Martes, 17 de enero de 2017

| 2007/01/11 00:00

Ni el folclor está a salvo en Buenaventura

José Luis Valencia, del Proyecto Reporteros de Colombia*, hizo una investigación sobre la crisis social del puerto, las dolencias de sus habitantes y el temor por el incremento de la violencia derivada de la guerra entre los 'narcos'.

El índice de homicidios de Buenaventura durante 2006 superó en un 17% al del año anterior. Hubo 360 casos reportados.

Los muertos de Buenaventura no volvieron a tener velorios. Los pocos dolientes llegan temprano y se van antes del toque de queda. A otros, el miedo no los deja siquiera asistir. No hay alabaos de despedida para que el alma del finado alcance el cielo.

Nadie quiere que le ocurra lo del pasado 7 de septiembre, cuando los ocupantes de un carro colectivo se bajaron y arremetieron contra los asistentes al funeral de un joven asesinado horas antes. Hubo dos muertos y nueve heridos.

“Las almas se van sin quien les cante”, dice Baudilio Cuama, el maestro de la marimba en el barrio El Firme, que heredó la música como un regalo de sus padres. Se duele porque en medio de esa guerra de mil cabezas, ni los adultos enseñan ni los niños aprenden, solo luchan por sobrevivir.

A él, la violencia le tocó la puerta en junio de 2005. Sus jóvenes hijos Alexánder y Jimmison, quienes tocaban bombo y cununo (tambor), murieron a manos de unos pistoleros cuando jugaban dominó cerca de la casa. Nunca se sabrá por qué, dice.

Una semana después, Cuama tenía un concierto con sus hijos y dudó. Sin embargo, decidió salir a escena. “No puedo callar mi música ni mi dolor. Pero la violencia no ha cesado y ya ni vienen los alumnos ni los músicos a mi taller”, dice este músico, nacido en una orilla del río Raposo, a dos horas de Buenaventura. Allá donde los bisuabuelos y abuelos no sabían leer o escribir pero contaban canciones e historias a sus niños y niñas, bajo los luceros y la luna.

Esa herencia musical de una generación a otra no es lo único cortado en el puerto, que en 2006 registró una tasa de 360 homicidios oficialmente reportados. La cifra no sólo supera en un 17 por ciento las del 2005, sino que representa una tasa de 100 homicidios por cada 100.000 personas, semejante a la que llegaron a sufrir capitales como Medellín y Cali en días de los carteles del narcotráfico, según estadísticas de la Alcaldía.

Dos años de toque de queda

Al alcalde de Buenaventura, Saulo Quiñónez, no le cabe duda: “Las muertes son por choque territorial de narcotráfico y grupos armados”, aunque también advierte que existen situaciones de deterioro socioeconómico en esta ciudad de unas 400.000 personas.
El mandatario dice que “tres de cada cuatro muertos están relacionados con la tríada narcotráfico, guerrilla y lo que ha quedado de las autodefensas”.

En eso coincide con el comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Marina n.° 2, coronel Héctor Pachón, quien dice que “la de Buenaventura es una situación compleja por la mezcla de narcotráfico, delincuencia, subversión y algunos desmovilizados”.

Las autoridades dicen que milicianos del frente 30 de las Farc se enfrentan con paramilitares, incluidas una docena de bandas encabezadas por quienes se desmovilizaron en diciembre de 1998.

En el manejo de la droga, antes eran los Patiño Fómeque, ‘El Joven’ o ‘W’, los que mandaban, hoy son las bandas a nombre de Wílber Varela ‘Jabón', ‘Holmes’ y “varios cartelitos”, como los llaman las autoridades, de desmovilizados de los bloques Pacífico y Calima de las AUC.

Hasta diciembre del 2004, cuando se desmovilizó el Bloque Calima, Wenceslao Caicedo, conocido como ‘W’, era el temido “señor del hacha”. En marzo del 2005 fue detenido, y ese mismo mes mataron a ‘Félix’, ex jefe del Calima, y a tres desmovilizados. Pero la sombra paramilitar no ha desaparecido.

En abril de ese año, 12 presuntos milicianos de las Farc, entre ellos cuatro parientes de un comunero, cayeron en una invitación mortal a jugar fútbol. La ciudad ha estado entre contragolpes de los dos grupos, en una pelea matizada con coca, en medio de cada vez mayor presencia de Policía, Ejército y Armada Nacional.

El Presidente ordenó a comienzos del año que los uniformados de la Armada se sumaran a los de la Policía en el control de los barrios.
La coca ha puesto en duda a todos los estamentos. El 26 de octubre, en un consejo comunitario, el presidente Álvaro Uribe le exigió al entonces secretario de Gobierno de Buenaventura, Adolfo Chipantiza, que abandonara el lugar. Lo acusó de haber intentado sobornar al comandante de la Brigada de Infantería de Marina n.° 2, coronel Héctor Pachón, para que se devolviera una carga de cocaína. Aunque a Chipantiza no se le ha probado que haya intentado un soborno, renunció y ahora dice que está amenazado.

En ese mismo consejo, el obispo de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza, denunció corrupción entre uniformados. La reacción del Presidente fue pedir el uso del polígrafo para aplicarlo en la Policía.

La consecuencia fue que el prelado debió salir del puerto cuando supo que unos hombres llegaron hasta donde unos religiosos a mostrarles una maleta con dinero y les dijeron que ese dinero era lo que estaban ofreciendo por la vida del Obispo. Su salida se produjo cuando preparaba una misa por la vida con fotos de muertos y desaparecidos.
Monseñor Epalza regresó este mes después de recibir garantía de seguridad de la Armada Nacional, que le presta protección. Dijo que seguirá defendiendo los derechos sociales y humanos de los porteños.

La vida en apuros

En este puerto, para espantar la muerte de los barrios, no han servido dos años de toque de queda en las comunas 3, 4, 5 y 12, ni ha sido suficiente la Fuerza Pública que el presidente Álvaro Uribe envió el año pasado para frenar los disparos. Hay más de 900 uniformados, con chalecos y cascos antibala, con armas y explosivos, en medio de niños y niñas descalzos.

Se ha llegado a plantear la militarización de los esteros, que son los terrenos bajos y pantanosos de la zona, por donde se estarían moviendo los delitos, incluido el narcotráfico. De hecho, dos lanchas de la Armada Nacional hacen turnos para los controles en la bahía.

Las cifras de muertes causan sus diferencias. La Alcaldía creó el Observatorio del Delito para despejar dudas sobre la criminalidad en el puerto.

De ese modo se sabe que hasta mediados de diciembre fueron reportadas 361 muertes. Pero en esas cifras no aparecen jóvenes que mueren en pugnas de narcotráfico o del conflicto armado. Sus cadáveres van al mar o son sepultados, según denuncias sueltas. No es clara tampoco la cantidad de desaparecidos no reportados ante las autoridades.

Más allá de la discusión, lo cierto es que un 85 por ciento de las víctimas no supera los 35 años. El Observatorio dice que la franja de edad más golpeada está entre los 20 y 24 años, seguida de los de 30 y 34, y de 25 y 29. Más del 70 por ciento de ellos tenía a ‘oficios varios’ como su actividad y un 12 por ciento eran desempleados. Pero también han caído albañiles, comerciantes y comuneros.

La gente se arriesga con la coca en un puerto donde los estratos altos no existen, donde el desempleo llega al 60 por ciento y donde 14.000 de las 71.000 casas están en asentamientos subnormales. Los homicidios se han encargado de señalar barrios. Si ocurrieron en los barrios Lleras o Alfonso López, las autoridades concluyen pronto que se trata de una venganza contra milicianos; si son en la calle Piedras Cantan del barrio Viento Libre o en El Firme, que serían los ‘paras’.

Pero el Comité por la Salvación de Buenaventura, formado por organizaciones sociales, culturales, de mujeres, pescadores, comuneros y fundaciones, denuncia un genocidio de gente negra: “El silencio, el terror, la incertidumbre es la impronta en el ritmo de vida en medio de rostros de alegría, de las tamboras, del agua de mar, del pescado…”

Ese Comité ha advertido que “son seis años en los cuales el pueblo afrobonaverense ha tenido que convivir con el dolor y el horror de ver a sus hermanos y hermanas siendo asesinados, masacrados y desaparecidos, usándose mil formas de ensañamiento y sevicia contra su humanidad, sin que las instancias que representan al Estado a nivel local, regional ni nacional hayan hecho nada para prevenir, impedir ni hacer justicia ante este genocidio. La impunidad es total, nunca se conocen los móviles, ni los responsables materiales e intelectuales de estos horrendos crímenes… que afectan profundamente la dignidad y provocan el deterioro del tejido social, menoscabando las prácticas tradicionales-culturales; en conclusión, amenazando con la supervivencia del pueblo negro”.

Aunque prefieren guardar el anonimato, a muchos dirigentes comunitarios les parece necesario pedir que se investigue “una limpieza social, en medio de tanto control”.

El Observatorio del Delito dice que, en medio de una alta impunidad, se ha determinado que el 40 por ciento de muertes son por narcotráfico; el 25 por ciento, por el conflicto armado; el 7 por ciento, por venganzas; el 10 por ciento, por riñas; el 6 por ciento, por delincuencia común; el 1 por ciento ocurrió en operativos oficiales contra presuntos delincuentes. El 10 por ciento está por establecer.
Pero en los barrios se dice que hay mucha muerte solo por ‘sospecha’ o porque la víctima vive en un determinado barrio. Una docena de líderes comunitarios, culturales o deportivos están en esa lista.

Puerto rico, ciudad pobre

“Los planes y promesas oficiales nunca se han cumplido, la mayoría de los pensionados se fueron a vivir a otra parte y los muchachos se cansaron de luchar para viajar como polizones escondidos en barcos. El puerto se enriqueció, la ciudad de jodió”, dice el presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, Manuel Bedoya.

Distintos sectores sociales de la ciudad consideran que la desaparición de Puertos de Colombia (Colpuertos) no le dejó mayores dividendos al puerto.
 
En 1990, el entonces presidente de Colombia, César Gaviria, trajo su plan ‘Revolución Pacífica’, pero han pasado titulares de otros cuatro mandatarios sin que se vea mayor cosa frente a un puerto que mueve unas 9.000.000 de toneladas al año y una ciudad donde no hay estratos altos.

El Estado recibe más de 1,5 billones de pesos anuales por impuestos de las actividades portuarias y comerciales. Los dirigentes políticos de la región critican los retrasos en los aportes y decisiones nacionales sobre proyectos como el dragado de la bahía de Buenaventura, al que se le han querido recortar 11 de los 19,1 millones de dólares anunciados. La polémica está en que ese dinero se iría para el proyecto del puerto de Tribugá (Chocó), considerado competencia del de Buenaventura.

Hace poco se terminó la vía alterna interna, después de más de un retraso en su cronograma. Se espera que en el 2007 se impulse la solución a la carretera a Cali, que en abril pasado entró en un colapso por derrumbes.

El alcalde Quiñónez reconoce la cantidad de visitas del presidente Uribe y su interés en el puerto. Se han ampliado programas de asistencia y educación, pero la perspectiva social no ha cambiado.
El municipio está bajo la Ley 550 de intervención económica. Su presupuesto suma unos 145.000 millones de pesos, de los cuales más de un 40 por ciento se va en la deuda pública. La inversión social se queda en deuda, y algunos sectores consideran que no se ve.

El 80 por ciento de la población vive en la pobreza y 10 por ciento, en la indigencia. Eso suma más de 230.000 personas en una crisis social.
En las casas, paradas en lodazales de costa, viven siete y hasta 15 personas. El 45 por ciento no tiene agua potable y el 65 por ciento carece de saneamiento básico.

¿Dónde está la coca?

Las ofertas de trabajo se quedan cortas. Si no se consigue trabajo en la Alcaldía o la Sociedad Portuaria, los empleos dependen del comercio formal, conformado por almacenes de ropa, alimentos o juegos. La Alcaldía estima que unas 120.000 personas dependen de actividades informales, como ventas ambulantes de minutos de celular, chontaduro, pescado y otros alimentos.

Por aquí escasean las industrias, incluida la pesca, que tuvo perspectivas interesantes hace una década y ha tenido tropiezos por costos e inseguridad y falta de policía, dice Bedoya. El virtual desmonte del Instituto Nacional de Pesca refleja el abandono a ese sector. En el Pacífico circulan más naves pesqueras del Ecuador y Perú que colombianas. Y en la misma plaza de Buenaventura, cualquier comprador encuentra oferta de bocachico argentino, harina de pescado peruana y atunes ecuatorianos.

A la juventud se le carga un ‘no futuro’. Desde temprana edad, las muchachas asumen en gran número la maternidad o las riendas de hogares numerosos. Algunas han encontrado sendas hacia España e Italia, donde afrontan empleos como el aseo o la construcción. Pero otras entran en las cadenas de la prostitución.

Los muchachos hasta hace menos de una década querían trabajar en el Puerto, pero ahora los cupos laborales no son muchos y las condiciones de contratos usualmente son por temporadas o a término definido. O buscaban ser polizones burlando las medidas, que no eran tan exigentes. Ahora es más complicado. Los que no pueden seguir estudiando o trabajando en tareas formales o informales esperan que les paguen 300.000 pesos por mover insumos del narcotráfico, 1.000.000 por llevar coca a los barcos y 20 millones por ir en lanchas rápidas a México o Guatemala. No todos vuelven a contar la historia.
Siempre, asegura el coronel Pachón, tras cada decomiso de droga hay una seguidilla de muertes de los jóvenes que estuvieron en la cadena, como si se quisieran borrar huellas.

El Alcalde dice que si en 1999 no había cultivos de coca en este municipio, hoy florecen hasta Chocó. No hay grandes sembradíos, sino fincas de una a tres hectáreas en los ríos Raposo, Yurumanguí y San Juan. Hasta allá llegan raspachines de Putumayo, Nariño y Antioquia.
Las víctimas de esos negocios son de calles como Manhattan, que toma su nombre de los polizones ‘norteños’, o Piedras Cantan, que nació de una canción de los Hermanos Lebrón. Calles donde no se ve la plata del puerto más importante del país, ni la de la coca.

La vida, lo más golpeado

Si de algo se moría antes era de ver pasar el tiempo frente al mar. No se pasaba de alguna riña por trago, pero matar era un verbo poco conjugado. Ahora viene por cualquier causa.

A Deisi Ruth Calonge, defensora de familia, la mataron en su oficina el 11 de septiembre de 2006 porque no tramitó la libertad de tres muchachas, como lo exigía un grupo armado. Por esa muerte, dos hombres fueron condenados; pero lo usual es que nadie vea ni oiga, como pasó con el caso de Bárbara Bohórquez, asesinada cuando daba clases en la Universidad del Valle.

El patrimonio más golpeado ha sido la vida, dice la folclorista y docente Juana Francisca Álvarez, hija de Petronio Álvarez, ese compositor que llegó a escribir: “Bello puerto mar, mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura… siempre que siento penas en tu poblado miro tu lindo cielo y quedo aliviado”.

Ella, una profesora de la Universidad del Pacífico, dice que “antes el puerto era otro cuento. Las puertas de las casas estaban abiertas todo el día. Había gente tarareando, verseando y narrando historias. Había veladas culturales. En esa pobreza no se mataba, se moría viendo el mar”.

Juana Francisca no se vence en la idea de recuperar la tradición oral y musical de Buenaventura. Algunos actos culturales han logrado pactar ‘treguas’ de los grupos.

El miedo afecta, de todos modos, hasta el empeño de convertir a la marimba en patrimonio de la Nación, porque no se pueden hacer los recorridos culturales sin prevenciones. “En este contexto, es necesario recuperar la autoestima de la juventud porteña. Hoy lo que menos quiere un joven es ser negro. Estamos tratando de construir referentes nuevos con personas como el científico Raúl Cuero y el músico Petronio Álvarez, quienes muestran que existen caminos para el futuro”, dice Juana Francisca.

Una escuela de esperanza

Las universidades del Valle y Pacífico, con apoyo de varias escuelas, han vencido el miedo para llevar mensajes culturales. Las propuestas no tienen la continuidad ni los recursos, pero hay gestores empeñados en sacarlas adelante.

Por ejemplo, en un barrio que a punta de rellenos de basura le ha ganado trozos al mar, la escuela Melodías Lúdicas es un canto de esperanza en Buenaventura. Los alumnos de Mercy Ascensión Santana, quien le ha dedicado más de la mitad de su vida a la enseñanza, no solo aprenden a leer y escribir, sino que con ollas, plásticos y otros elementos reciclables hacen instrumentos musicales.
Así logran montar danzas y cantos con raíces en el Pacífico. La escuela Melodías Lúdicas está en el barrio Lleras, en una comuna donde cientos de niños crecen entre los aprietos de la pobreza y la puja de grupos armados. A la profesora le ayudan un grupo de maestros y sus tres hijos.

Esta experiencia hace parte del Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto del Pnud en el Valle del Cauca. La profesora Mercy dice que varios de los músicos del grupo Batuta, reconocido en Lleras y en la parroquia, nacieron en la escuela. Su hija Lucero, quien la siguió en la docencia, dice que muchos pequeños cambian su carga de agresividad por un espíritu alegre.

Los niños, no pocos de hogares de madres solas, muchas veces encuentran en la escuela su única comida diaria. Pero sobre todo, empiezan a vibrar con el folclor de los abuelos y se alejan de la guerra de sus calles.

La tarea no es sencilla porque en el puerto el derecho a la vida está herido. Ahora vale un disparo. El maestro Baudilio Cuama tiene 11 hijos. Perdió dos por la violencia, otro que amaba la música murió de una enfermedad. Los otros ocho, entre ellos cuatro mujeres, han heredado esa sabiduría musical, y él no tiene reparo para enseñarles a los niños a fabricar las marimbas y cununos.

No deja de soñar que una mañana abrirá su taller y, como antes, llegaran a clase los nuevos cantores de Buenaventura. “Si ellos no vuelven, por más hijos que yo tenga, no se va a poder sembrar semilla”.

* Proyecto de la Pontificia Universidad Javeriana, Programa por la paz y Medios para la paz.
www.reporterosdecolombia.net
reporterosdecolombia@reporterosdecolombia.net




¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.