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Niños infractores, ¿ahora responsables penalmente?

Andrea Peña visitó un centro de recepción de menores infractores en Bogotá. Cuenta cómo cambiará la vida de estos niños una vez se apruebe el proyecto de Ley de Infancia.

Andrea Peña Vargas
12 de febrero de 2006

*Yesid escogió el 31 de octubre para matarlo. Eran casi las 11 de la noche. El rincón de una de las calles polvorientas del barrio Danubio Azul, una zona marginal de la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, sirvió de tinglado para el horrible crimen. Cuando su vecino, un joven de 22 años recién llegado de Cali, llegó a provocarlo, Yesid sacó su cuchillo y tiró a matar. El caleño, moribundo, fue llevado al hospital de Meissen, pero murió horas después. "Siempre nos caímos mal, él se la buscó y yo no me dejé", admite con voz infantil en tono displicente, como queriendo darle poca importancia al homicidio que cometió.

Yesid tiene 14 años. Sus ojos hinchados, como si tuviera sueño todo el tiempo, le dan un halo de inocencia. Es un niño menudo y parece imposible que sus manos huesudas hubieran tenido fuerza suficiente para perforar un pulmón y rajar en dos la frente de su víctima en la noche de brujas.

Su corta vida no es menos escalofriante. Desde que tenía cuatro años vive con su mamá, quien tiene dos hijos más de diferente papá. "Ella trabaja en la calle, no sé en qué, pero lleva poquita plata a la casa y no alcanza para nada", cuenta este jovencito, a quien parece costarle mucho trabajo recordar su historia. "Ahora está el marido de mi mamá en la casa, pero me da duro y ya me tiene 'mamao'. La última jugada que me hizo fue aquí", agrega el niño, mientras descubre su espalda morena. Tiene una cicatriz enorme que se parece más a una carrilera mal hecha, que a la huella de una sutura tras un golpe dado con un cable de plástico. 

Yesid ya no estudia en el colegio y dice no acordarse hasta qué año cursó. Asegura que se la pasa deambulando por su barrio, que no trabaja, que nunca ha robado, que no hace nada. "Me la buscó y ya, me sacó la piedra. De ese lunes no pasaba y yo no me dejé", repite el muchacho sobre el crimen que cometió y, como haciéndose el loco, se resiste a explicar qué significa que su vecino "se la buscó" y que él "no se dejó".

La denuncia de este delito llegó hasta la Estación de Policía XIX de Ciudad Bolívar, desde donde salió una patrulla en la madrugada del primero de noviembre, con cuatro policías a bordo, rumbo al Danubio Azul. En lo más escondido de una ladera, donde las casas no tienen dirección y se siente el frío más penetrante de Bogotá, los uniformados lo sorprendieron y se lo llevaron para un centro de reclusión de menores en Puente Aranda.   

A la correccional

Yesid llegó a la correccional, sin esposas (lo prohíbe la ley), con cara de preocupado, vestido con una sudadera azul oscura y una chaqueta de jean dos tallas más grandes que la suya. Acompañado por un auxiliar bachiller, por primera vez en su vida entró al edificio de tres pisos del Centro de Protección del Menor y la Familia, donde están los funcionarios judiciales, las oficinas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y un centro de reclusión para niños que, como él, cometen infracciones.

Antes de ir a exponer ante un Juez de Menores los motivos del delito que cometió, un overol de dril y color crema lo estaba esperando en un armario del segundo piso. A regañadientes, se lo puso. En su espalda se leía la inscripción "CER" que lo identificaba como niño infractor recluido en el Centro de Recepción de Menores, propiedad de los Padres Capuchinos. Como él, había unos 20 adolescentes más. Varios de ellos estaban acompañados de sus padres, que estaban en capilla para ser escuchados.

Pero ese día hubo muchos casos por resolver y los siete juzgados estaban congestionados. Yesid tuvo que esperar dos días más. Mientras tanto, conoció lo que era una correccional,  o una cárcel de menores, la misma con la que muchos papás han asustado a sus hijos si cometen alguna fechoría.

"¿La primera noche?... pues normal. Cama, comida, después lo levantan a uno temprano, el desayuno, a jugar en la cancha, las señoras vienen y le preguntan a uno todo... normal", dice tímidamente mientras se pasa despacio las manos por la cabeza a medio rapar antes de meterlas en los bolsillos de un nuevo uniforme: pantalón azul y saco rojo de algodón.

Esas señoras de las que habla Yesid son la sicóloga y la trabajadora social, dos de las personas que pertenecen al equipo de especialistas que atienden casos como el suyo. "Habla muy poco, tiene una familia disfuncional y mi impresión es que tiene un trauma severo por maltrato. Su agresividad y su resentimiento no son evidentes, pero su decisión de matar para quitarse un problema de encima es un índice de que algo no anda bien en su cabecita, ni en su corazón", señala una de las sicólogas, que ha hecho seguimiento del caso.

El 3 de noviembre, finalmente, llegó la fecha de exposición de motivos del delito. Según el Código del Menor, vigente desde 1989, el juez de menores debe oír la descripción de los hechos junto con un Defensor de Familia y un Defensor Público o de Confianza. Los padres de Yesid deberían estar en ese momento. Sin embargo, nunca aparecieron.

Por orden judicial, el niño infractor debe permanecer los próximos 60 días privado de la libertad. La norma dice que él es inimputable, es decir, que por su condición de menor de edad no tiene responsabilidad penal por los hechos que cometa y, por tal razón, deberá permanecer en una correccional como el CER y no en una prisión normal.

La nueva Ley de Infancia

En Colombia, según el Instituto de Bienestar Familiar, hoy hay 16.000 niños menores de 18 años recluidos en los Centros de Recepción, Observación e Internamiento de Menores en todo el país. Allí sólo llegan niños y niñas de estratos 1 y 2 que cometen "actos infraccionales" (un menor no comete delitos). Los más ricos tienden a ser recluidos en sus casas o a ser sacados del país por sus papás.

Con el proyecto de Ley de Infancia a punto de cursar su segundo debate en la Cámara de Representantes y que probablemente se convertirá en ley a más tardar en junio, el tratamiento a los niños y jóvenes delincuentes cambia por completo. Esta iniciativa, avalada por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, todas las ONG de infancia como Unicef, y cuyo ponente es la representante Gina Parody, busca reformar el Código del Menor para garantizar de manera más efectiva los derechos de todos los niños colombianos y no sólo de los más vulnerables, como la norma que rige hoy.

Entre los puntos más polémicos del proyecto está el de la responsabilidad penal juvenil. Ahora los menores infractores serían responsables penalmente por sus actos. Los mayores de 15 años pagarán cárcel con una pena máxima de cinco años -en cambio de dos meses hoy- en los mismos centros de reclusión de menores. En cambio, los niños entre 12 y 15 no serán privados de la libertad, así cometan delitos graves como homicidio, secuestro, hurto calificado o acceso carnal violento. La nueva ley también crea la posibilidad de tener una segunda instancia. Hoy, la última palabra es del juez de menores, cuya decisión no es apelable.
 
Si hoy estuviera vigente esa Ley, Yesid no habría pagado ni un solo día de cárcel, pues tiene 14 años. El juez podría optar por un programa de libertad asistida, al que él tendría que presentarse semanalmente para firmar un compromiso de buena conducta. Dependiendo del 'cuadro sicológico' que le hagan en la correccional, Yesid -por lo menos en teoría- sería asistido por un equipo de especialistas que le ayudaría a superar los traumas que lo llevaron a matar a su vecino. Hoy, aunque recibe asistencia profesional en la correccional, una vez quede en libertad, el sistema pierde contacto con él.

Los defensores de niñez creen que este cambio de ley será fundamental. "Si la Ley de Infancia se aprueba, ya no serán 16.000 niños los que tendremos en las reclusiones, sino unos 3.000. Hoy, el 98 por ciento de los menores que están en estos lugares es de estratos 1 y 2 porque el Código del Menor permite la privación de la libertad no con base en la gravedad de la infracción, sino con base en su condición social", señala la abogada Beatriz Linares, ex Defensora de la Mujer y la Niñez, quien participó en la elaboración de la iniciativa.

Los detractores -como algunos jueces de menores- consideran que este proyecto importa de otros países modelos que no se ajustan a la realidad nacional. Para comenzar, muchos guerrilleros son menores de 15 años. "Ahora las pandillas podrían escoger muchachos entre 12 y 15 años para cometer sus fechorías", dice uno de ellos.

Dolor Infantil

Es difícil no condolerse frente al drama que viven los niños que están privados de la libertad.  A pesar de que violaron la ley, el pasado que muchos han vivido podría al menos explicar sus conductas anormales. 

María del Pilar Montoya, Defensora de Familia del Centro de Protección de Puente Aranda, ha sido testigo de esas historias y en su memoria guarda una larga lista de casos en los que la vida ha sido poco grata con estos niños.

La semana pasada tuvo que ir al Hospital Simón Bolívar de Bogotá para ver a un pequeño de 11 años que robaba espejos de carros. Días atrás, cuando ponía en su 'zorra' un nuevo adminículo, una bala le atravesó la columna. El disparo de alguien, a quien las autoridades todavía buscan, lo dejó inválido.

"Su abuela tiene 80 y pico de años y vive en Usme. No sabemos nada de la familia, yo no encuentro a la viejita y andamos buscando una silla de ruedas para el niño, con la Vicepresidencia de la República", agrega Montoya. Le queda imposible contener las lágrimas cuando relata el caso.

Bajo el Código del Menor, si este pequeño se hubiera salvado de la bala y hubiera sido sorprendido por algún policía, su destino sería la correccional y estaría bajo la lupa de un sicólogo, un trabajador social, un deportólogo y un dietista. Con la nueva norma, la medida podría ser la libertad provisional con seguimiento de Bienestar Familiar. 

"La idea es que con la nueva Ley de Infancia también haya más compromiso por parte de las administraciones locales. Queremos que no sólo el ICBF se meta la mano al bolsillo para proteger a los niños en situación irregular, sino que de verdad se aplique una política interinstitucional clara y viable para protegerlos", añade Linares.  

Mientras tanto, Yesid sigue esperando a que llegue el 4 de enero, día en que saldrá libre del CER. Sabe que si se porta bien, pasará la Navidad y el Año Nuevo con su mamá y sus hermanos. De lo contrario, permanecerá recluido. Al parecer, le da lo mismo. "Lo bueno es que aquí voy a comer más ese día... ¿o no?", pregunta.

(*) El nombre del menor fue cambiado por seguridad.