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| 2/5/2006 12:00:00 AM

No se los tragó la tierra

Con el nuevo Registro Único Nacional de Desaparecidos, por fin Colombia sabrá este año cuántos existen en el país.

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Ojos: Indeterminado. 

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Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año.RGIN: 0cm 0cm 0pt">Estatura: 1.71 metros.

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Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

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Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

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Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

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Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su RGIN: 0cm 0cm 0pt">Estatura: 1.71 metros.

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Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

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Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

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Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

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Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

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Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

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Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

La Constitución de 1991, en su artículo 12, habla por primera vez del término: "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De inmediato, la presión de la comunidad internacional obligó a que, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se sancionara la Ley 589 de 2000 que tipificó este acto como delito de lesa humanidad. 

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Cabello: No presenta.

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Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

La Constitución de 1991, en su artículo 12, habla por primera vez del término: "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De inmediato, la presión de la comunidad internacional obligó a que, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se sancionara la Ley 589 de 2000 que tipificó este acto como delito de lesa humanidad. 

Durante los cinco años siguientes, el narcotráfico, el conflicto armado y la delincuencia común dispararon las cifras. En Guaviare, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó 440 casos en los últimos cuatro años. La situación en Barrancabermeja, entre 2000 y 2005, también es dramática: se conocieron RGIN: 0cm 0cm 0pt">Estatura: 1.71 metros.

Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

La Constitución de 1991, en su artículo 12, habla por primera vez del término: "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De inmediato, la presión de la comunidad internacional obligó a que, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se sancionara la Ley 589 de 2000 que tipificó este acto como delito de lesa humanidad. 

Durante los cinco años siguientes, el narcotráfico, el conflicto armado y la delincuencia común dispararon las cifras. En Guaviare, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó 440 casos en los últimos cuatro años. La situación en Barrancabermeja, entre 2000 y 2005, también es dramática: se conocieron aproximadamente 300 casos, y en Buenaventura se registró la desaparición forzada de 222 personas en el mismo lapso de tiempo.  

RGIN: 0cm 0cm 0pt">Estatura: 1.71 metros.

Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

La Constitución de 1991, en su artículo 12, habla por primera vez del término: "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De inmediato, la presión de la comunidad internacional obligó a que, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se sancionara la Ley 589 de 2000 que tipificó este acto como delito de lesa humanidad. 

Durante los cinco años siguientes, el narcotráfico, el conflicto armado y la delincuencia común dispararon las cifras. En Guaviare, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó 440 casos en los últimos cuatro años. La situación en Barrancabermeja, entre 2000 y 2005, también es dramática: se conocieron aproximadamente 300 casos, y en Buenaventura se registró la desaparición forzada de 222 personas en el mismo lapso de tiempo.  

Medicina Legal, a donde llega buena parte de las denuncias, da cuenta de que en 2005 hubo 713 desaparecidos por diferentes causas. "La gente no se esfuma sólo por la situación de violencia. También porque tiene deudas y quiere perderse de sus acreedores, o porque está en la cárcel y no quiere que su familia o amigos sepan. Esa estadística incluye de todo", dice Máximo Alberto Duque, director de la institución y principal responsable del nuevo Registro Único.  

RGIN: 0cm 0cm 0pt">Estatura: 1.71 metros.

Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

La Constitución de 1991, en su artículo 12, habla por primera vez del término: "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De inmediato, la presión de la comunidad internacional obligó a que, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se sancionara la Ley 589 de 2000 que tipificó este acto como delito de lesa humanidad. 

Durante los cinco años siguientes, el narcotráfico, el conflicto armado y la delincuencia común dispararon las cifras. En Guaviare, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó 440 casos en los últimos cuatro años. La situación en Barrancabermeja, entre 2000 y 2005, también es dramática: se conocieron aproximadamente 300 casos, y en Buenaventura se registró la desaparición forzada de 222 personas en el mismo lapso de tiempo.  

Medicina Legal, a donde llega buena parte de las denuncias, da cuenta de que en 2005 hubo 713 desaparecidos por diferentes causas. "La gente no se esfuma sólo por la situación de violencia. También porque tiene deudas y quiere perderse de sus acreedores, o porque está en la cárcel y no quiere que su familia o amigos sepan. Esa estadística incluye de todo", dice Máximo Alberto Duque, director de la institución y principal responsable del nuevo Registro Único.  

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Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

La Constitución de 1991, en su artículo 12, habla por primera vez del término: "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De inmediato, la presión de la comunidad internacional obligó a que, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se sancionara la Ley 589 de 2000 que tipificó este acto como delito de lesa humanidad. 

Durante los cinco años siguientes, el narcotráfico, el conflicto armado y la delincuencia común dispararon las cifras. En Guaviare, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó 440 casos en los últimos cuatro años. La situación en Barrancabermeja, entre 2000 y 2005, también es dramática: se conocieron aproximadamente 300 casos, y en Buenaventura se registró la desaparición forzada de 222 personas en el mismo lapso de tiempo.  

Medicina Legal, a donde llega buena parte de las denuncias, da cuenta de que en 2005 hubo 713 desaparecidos por diferentes causas. "La gente no se esfuma sólo por la situación de violencia. También porque tiene deudas y quiere perderse de sus acreedores, o porque está en la cárcel y no quiere que su familia o amigos sepan. Esa estadística incluye de todo", dice Máximo Alberto Duque, director de la institución y principal responsable del nuevo Registro Único.  

Así funciona 

RGIN: 0cm 0cm 0pt">Estatura: 1.71 metros.

Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

La Constitución de 1991, en su artículo 12, habla por primera vez del término: "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De inmediato, la presión de la comunidad internacional obligó a que, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se sancionara la Ley 589 de 2000 que tipificó este acto como delito de lesa humanidad. 

Durante los cinco años siguientes, el narcotráfico, el conflicto armado y la delincuencia común dispararon las cifras. En Guaviare, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó 440 casos en los últimos cuatro años. La situación en Barrancabermeja, entre 2000 y 2005, también es dramática: se conocieron aproximadamente 300 casos, y en Buenaventura se registró la desaparición forzada de 222 personas en el mismo lapso de tiempo.  

Medicina Legal, a donde llega buena parte de las denuncias, da cuenta de que en 2005 hubo 713 desaparecidos por diferentes causas. "La gente no se esfuma sólo por la situación de violencia. También porque tiene deudas y quiere perderse de sus acreedores, o porque está en la cárcel y no quiere que su familia o amigos sepan. Esa estadística incluye de todo", dice Máximo Alberto Duque, director de la institución y principal responsable del nuevo Registro Único.  

Así funciona 

Duque explica que ya se invirtieron 1.300 millones de pesos con los que se comprará el hardware, el software y se pagará a los ingenieros que diseñarán el programa que será utilizado por inspecciones de Policía, fiscales, oficinas del DAS, etc.,RGIN: 0cm 0cm 0pt">Estatura: 1.71 metros.

Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

La Constitución de 1991, en su artículo 12, habla por primera vez del término: "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De inmediato, la presión de la comunidad internacional obligó a que, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se sancionara la Ley 589 de 2000 que tipificó este acto como delito de lesa humanidad. 

Durante los cinco años siguientes, el narcotráfico, el conflicto armado y la delincuencia común dispararon las cifras. En Guaviare, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó 440 casos en los últimos cuatro años. La situación en Barrancabermeja, entre 2000 y 2005, también es dramática: se conocieron aproximadamente 300 casos, y en Buenaventura se registró la desaparición forzada de 222 personas en el mismo lapso de tiempo.  

Medicina Legal, a donde llega buena parte de las denuncias, da cuenta de que en 2005 hubo 713 desaparecidos por diferentes causas. "La gente no se esfuma sólo por la situación de violencia. También porque tiene deudas y quiere perderse de sus acreedores, o porque está en la cárcel y no quiere que su familia o amigos sepan. Esa estadística incluye de todo", dice Máximo Alberto Duque, director de la institución y principal responsable del nuevo Registro Único.  

Así funciona 

Duque explica que ya se invirtieron 1.300 millones de pesos con los que se comprará el hardware, el software y se pagará a los ingenieros que diseñarán el programa que será utilizado por inspecciones de Policía, fiscales, oficinas del DAS, etc.,  en cualquier rincón del país. 

RGIN: 0cm 0cm 0pt">Estatura: 1.71 metros.

Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

La Constitución de 1991, en su artículo 12, habla por primera vez del término: "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De inmediato, la presión de la comunidad internacional obligó a que, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se sancionara la Ley 589 de 2000 que tipificó este acto como delito de lesa humanidad. 

Durante los cinco años siguientes, el narcotráfico, el conflicto armado y la delincuencia común dispararon las cifras. En Guaviare, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó 440 casos en los últimos cuatro años. La situación en Barrancabermeja, entre 2000 y 2005, también es dramática: se conocieron aproximadamente 300 casos, y en Buenaventura se registró la desaparición forzada de 222 personas en el mismo lapso de tiempo.  

Medicina Legal, a donde llega buena parte de las denuncias, da cuenta de que en 2005 hubo 713 desaparecidos por diferentes causas. "La gente no se esfuma sólo por la situación de violencia. También porque tiene deudas y quiere perderse de sus acreedores, o porque está en la cárcel y no quiere que su familia o amigos sepan. Esa estadística incluye de todo", dice Máximo Alberto Duque, director de la institución y principal responsable del nuevo Registro Único.  

Así funciona 

Duque explica que ya se invirtieron 1.300 millones de pesos con los que se comprará el hardware, el software y se pagará a los ingenieros que diseñarán el programa que será utilizado por inspecciones de Policía, fiscales, oficinas del DAS, etc.,  en cualquier rincón del país. 

En la actualidad, hay un formato unificado de diligenciamiento que tienen todas las autoridades para recibir las denuncias por desaparición. Esos archivos deberán ser entregados a Medicina Legal para digitalizarlos y cruzarlos entre sí, con el fin de descartar que una sola persona, de la que no se sabe su paradero, esté denunciada dos veces. Por eso será más fácil saber cuántos desaparecidos hay en realidad y, posiblemente, por qué motivos. 

RGIN: 0cm 0cm 0pt">Estatura: 1.71 metros.

Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

La Constitución de 1991, en su artículo 12, habla por primera vez del término: "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De inmediato, la presión de la comunidad internacional obligó a que, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se sancionara la Ley 589 de 2000 que tipificó este acto como delito de lesa humanidad. 

Durante los cinco años siguientes, el narcotráfico, el conflicto armado y la delincuencia común dispararon las cifras. En Guaviare, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó 440 casos en los últimos cuatro años. La situación en Barrancabermeja, entre 2000 y 2005, también es dramática: se conocieron aproximadamente 300 casos, y en Buenaventura se registró la desaparición forzada de 222 personas en el mismo lapso de tiempo.  

Medicina Legal, a donde llega buena parte de las denuncias, da cuenta de que en 2005 hubo 713 desaparecidos por diferentes causas. "La gente no se esfuma sólo por la situación de violencia. También porque tiene deudas y quiere perderse de sus acreedores, o porque está en la cárcel y no quiere que su familia o amigos sepan. Esa estadística incluye de todo", dice Máximo Alberto Duque, director de la institución y principal responsable del nuevo Registro Único.  

Así funciona 

Duque explica que ya se invirtieron 1.300 millones de pesos con los que se comprará el hardware, el software y se pagará a los ingenieros que diseñarán el programa que será utilizado por inspecciones de Policía, fiscales, oficinas del DAS, etc.,  en cualquier rincón del país. 

En la actualidad, hay un formato unificado de diligenciamiento que tienen todas las autoridades para recibir las denuncias por desaparición. Esos archivos deberán ser entregados a Medicina Legal para digitalizarlos y cruzarlos entre sí, con el fin de descartar que una sola persona, de la que no se sabe su paradero, esté denunciada dos veces. Por eso será más fácil saber cuántos desaparecidos hay en realidad y, posiblemente, por qué motivos. 

"Con el sistema no van a aparecer los del Palacio de Justicia, ni tampoco Carlos Castaño, ni los cadáveres que quedaron de masacres de paramilitares en el norte del país. Lo único que vamos a saber es, a ciencia cierta, cuántos son los que 'no existen' y los que van apareciendo", aclara Eduardo Realpe, director de Acciones Judiciales de laRGIN: 0cm 0cm 0pt">Estatura: 1.71 metros.

Cabello: No presenta.

Ojos: Indeterminado. 

Estas fueron las únicas características que Medicina Legal pudo registrar de un hombre, víctima de homicidio, que fue encontrado el 24 de septiembre de 2004, flotando en el río Magdalena, frente al muelle de la Sociedad Portuaria en Barranquilla. Sus restos estaban atados con esposas a otro cadáver de sexo masculino que tenía entre 32 y 38 años. De acuerdo con la necropsia, esta persona pudo haber muerto entre agosto y septiembre del mismo año. 

Para el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, este es el caso número 2-061-1-05. Hasta no tener certeza sobre su identidad, tendrá este código y será para la institución otro N.N. en Colombia. Pero su familia creerá que está desaparecido y, como tal, denunciará el caso para unirse a la lista de 1.054 colombianos de los que no se tiene noticia entre 1986 y 2004, según la ONU.  

Hoy no se sabe qué es más difícil: que sus familiares (si los tiene o si les interesa) encuentren e identifiquen el cuerpo de este hombre para sepultarlo, o que Medicina Legal encuentre a los dolientes a través de su página de Internet donde hay cuatro retratos suyos que podrían coincidir con su fisonomía real cuando estaba vivo, y con las características de su cuerpo cuando fue hallado muerto.  

Este cadáver, al igual que todos los desaparecidos en Colombia, se convirtió en un "encarte" para instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS, la Defensoría del Pueblo, al Fiscalía y la Procuraduría, a donde llegan toda clase de denuncias de personas que no se encuentran por ningún lado. Casos como éste pueden ser denunciados hasta dos y tres veces en diferentes organismos y por lo tanto, nadie sabe cuántos desaparecidos hay en Colombia. 

Esta fue la razón que motivó al Presidente Álvaro Uribe a firmar el pasado diciembre un decreto reglamentario que le da vía libre al Registro Único Nacional de Desaparecidos que hoy está en marcha. El esquema servirá para organizar una base de datos precisa y dejar de lado las grandes e inservibles listas desordenadas que están en manos de las autoridades. 

¿Dónde están? 

Sólo después de la II Guerra Mundial y por las dictaduras que América Latina vivió en países como Chile o Argentina, el drama de la desaparición comenzó a ser un tema público. En Colombia, hasta la década de los 90, el delito era investigado como secuestro y no era tan visible, salvo por algunos casos como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia o algunas masacres cometidas por autodefensas a comienzos de los ochenta. 

La Constitución de 1991, en su artículo 12, habla por primera vez del término: "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De inmediato, la presión de la comunidad internacional obligó a que, durante el Gobierno de Andrés Pastrana, se sancionara la Ley 589 de 2000 que tipificó este acto como delito de lesa humanidad. 

Durante los cinco años siguientes, el narcotráfico, el conflicto armado y la delincuencia común dispararon las cifras. En Guaviare, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó 440 casos en los últimos cuatro años. La situación en Barrancabermeja, entre 2000 y 2005, también es dramática: se conocieron aproximadamente 300 casos, y en Buenaventura se registró la desaparición forzada de 222 personas en el mismo lapso de tiempo.  

Medicina Legal, a donde llega buena parte de las denuncias, da cuenta de que en 2005 hubo 713 desaparecidos por diferentes causas. "La gente no se esfuma sólo por la situación de violencia. También porque tiene deudas y quiere perderse de sus acreedores, o porque está en la cárcel y no quiere que su familia o amigos sepan. Esa estadística incluye de todo", dice Máximo Alberto Duque, director de la institución y principal responsable del nuevo Registro Único.  

Así funciona 

Duque explica que ya se invirtieron 1.300 millones de pesos con los que se comprará el hardware, el software y se pagará a los ingenieros que diseñarán el programa que será utilizado por inspecciones de Policía, fiscales, oficinas del DAS, etc.,  en cualquier rincón del país. 

En la actualidad, hay un formato unificado de diligenciamiento que tienen todas las autoridades para recibir las denuncias por desaparición. Esos archivos deberán ser entregados a Medicina Legal para digitalizarlos y cruzarlos entre sí, con el fin de descartar que una sola persona, de la que no se sabe su paradero, esté denunciada dos veces. Por eso será más fácil saber cuántos desaparecidos hay en realidad y, posiblemente, por qué motivos. 

"Con el sistema no van a aparecer los del Palacio de Justicia, ni tampoco Carlos Castaño, ni los cadáveres que quedaron de masacres de paramilitares en el norte del país. Lo único que vamos a saber es, a ciencia cierta, cuántos son los que 'no existen' y los que van apareciendo", aclara Eduardo Realpe, director de Acciones Judiciales de la  Defensoría del Pueblo y miembro de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

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