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| 10/24/2006 12:00:00 AM

Nueve horas duró indagatoria a los tres congresistas sindicados por paramilitarismo

Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá dos semanas para evaluar las pruebas y determinar si dicta absolución o medida de aseguramiento a los dos senadores -Álvaro Alfonso García Romero y Jairo Enrique Merlano Fernández- y a un representante a la Cámara -Erik Julio Morris Taboada-.

Durante nueves horas los tres congresistas sindicados de tener nexos con los grupos paramilitares respondieron a los interrogantes de la Corte Suprema de Justicia. Fue una jornada extenuante en la que se les indagó sobre sus vínculos con estas organizaciones de extrema derecha autores de miles de crímenes y centenares de masacres cuyas víctimas en su mayoría era población civil desarmada.
 
Los dos senadores -Álvaro Alfonso García Romero y Jairo Enrique Merlano Fernández- y el representante a la Cámara -Erik Julio Morris Taboada- negaron cualquier relación con los paramilitares y expresaron su confianza en que demostrarán su inocencia.

Aunque optaron por evitar las cámaras de los periodistas, en sus fugaces apariciones se mostraron tranquilos. García Romero fue el único que se extendió durante varios minutos ante los micrófonos en los que reiteró su inocencia. Dijo que se le estaba sindicado de un hecho ocurrido hacía nueve años y en el cual no tenía nada que ver.
 
Con toda probabilidad se trata de una reunión documentada por varias organizaciones de derechos humanos que hubo en la finca Las Canarias, del departamento de Sucre, en el año 1997 y de propiedad de Joaquín García a quien las autoridades sindicaron de paramilitarismo.

En ese entonces uno de los escoltas de García era el ciudadano Jairo Antonio Castillo Peralta, quien luego se convirtió en un testigo protegido de la Fiscalía General de la Nación.

Hace un tiempo, en un debate en el Congreso, el senador Gustavo Petro del Polo Independiente Democrático, contó que Castillo Peralta confesó haber estado presente en esa reunión. Según su revelación, a la cita también asistieron, entre otros, el comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Salvatore Mancuso; Rudolf Panther (ciudadano alemán y quien en ese momento oficiaba de tesorero de los paramilitares en Sucre y quien luego fue asesinado); el senador García Romero, Salamón Feris Chadid (alias 08), Salvador Arana Sus, el paramilitar Diego Vecino, un mayor Barrero, un mayor Parra de la Sijin y el comandante de la Policía de Sucre del momento Enciso Barón.

Los asistentes a esta cumbre decidieron ejecutar la masacre de Macayepo, a finales del 2000. Se trató de un baño de sangre en el que los paramilitares asesinaron a garrote y piedra a 20 campesinos en ese corregimiento de Sucre.
 
La defensa de García
 
Este martes, García negó ante la Corte la acusación y manifestó no extrañarle que esta proviniera de Petro porque este era un hombre que desconfiaba “del Procurador, del fiscal, del congreso, de todo el mundo”.

La indagatoria de García fue la más larga. Él, al igual que los otros dos congresistas inició su defensa a las 8 de la mañana. Estuvieron respondiendo hasta la una de la tarde. Hubo un receso para almorzar y luego reiniciaron la sesión a las dos de la tarde. La de este senador perteneciente al Movimiento Colombia Democrática se prolongó hasta entrada la noche y se reanudará este miércoles.

Entre tanto, la indagatoria a Merlano Fernández -vice presidente de la Comisión Séptima y miembro del Partido de la U- y el representante Morris Taboada, presidente de la comisión IV de dicha corporación y militante de Colombia Democrática- concluyó a la media tarde. Ambos, sin embargo, fueron más esquivos con los medios de comunicación y en el receso optaron por eludir las cámaras haciendo su ingreso a la sala por los parqueaderos.

Los tres congresistas no presentaron su declaración en conjuntos, sino que lo hicieron en salas individuales y ante cinco magistrados auxiliares. Estos recogerán más pruebas ahora y las entregarán en varios expedientes a los magistrados de la Sala Penal. En dos semanas, la corporación dictaminará si precluye el caso y los deja en libertad o, si por el contrario, les dicta medida de aseguramiento.

Con la jornada de este martes arrancó un proceso histórico en el que la justicia intentará demostrar los nexos de la clase política con los grupos de autodefensa de extrema derecha.

El llamado de la Corte se hizo, según la información que figura en los expedientes, porque hay nexos de los tres políticos que pasan desde la financiación hasta el apoyo ideológico para conformar estas organizaciones de extrema derecha responsables de buena parte de las masacres y crímenes que han sacudido al país en las dos últimas décadas.

Los tres políticos llegaron esta mañana con sus equipos de abogados al corazón por excelencia de la justicia en Colombia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, para responder ante los requerimientos judiciales.

Los tres congresistas manifestaron estar tranquilos y argumentaron que demostrarán su inocencia en este proceso porque en su concepto están ahora en el ojo del huracán debido a versiones de sus enemigos políticos en sus regiones de origen.

Sin embargo, los jueces naturales de los congresistas consideran que tienen pruebas sólidas para haberlos llamado. Todas éstas de una u otra forma relacionadas con el entramado que se ha revelado del computador de ‘Jorge 40’ -uno de los paras más duros en la estructura de las AUC y sindicado de centenares de crímenes-. En el PC de este hombre que hoy se encuentra recluido en La Ceja, Antioquia, se han encontrado los nexos de los paras con un sector de la clase política, los gremios y las Fuerzas Armadas de la Costa Caribe.

En el computador hay datos precisos - revelados en detalle y en exclusiva por la revista SEMANA desde comienzos de septiembre- de un nuevo proyecto de los paras para tomarse el poder regional en la medida en el que anunciaban públicamente su proceso de desmovilización.

La indagatoria a los tres congresistas marca un punto de inflexión en este escándalo pues son los tres políticos de mayor rango. Hace dos semanas se había capturado a cuatro diputados del departamento de Sucre. Luego se conoció que la Fiscalía envió información a la Corte para que investigara a otros congresistas: Dieb Maloof, Zulema Jattin y David Char lo que llevó al Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, a sentenciar: “El país está ante un nuevo proceso 8.000”.
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