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| 3/12/2008 12:00:00 AM

Moción de censura contra Ministro de Agricultura no tiene mayoría en el Senado

La mayoría gobiernista de esa corporación estuvo de acuerdo con la entrega de la finca Carimagua a empresas privadas.

Aunque al cierre del debate el martes, no se alcanzó a votar la moción de censura, las mayorías uribistas se hicieron sentir y auguraron que el rechazo al Ministro no tendrá éxito. El ambiente de opinión en el recinto auguraba que el gobierno dará la pelea por su posición en favor de entregarle Carimagua a una empresa privada mediante licitación pública.
 
En un punto sí estuvieron de acuerdo el Partido Liberal y el Polo Democrático con el ministro Andrés Felipe Arias: el caso de Carimagua refleja las políticas gubernamentales sobre el agro.

De resto, no hubo más que diferencias durante el debate de la plenaria este martes. Hasta la media noche se discutió el plan de entregar en arriendo 11 mil 600 hectáreas de aquella finca a empresarios privados para que cultiven allí caucho, palma o árboles madereros durante 50 años. Lo polémico es que tal iniciativa del Ministerio de Agricultura surgió después de que el propio presidente Uribe había prometido que el predio estaría destinado para la reubicación de 800 familias desplazadas.

La primera que tomó la palabra fue la senadora liberal Cecilia López. Ella, una férrea crítica de la política agropecuaria del gobierno, salió al estrado armada con un gigantesco fólder. Se basó en múltiples documentos para hacer un recuento de los hechos sobre Carimagua y concluir que el funcionario está violando la ley y por eso se tiene que ir.

López recordó que desde el inicio del proyecto de entregar la finca Carimagua a desplazados y se dijo que se trataba de un suelo apto para el pino, la palma y cultivos de autoconsumo. Esa idea la llevó el ex ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, a Kyoto y la ex canciller Carolina Barco le mandó una carta al ex secretario general de la OEA, Kofi Annan, contándole del proyecto.

Incluso, en 2004 el gobierno se reunió con varias empresas como Manuelita, Fedepalma, Sapuga y Fondes para pedirles un plan de trabajo donde se incluyera asentamiento de familias en Carimagua y que se esperaba que las primeras llegaran en 2005. “Aún en ese año se reconocía que la tierra servía para ser cultivadas por desplazados”, dijo.

En 2005, el gobierno contrató a Fundes, que propuso crear una aldea que incluyera viviendas, puestos de salud y escuelas para reasentar a desplazados. “Pero en 2006 no pasó nada, dijo López, con tono de sorpresa. Fue en 2007 que se dio el gran cambio y se abrió la licitación pública para la entrega del predio a privados, invitándolos a que cultivaran caucho, palma o arbustos madereros y emplearan allí a desplazados, según ha insistido el Ministerio.

Quienes quieran participar en la licitación, deben tener experiencia de al menos siete años en el sector, un patrimonio de 15 mil millones de pesos e ingresos por 55 mil millones de pesos o más en los últimos siete años.

Cuatro de los interesados en la convocatoria, son amigos del gobierno y del presidente de Fedepalma, afirmó la senadora, con nombres en mano de los integrantes de las juntas directivas de las empresas.

“Aquí hay un problema público, porque era un predio para desplazados como propietarios, y no como peones”, dijo enérgica la senadora liberal, ex ministra de Agricultura y del Medio Ambiente. Y cuestionó los argumentos del Ministro para tal cambio: que el terreno no es apto y que sale caro prepararlo para cultivar en él.

“Según se ha dicho, hay que invertir 1,3 millones de pesos por hectárea. O sea que para todo el predio serían 13 mil millones de pesos, que equivalen al 0,013 por ciento de lo entregado a empresarios por la revaluación del peso”.

Eso, para ella, es violar un concepto de la Corte Constitucional que dice que “los desplazados son objeto especial de atención por parte del Estado”. Y dijo que ése es el reflejo de la política agraria del actual gobierno.

“En Colombia los verdaderos productores son los pequeños cultivadores, porque los grandes viven de los subsidios. Carimagua es un ejemplo del modelo desplazador que encarna el ministro Arias. Por eso, porque miente y porque viola la ley, se tiene que ir”, concluyó la senadora.

En seguida, la palabra fue para el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, que también coincidió en que el caso Carimagua es el reflejo del manejo del agro en el país. “Lo que encabeza el gobierno es una economía plutocrática, que consiste en concentrar la producción en pocos, pensando que si ellos son felices, llevarán felicidad a otros”, dijo.

Para Robledo, la concentración de tierras en unos pocos se viene agravando y que cada vez se pone más difícil la situación para los desplazados, que para el gobierno, son 500 mil personas, mientras que para Codhes son 4,2 millones, más de un millón de éstos ocurridos durante el gobierno de Uribe. “Sea cual sea la cifra, la atención a desplazados ha sido mala. Sólo les han dado tierras a 4 mil 500”.

Criticó los trámites para que los desplazados accedan a préstamos porque “con los requisitos que les exigen, es más fácil tramitar préstamos en el Banco Mundial”. También sostuvo que lo dicho por el ministro Arias, de que los dineros que entren por el arriendo a Carimagua serán usados para atender a los desplazados, no está escrito en ninguna parte.

“El presidente Uribe se hizo elegir prometiendo que Colombia sería un país de propietarios, dijo, pero después de Carimagua, lo que se ve es todo lo contrario porque van a entregarle 17 mil hectáreas a una sola persona”.

Robledo contradijo los argumentos del ministro Arias de que los suelos no son aptos y que la finca queda lejos y está incomunicada. Si los suelos de la finca son ácidos, no importa porque eso ocurre en el 86 por ciento del territorio, dijo el senador opositor, y no queda lejos de la civilización, sino que, al contrario, está muy cerca de Orocué, que se comunica con Yopal, y no se puede decir que la vía hacia Puerto López es de difícil tránsito.

Fuera de eso, rechazó que uno de los argumentos del gobierno fuera que allí no había servicios públicos. “¿Eso desde cuándo ha sido un impedimento? Jamás se ha cancelado un proyecto por esta razón. Además cerca está Orocué y allá hay hospital y en el predio hay siete pozos profundos”.

Según insinuó el Ministro en una reciente entrevista de María Isabel Rueda en Semana, donde los campesinos tienen tierras, prosperan las guerrillas y los paramilitares, y eso también fue motivo de crítica por parte de Robledo.

Para él, todo eso viola la Constitución cuando dice que “es deber del Estado promover acceso progresivo a la propiedad de la tierra” y la ley 1152, que habla de lo mismo. Por eso, dijo, que el ministro Arias tenía que irse.

Luego de la intervención de estos dos críticos, llegó la defensa del Ministro, que respondió cada una de las críticas sobre la política agraria del gobierno y el caso Carimagua.

Como es habitual en Arias, cada vez que es cuestionado por la senadora López le recalca los errores que él considera que ella tuvo mientras ocupó su misma cartera hace un poco más de 10 años. “Repartir tierras por un aplauso es populismo, pero eso trae mucha responsabilidad porque podría significar años enteros de pobreza. No puedo hacer que Colombia pase por una reforma agraria como la del pasado”, dijo, y mostró unos videos de predios que fueron entregados a desplazados en años anteriores.

En uno se veía un terreno desolado, con unas cuantas viviendas en precarias condiciones. En otro, un campesino se quejaba porque a él y su comunidad les entregaron un terreno que se inunda en invierno. Y en el tercero, aparecía un grupo de desplazados con exitosos proyectos productivos. Los tres audiovisuales le sirvieron para ilustrar que, según él, “los predios hay que entregarlos de manera responsable”.

En respuesta a lo que le dijo la senadora López en cuanto a que el proyecto inicial de Carimagua estaba destinado para los desplazados, y el lo sabía, Arias reconoció que así era, pero que después de ver los resultados de reformas agrarias anteriores, se dio cuenta de que, como estaba el terreno, en poco tiempo pasaría a manos de dos o tres personas, como ha ocurrido en otras zonas donde los desplazados no se amañan y terminan vendiendo.

Explicó inicialmente habían pensado entregarle Carimagua a la empresa Gaviotas para su manejo, pero que se dio cuenta de que podría caer en una violación de la ley porque no se contemplaba convocatoria pública, como se está haciendo hoy. Y que siquiera no fue así, porque esa empresa está hoy mal.

Dijo que la idea estaba planeada para ejecutarse con ayuda internacional que nunca llegó y que por eso tuvo que replantear el asunto. “Siempre se ha hecho públicamente”, dijo, y mostró un video del 31 de julio de 2007, cuando dijo durante su rendición de cuentas qué iba a hacer con Carimagua y otro del 9 de agosto de 2007, cuando lo repitió.

Fuera de eso, mostró un recibo de correo enviado a la Procuraduría invitándola a la rendición de cuentas, “aunque no teníamos la obligación de contárselo”. Mostró también unos avisos publicados en el diario El Tiempo el 21 de noviembre de 2007 y el 26 de ese mismo mes invitando a la convocatoria para adjudicar el predio.

Luego hizo una presentación en la que explicó que la finca sí está aislada, que para llegar a Orocué hay que atravesar el río Meta y que no hay puente y que las tierras sí son muy malas porque hay exceso de aluminio y eso hace que haya que invertir mucho dinero para volverla productiva.

Más adelante, procedió a explicar que es falso que el gobierno actual vea “la tierra mala para los pobres, pero buena para los ricos y, basándose en cifras oficiales, dejó entrever que todo en el campo va bien. Les hemos entregado 3,5 millones de hectáreas a 80 mil familias. Hemos erradicado miles de hectáreas de coca. Se ha reducido la pobreza rural. Y podemos garantizar que haya suficientes alimentos para que, cuando cada quien vaya a una tienda, encuentre los abastos que necesita”.

“Obviamente, el caso Carimagua refleja la política agraria del gobierno, que consiste en entregarles a los desplazados tierras que les sirvan, fáciles para cultivar y en no meterlos en préstamos que no puedan pagar”, concluyó.

Después de su defensa, salió su retaguardia: la mayoría gobiernista del Senado. Lo apoyaron. Negaron su moción de censura. Dijeron que estaban satisfechos con la explicación sobre Carimagua. Le dijeron que se sintiera “relajao porque nadie lo iba a tumbar” y algunos hasta lo ensalzaron como futuro Presidente de Colombia.

Aunque el debate no concluyó con las respectivas votaciones, quedó claro que el Ministro no se irá y que la mayoría gobiernista de la corporación le dio el visto bueno al cambio de planes sobre Carimagua: que no sea para las 800 familias desplazadas sino para el empresario que resulte ganador de la licitación.

A pesar del gran escándalo nacional que se armó y los críticos desde todos los flancos al manejo del caso Carimagua, el gobierno hizo valer su aplanadora de mayorías para sostener la política agraria en la que cree: que los desplazados que perdieron sus tierras por la violencia y tienen derecho a recuperar sus fincas u otras en su reemplazo, se conformen por ahora con ser meros empleados.
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