Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2008/07/08 00:00

"Ni siquiera han puesto en práctica la Constitución del 91 y ya la quieren acabar"

Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, habló con Semana.com sobre las amenazas que sufre la Constitución ante una eventual reforma Política y de Justicia. También hizo un recuento de los 17 años de historia de la Carta Magna, sus aciertos y desaciertos.

Armando Novoa, Director de Plural Foto: Daniel Reina

A un año de entrar a la edad adulta, el futuro de la Constitución de 1991 es incierto. Ante la crisis institucional que atraviesa el país suenan campanas de reforma.   ¿El peligro? Que socaven el espíritu de la Carta Magna que fue poner las instituciones al servicio de la ciudadanía y garantizar la protección de sus derechos.
 

Así lo cree Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, quien en entrevista con Semana.com hace un recuento de los 17 años de historia de la joven Constitución, evalúa sus aciertos y desaciertos y analiza las amenazas que sufre en este momento. 
 
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Semana.com: ¿Cuáles son aciertos de la Constitución del 91?

Armando Novoa: El gran acierto fue la carta de derechos y los mecanismos para protegerlos, entre los que sobresale la acción de tutela. En estos 17 años de vigencia de la Constitución se han puesto dos millones de tutelas. Significa que dos millones de ciudadanos han hecho conciencia de sus derechos y han acudido, con razón o sin ella, ante los jueces para reclamar la protección de esas garantías.

Otros logros son : la creación de la Corte Constitucional como guardiana de la Carta Magna, profundizar el principio de autonomía y de descentralización de las entidades territoriales hacia un proyecto de fortalecimiento de la democracia, moderar el régimen presidencial, suprimir la figura del Estado de sitio indefinido, elaborar normas con el objeto de despolitizar la administración de justicia y darle transparencia a los procesos públicos, fueron grandes aciertos que se le abonan al diseño constitucional.

Semana.com: ¿Y los desaciertos?

A.N.: Muchas figuras constitucionales quedaron pendientes de desarrollo por parte del Congreso, pero la mayoría de los esfuerzos legislativos no se han hecho con este fin, sino han sido reformas para su desmonte, para desvirtuar los pilares centrales de la Constitución de 1991. Por ejemplo: el constituyente del 91 suprimió la suplencia de las curules en el Congreso y en las corporaciones públicas como Asambleas y Concejos. Así, frente a la infiltración de las mafias en el Congreso, quien fuera a la cárcel no podía ser reemplazado por nadie de su lista y ese cargo era vacante. Pero el Congreso modificó esa norma y nos metió en la situación que tenemos ahora: una gran cantidad de suplentes reemplazando a otros procesados por parapolítica.

Tal vez, la Constitución del 91 no acertó en diseñar una regulación más drástica al funcionamiento del sistema político. Los constituyentes dejaron pasar una enorme oportunidad de hacer una cirugía a fondo del régimen de los partidos, del sistema electoral, de los órganos de control y del sistema político como el Consejo Nacional Electoral. Por no aplicar una terapia a fondo de limpieza de la política en los años siguientes se produjo un ‘retorno de los brujos’, que permitió que las clientelas que fueron derrotadas en el proceso constituyente se reinstalaran nuevamente en las corporaciones públicas y especialmente en el Congreso. Eso se vio en el proceso 8 mil, en los escándalos de corrupción en la administración de Pastrana y en lo que estamos viendo con la parapolítica.

Algunos mandatarios seccionales renovadores de la política se han preocupado por gobernar de la mano de la Carta Magna. Pero esos son gobiernos minoritarios en el concierto nacional. De manera que yo creo que el país tiene una gran deuda con la Constitución. ¡Cómo se puede hacer un balance sistemático de una Constitución que no se aplica, que la ciudadanía no conoce, que la desprestigian con maniobras politiqueras!

Semana.com: ¿Qué significó la Constitución del 91 para la historia del país?
A.N.: La Constitución de 1991 fue precedida de acontecimientos de suprema gravedad. El narcoterrorismo alcanzó su mayor expresión: fueron asesinados varios candidatos presidenciales y el Congreso estaba tomado por sectores afines al narcotráfico, lo que generó una situación de vacío institucional que motivó la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

La Constitución de 1991 fue producto de un gran consenso entre las fuerzas políticas más representativas, no solamente de mayorías sino también de minorías. Participaron indígenas, estudiantes, mujeres, sindicalistas, líderes de los grupos guerrilleros que habían hecho parte de un proceso de dejación de armas. No fue producto de un arreglo politiquero sino la expresión de una deliberación pública abierta a la ciudadanía, en la cual y se extrajeron varias de las propuestas de las 120 mil iniciativas que registró la Asamblea en el proceso preconstitucional.

La creación de la Constitución no solo fue un ejercicio político de paz que permitió la reincorporación de varios grupos guerrilleros, sino que también fue un ejercicio de tolerancia, de pluralismo y de diversidad. Su mensaje fue: Las constituciones son instrumentos para resolver los conflictos y encauzar las diferencias constructivamente; no se deben escribir solamente por quienes controlan los órganos representativos, sino también por las minorías. En ese sentido fue una expresión muy elevada del esfuerzo de colombianos de distintas procedencias y con distintas ideologías.

Semana.com: ¿Contribuye la Constitución del 91 a hacer al Estado más democrático, más participativo?
 
A.N.: La Constitución del 91 consagró el concepto del Estado Social de Derecho que incorpora una carta de derechos completa, lo que los especialistas llaman la parte dogmática de principios y de reconocimiento de derechos y deberes ciudadanos. Esta fue una parte bastante bien elaborada que ha servido modelo internacional en procesos de elaboración constitucional de varios países de América Latina.

Pero también estableció mecanismos de protección de los derechos empoderando a los ciudadanos. Los constituyentes entendieron que aunque debía mejorarse sustancialmente la democracia representativa era necesario trasladarle mecanismos a la ciudadanía para que pudiera ejercer directamente la soberanía y controlar los órganos del Estado. La Constitución trasladó poderes de control y de reclamo efectivo, descentralizó el poder y lo redistribuyó no solamente en sentido horizontal, es decir entre las distintas ramas del Estado, sino que despojó de poderes a las instituciones para entregárselas a los ciudadanos.

Semana.com: ¿La Constitución previó controles y balances entre los distintos poderes, cómo los afectaría una eventual segunda reelección de Uribe?

A.N.: Una segunda reelección pone en peligro las libertades públicas, porque los ciudadanos tienen derecho al principio real de separación de los poderes, y la reelección sucesiva anula el diseño constitucional. Se lleva por la calle los períodos institucionales bajo los cuales se integraron las distintas ramas del poder público. Anularía completamente la independencia, por ejemplo, de la Corte Constitucional que es la guardiana suprema de la Constitución. Coartaría el poder disciplinario de la justicia que se hace efectivo a través del Consejo Superior de la Judicatura. Esa institución terminaría siendo una extensión del poder presidencial. Aboliría el principio de protección de los derechos ciudadanos mediante el control que podría ejercer el Presidente sobre el Defensor del Pueblo. Suprimiría la independencia de la Política Monetaria que se le entregó a la junta del Banco de la República. Limitaría drásticamente la autonomía el Ministerio Público y de la función de control fiscal del Estado en cabeza del Contralor General de la República.

Todo eso ya ha venido sucediendo desde la primera reelección, pero una segunda reelección sería en la práctica un entierro de la Constitución en todo su diseño orgánico.

Semana.com: Es un sombrío panorama…

A.N.: El Ministro del Interior y de Justicia recién posesionado, Fabio Valencia Cossio, ya ha anunciado una reforma a la justicia. ¿Qué podrá salir de una iniciativa gubernamental de reforma a la Justicia, cuando lo que hemos visto sistemáticamente en el último período de gobierno es un ataque frontal contra a las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, contra las acciones de los jueces, contra la autonomía y el diseño institucional que consagró la Constitución del 91? Creo que saltaríamos de un régimen formalmente democrático a un régimen autocrático, estaríamos consagrando una presidencia imperial que anularía el mandato de 1991.





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