"No somos paramilitares sino autodefensa"

SEMANA: ¿Qué pretende el Bloque Élmer Cádernas con su campaña militar de los últimos días y con su ocupación de poblados y territorios indígenas y afrocolombianos de las cuencas de los ríos Bojayá y Opogadó?

Bloque Élmer Cárdenas: Ante todo hay que aclarar que la presencia del BEC-AC en la zona no es de los 'últimos días', sino que nuestros hombres son en su mayoría oriundos de la región, y su presencia como fuerza armada de autodefensa ha sido un esfuerzo de más de tres años por romper los corredores de movilidad de las Farc entre Paramillo, Urrao y la frontera con Panamá, para lo cual es necesario mantenerse en la zona, y ello sólo es posible mediante el establecimiento de bases temporales en los pocos sitios no anegados, donde por obvias razones también se encuentran establecidas las comunidades con sus áreas de cultivo. La única alternativa diferente sería la presencia permanente de la fuerza pública en todos estos sitios, porque de cualquier otra manera, el abandono de la zona por el BEC sería una estocada mortal a la paz de Urabá.

El BEC-AC no se ha opuesto al logro de una paz negociada; muy por el contrario, plantea como requisito para poder avanzar hacia ella, el establecimiento permanente de la fuerza pública en la región.

SEMANA: Son cada vez más insistentes y crecientes las denuncias sobre la convivencia Ejército-paramilitares en la región. Desertores de las Farc que se entregan al Ejército y luego aparecen reclutados como paramilitares activos, cruce permanente de embarcaciones con menaje y alimentos para sus hombres, en áreas donde hay control de las tropas oficiales. ¿Es innegable esa complicidad por acción y omisión?

B.E.C.: Desconocemos la situación como la plantean. Ante todo queremos recordarles que no somos 'paramilitares' sino autodefensas, y esa distinción supera los límites de la semántica. Mal haríamos en salir a quejarnos cuando el Ejército o la Armada nos disparan, pero la realidad dista de lo afirmado por los señores obispos. Si esas manifestaciones corresponden o no a las realidades de otras zonas diferentes de las del BEC-AC, lo desconocemos, pero en nuestra zona de influencia, lo único que nos garantiza la supervivencia es el apoyo de la sociedad civil, y no una actitud favorable de la fuerza pública. Las muertes y heridas de nuestros militantes, sean patrulleros o comandantes, no se presentan sólo en confrontaciones con las guerrillas, sino que se presentan en igual o mayor medida en ataques de la fuerza pública. Siempre hemos considerado que no tiene sentido protestar por ello, pues es la labor de los funcionarios del Estado y un riesgo que asumimos quienes optamos por la vía de la legítima defensa organizada, de la misma manera que, por iguales motivos, evitamos en la medida de lo posible ese tipo de confrontación. También se dice que el bloque sacó a las Farc del Atrato porque es un corredor estratégico de movilidad, y ahora dicen que los hombres y provisiones llegan gracias a una actitud benévola de las fuerzas militares. Entonces en qué quedamos... ¿Es o no un corredor estratégico? La respuesta es que sí, y que mientras no se cree un batallón fluvial con base permanente en la zona de confluencia Atrato-Murrí-Bojayá, otro de montaña para el eje entre Paramillo y el Parque de las Orquídeas (Urrao) y uno de selva para el Darién (frontera con Panamá), quien esté allí podrá moverse evadiendo los controles oficiales.

SEMANA: Es una constante que tras su ocupación de las zonas y el desplazamiento o control de los pobladores se han iniciado proyectos de palma africana. De igual manera, son reiteradas las denuncias de que facilitan la explotación maderera ilegal. ¿Es coincidencia esa campaña militar del BEC con la llegada de ese tipo de cultivos y explotaciones?

B.E.C.: Sobre la palma, reconocemos las bondades de su explotación, pero siempre hemos dicho que debe ser factor integrador entre el gran capital y la población campesina. Antes de nuestra llegada al Opogadó, hace unos tres años, ya se había presentado el fenómeno de cambio en la tenencia de la tierra, y de hecho las empresas palmeras establecidas en la zona ya están cosechando fruta desde hace más de un año, lo que demuestra la antigüedad del establecimiento de la explotación, anterior a la presencia del BEC-AC.
Por nuestra parte, hemos propendido porque la explotación de la tierra genere beneficios para los habitantes nativos, incorporándolos como socios, y en nuestro modelo de negociación denominado Proyecto de Alternatividad Social, Paso, planteamos precisamente el retorno de la población desplazada y su incorporación como propietaria en los proyectos agroindustriales sugeridos.

Sobre el caso de las maderas, bien valdría la pena un análisis más profundo del tema: en la zona operan empresas madereras de las más grandes del país, que abren inmensos canales en la selva para extraer el cativo, una madera utilizada para la elaboración de tríplex, pero también se ha presentado un retorno de campesinos que habían sido desplazados por la violencia guerrillera y que al sentirse protegidos por nuestra presencia, regresan a la zona, asentándose en las orillas de los canales que dejan las madereras, pero sin que ese retorno esté acompañado de planes oficiales para la protección social, el empleo o la producción agraria. Rápidamente, ese campesino que vuelve sin un peso con media docena de bocas para alimentar caía en las garras de intermediarios que les ofrecían fiarles mercados y motosierras a precios exorbitantes para luego comprarles a precios irrisorios las maderas que quedan en la zona, principalmente el abarco, madera muy utilizada para construcción en todo el país. De esa manera, en el Atrato se estaba estableciendo una nueva "'Casa Arana', pues, quien nunca alcanza a pagar la comida y la herramienta que recibe a precio de oro, con las maderas que le pagan a precio de escoria, en poco se diferencia de un esclavo de las caucheras amazónicas de comienzos del siglo pasado.

Enfrentado a esa realidad fáctica, el BEC-AC intervino para regular el precio de los alimentos, facilitando la libre competencia de proveedores y compradores, para liberar a los campesinos de la obligación de vender las maderas a un solo comprador. Esta intervención es un paño de agua tibia, pues lo que verdaderamente procede es que el Estado colombiano vuelque todas sus fortalezas y recursos para la inversión social en la región, de manera que los campesinos cuenten con la seguridad del Estado de derecho y con alternativas de producción sostenibles que los liberen de la explotación y de la penosa necesidad de vender nuestra naturaleza, como quien vende su sangre o sus hijos.

Queda señalar lo contradictorio del planteamiento de los señalamientos. En una parte nos acusan de expulsar a los campesinos y en otra, de apoyarlos con mercados y motosierras. Esa contradicción debe poner a pensar sobre la verdad y la información en la guerra.