“No queremos que ocurra lo mismo que en 1985”: Presidente de la Corte Suprema

La semana pasada, los estudiantes de dos colegios ubicados en el norte de Bogotá fueron evacuados de sus instalaciones repentinamente. Después del mediodía, la amenaza de una bomba que explotaría en el lugar obligó a las directivas a retirar al alumnado durante unas tres horas. Todo parecía estar dirigido contra una estudiante que es hija de la magistrada María del Rosario González, miembro de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia que investiga, entre otros, varios casos relacionados con la ‘parapolítica’.

Aunque los hijos de muchas personalidades susceptibles de amenazas estudian en este sector, el presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete, asegura que se puede inferir que la amenaza de bomba iba dirigida contra la estudiante para asustar a quienes investigan a los políticos que resultaron involucrados con las autodefensas.

Dice Valencia que la magistrada González llegó hace unos dos meses a esta sala y es una de las encargadas de investigar casos tan sensibles como el de la parapolítica.

El lunes pasado, se celebró una reunión extraordinaria con el director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien se comprometió a evaluar rigurosamente la situación para tomar las medidas necesarias.

“La seguridad se ha venido reforzando en las casas de varios magistrados y aquí mismo en el palacio porque no queremos que suceda lo mismo que en 1985, cuando el genocidio del Palacio de Justicia”, explicó el jurista.

Aunque todos los juristas dijeron estar dispuestos a avanzar con las investigaciones, a pesar de las amenazas, para que se sepa la verdad sobre los vínculos entre paramilitares y congresistas, mostraron su preocupación por la suerte de sus familias.

“Incluso los magistrados se declararon dispuestos incluso a ofrendar su vida, con tal de avanzar hacia la verdad en este proceso, pero sí se declararon muy preocupados por la suerte de sus esposas e hijos”, precisó el magistrado.

El último episodio de amenaza contra un magistrado ocurrió el pasado mes de julio, cuando se conoció que personas desconocidas habían pagado por asesinar a Yesid Ramírez Bastidas, integrante de la sala pena de la Corte Suprema. “Se trata de una coacción para tratar de entrabar un procedimiento que ha sido transparente”, dijo en su momento el presidente del Tribunal.

Actualmente, la sala penal maneja no sólo los casos de la parapolítica (en el que hay 14 congresistas detenidos, uno prófugo y varios funcionarios investigados por sus presuntos vínculos con las AUC), sino también procesos de narcotráfico y extradiciones.