el principal factor de inseguridad, sobre todo cuando tiene agentes corruptos, irrespetuosos de la dignidad y los derechos humanos”, reitera Angarita.

Además de reclamar el control de la autoridad en los barrios, este experto reclama mayor atención de los organismos de control para vigilar el comportamiento de la policía, actuar de manera diligente sobre aquellos casos de la fuerza pública denunciados y ser realmente garantes del respeto a los derechos humanos.

Angarita llamó la atención del Estado sobre el método de intervención de problemas sociales básicos para que no sólo atienda las quejas de las comunidades, sino para que le haga un seguimiento detallado, pues su descuido, que deja un mal sabor entre la gente afectada, propicia la presencia de actores armados ilegales en su resolución definitiva.

“Es que no basta con atender la queja de la señora que es maltratada; se requiere un proceso de acompañamiento real y efectivo, que vaya más allá de la estadística. Es una falencia que tiene el Estado, pero que se puede corregir”, indica el jurista.

Propuso, por último, un seguimiento detallado al proceso de desmovilización y reinserción de los bloques paramilitares: “Creo que las distintas instancias del Estado deben refinar el control sobre estas personas, quienes están actuando con un poder real muy grande sobre las comunidades”.

El reto de las autoridades locales es grande: buscar legitimidad y legalidad entre la gente, con altos niveles de eficacia y oportunidad en sus intervenciones integrales. De esa manera aportarán elementos sustanciales para construir ambientes con mayores libertades ciudadanas.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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